La dirección de Tragsa ha comunicado a los sindicatos la ejecución inmediata del mayor despido colectivo presentado en una empresa pública en España. Anulado por la Audiencia Nacional en 2014 pero ratificado en su legalidad por el Tribunal Supremo (TS) el pasado noviembre, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del grupo afectará a un máximo de 1.336 trabajadores. Las primeras cartas de despido las recibirán este miércoles los 300 empleados que fueron despedidos a comienzos de 2014, hasta que el ERE fue anulado por la Audiencia Nacional en abril, y luego readmitidos en cumplimiento de esa sentencia. La empresa continuará después despidiendo hasta el 31 de enero.
Según un informe que Tragsa encargó a la Abogacía del Estado para acomodar la ejecución del ERE a los términos de la sentencia del Supremo, ésta no les obliga a negociar con los comités de empresa los despidos. Así, el número máximo seguirá siendo de 726 en la matriz y otros 610 en la filial, Tragsatec. Aunque la dirección anunció que “modulará” la cifra “en función de las actuales circunstancias productivas, económicas y organizativas”.
Porque el grupo público, especializado en trabajos medioambientales, de desarrollo rural, ingeniería y gestión de recursos naturales, espera cerrar el ejercicio con unos beneficios totales de 3,5 millones de euros, dos millones en la matriz y 1,5 millones en la filial, Tragsatec. Es decir, en una situación muy distinta de la que tenía a finales de 2013, cuando presentó el ERE que ahora ejecuta. Tragsa entró en pérdidas por primera vez en su historia ese año –27 millones de euros–.En 2014 duplicó esos números rojos –45 millones–. Pero este año volverá ya a cifras positivas, tras aumentar su volumen de negocio un 41,2% respecto a 2014. La cartera de pedidos de Tragsa –494,1 millones de euros– ha mejorado un 21,6% en el último año y la de Tragsatec –207,2 millones–, un 28,4%.
Pese a la mejora de sus resultados y a la petición de los sindicatos, la empresa no sólo se ha negado a negociar y a rebajar la cifra de despedidos, sino que, además, se ha apresurado a ejecutar el ERE antes de terminar el ejercicio. Según fuentes sindicales, la dirección de Tragsa aseguró en la reunión que sería una “irresponsabilidad con el dinero del contribuyente” no acometer los despidos tras haber obtenido una sentencia en el Supremo que los avala. En un comunicado, el grupo público alega que “siempre estuvo abierto a la negociación” y que fueron los comités de empresa quienes rechazaron el pasado mes de junio un plan de viabilidad a cinco años “con medidas voluntarias y no traumáticas”. A cambio, la empresa pidió a los sindicatos que renunciaran a una sentencia del Supremo que podía ratificar la nulidad ya declarada por la Audiencia Nacional.
Por su parte, los representantes de CCOO en Tragsatec responden que la empresa nunca les presentó dicho plan, sólo a la matriz, y que fue la empresa la que rechazó todas las propuestas, con alternativas a los despidos, que los trabajadores le han presentado “antes, durante y después de la sentencia del Tribunal Supremo”.
Contratar como temporales a los despedidos
En su comunicado, Tragsa culpa al “retraso de dos años” en la aplicación de los despidos “debido al proceso judicial” del aumento de las “ineficiencias productivas y organizativas” del grupo, “provocando una situación de pérdidas que la ejecución de la sentencia permite resolver”. El sindicato CSI-F, por el contrario, considera que el objetivo real de los despidos es “recortar los gastos de personal despidiendo indefinidos y sustituyéndolos por eventuales”. La dirección de Tragsa asegura que el informe de la Abogacía del Estado les permite contratar temporales al mismo tiempo que ejecuta los despidos, e incluso contratar como temporales a los mismos trabajadores que acaba de despedir, explica el responsable de CSI-F en Tragsa, Rafael Fernández.
Se trata de una práctica habitual en la empresa. Sólo este año, Tragsa ha aumentado el número de sus trabajadores temporales en 1.155 personas, lo que se ha traducido en un alza del 42,2% en ese capítulo del gasto de personal. Por el contrario, ha recortado en 137 empleados su plantilla fija. Tragsa cuenta con un total de 11.497 trabajadores, de los cuales 4.330 son temporales.
Huelga el 12 de enero
El Gobierno valenciano privatiza un servicio contratado con Tragsa tras convertirse en su accionista
Una vez agotadas las vías legales, los trabajadores de Tragsatec están convocados a la huelga el próximo 12 de enero. Además, CCOO peleará por reducir los despidos en cada una de las unidades territoriales del grupo, advierte la responsable del sindicato en la filial, Carmen Torrente.
Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Tragsa tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio con un 9,9%, y el resto del capital repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “medio instrumental” de las administraciones públicas, que son sus únicos clientes. Trabaja con ellas mediante encomiendas de gestión, un instrumento polémico porque no media licitación pública alguna. Tragsa cobra según unas tarifas prefijadas y no puede rechazar ninguno de los encargos que se le hagan.
La Administración central es la responsable del 61% de las encomiendas que recibe Tragsatec y del 46% que recibe la matriz. El principal cliente de ambas es el Ministerio de Agricultura. Las comunidades autónomas le encargan a Tragsa el 40% de sus trabajos y el 35% a Tragsatec. Andalucía, Extremadura, Galicia y las dos Castillas son sus mayores contratadores.
La dirección de Tragsa ha comunicado a los sindicatos la ejecución inmediata del mayor despido colectivo presentado en una empresa pública en España. Anulado por la Audiencia Nacional en 2014 pero ratificado en su legalidad por el Tribunal Supremo (TS) el pasado noviembre, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del grupo afectará a un máximo de 1.336 trabajadores. Las primeras cartas de despido las recibirán este miércoles los 300 empleados que fueron despedidos a comienzos de 2014, hasta que el ERE fue anulado por la Audiencia Nacional en abril, y luego readmitidos en cumplimiento de esa sentencia. La empresa continuará después despidiendo hasta el 31 de enero.