El proyecto de Ley de Presupuestos que el Gobierno presentará al Congreso el próximo lunes, tras haberlo aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, prevé una recaudación fiscal récord de 227.356 millones de euros, la mayor de la historia de España. Superará en un 9,5% –19.746 millones– la del ejercicio anterior, con la idea de conjugar consolidación fiscal y gasto público para conseguir un “modelo de crecimiento más inclusivo, inteligente y sostenible”, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Esos ingresos tributarios serán, a su vez, el resultado de unos abultados aumentos de la recaudación en todos los impuestos. Sobre todo, en el Impuesto sobre Sociedades, que subirá un 14,1% respecto a la cifra ingresada en 2018. Si los cálculos del Gobierno aciertan, Hacienda recaudará este año 27.569 millones de euros gracias principalmente a las medidas para elevar la tributación de las empresas: 1.776 millones corresponderán al tipo mínimo del 15% para las compañías que facturen más de 20 millones de euros –18% para los bancos y las petroleras– y la reducción del 100% al 95% de las exenciones sobre dividendos y plusvalías de filiales extranjeras. Pero también gracias a los dos nuevos impuestos que el Ejecutivo pretende aprobar, la tasa Google, que gravará determinados servicios digitales –1.200 millones de euros–, y el de transacciones financieras –850 millones de euros–.
María Jesús Montero cree que los mejores ingresos son posibles gracias a que aumentarán las bases imponibles; es decir, crecerán los beneficios corporativos. Ya en 2017 las empresas recuperaron los resultados de 10 años antes, los previos a la crisis, cuando ganaron 218.019 millones de euros. Pero no ha tenido tanta suerte la recaudación del impuesto que grava sus beneficios. De hecho, en 2007 los ingresos del impuesto sobre sociedades ascendieron a 44.823 millones de euros, mientras que en 2017 el fisco sólo cobró 23.143 millones, un 48% menos. Para 2018 el anterior Gobierno presupuestó una recaudación de 24.258 millones de euros, un 4,8% más que lo ingresado en 2017. Aunque las empresas pagarán este año 3.311 millones más por las nuevas medidas fiscales, su contribución al fisco seguirá 17.254 millones de euros por debajo de la que hicieron 12 años antes pese a que su nivel de beneficios será ya superior.
La CEOE ha criticado por “excesivo” ese aumento de la recaudación puesto que “recae, sobre todo, en el sector empresarial”, advierte. Además, pone en duda que vaya a producirse el alza en las bases imponibles de la que habla el Gobierno debido a la “desaceleración” de la economía que se adivina para este año.
Por el contrario, la ministra de Economía, Nadia Calviño, defiende que no sólo la caída del precio del petróleo sino también el aumento de la renta disponible de las familias, producto de la subida del salario mínimo, las pensiones y los sueldos públicos, así como de la devolución del IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad, permitirán impulsar el consumo y “mantener la demanda nacional como el principal motor del crecimiento. Aun así, el Gobierno ha reducido una décima su previsión de mejora del PIB para este año, dejándolo en el 2,2%, respecto a su anterior cálculo del mes de octubre. Calviño apuntó que, si no hubiera tenido que hacer el ajuste fiscal al que le obliga la senda de déficit del 1,3% –en lugar del 1,8% que no fue aprobado por el Congreso en julio–, su previsión de crecimiento del PIB habría resultado incluso al alza respecto a la previsión de hace tres meses.
5.654 millones de euros adicionales
Así, el Ejecutivo calcula un aumento de la recaudación del IRPF del 4,9%, hasta 86.454 millones de euros, gracias a la subida de dos puntos a quienes cobren más de 130.000 euros al año y de cuatro puntos para las rentas superiores a 300.000 euros, además de otros cuatros puntos de alza para las rentas del capital por encima de 400.000 euros. Los ingresos por el IVA crecerán un 11,7%, hasta 78.307 millones, y los impuestos especiales –tabaco, alcohol, hidrocarburos– otro 11,8%, para conseguir 23.057 millones de euros.
En total, Hacienda prevé recaudar 5.654 millones de euros gracias a los nuevos impuestos y las subidas en sociedades e IRPF. Como tanto el gravamen sobre las transacciones financieras como la tasa Google están aún pendientes de tramitación parlamentaria y su entrada en vigor se retrasará, Montero ha echado mano del “colchón”, según dijo, de 5.000 millones de euros que le proporciona la implantación del nuevo sistema de gestión del IVA (Suministro de Información Inmediata), “un decimotercero mes” de recaudación arrastrado del ejercicio anterior, cuando se ingresaron sólo 11 meses del impuesto.
En cualquier caso, Nadia Calviño dejó claro que “no sería deseable desde el punto de vista económico” que no se aprobasen estos Presupuestos: supondría un aumento del déficit público al faltar la cuantía necesaria de ingresos. Además, la ratificación de las Cuentas del Estado “reforzaría la confianza de los mercados internacionales en España”, lo que a su vez proporcionaría al país mejores condiciones de financiación, apuntó.
Un 6% para pensiones y un 4% para prestaciones de paro
Apoyado, por tanto, en ese nivel de ingresos, el Gobierno ha aumentado “todas las partidas de gasto menos la de gastos financieros”, que ha caído un 0,5%, presumió la ministra de Hacienda. El gasto social, que se elevará a 196.911 millones de euros, equivale al 57,3% del Presupuesto y es “uno de los más altos de la historia” de España, abundó Montero. De todas las partidas, la más cuantiosa es la dedicada al pago de las pensiones, que supone el 42,1% del gasto: 153.864 millones de euros. Ha crecido un 6,2% como consecuencia no sólo del aumento del número de pensionistas y de la mayor cuantía de sus prestaciones –lo que ocurre cada año–, sino también de la subida del 1,6% de las pensiones contributivas y del 3% de las mínimas, además del alza de la base reguladora de las pensiones de viudedad.
Igualmente mejorará el capítulo destinado a pagar las prestaciones de desempleo, un 4%. Su importe ascenderá a 18.402 millones de euros, pese a que el número de parados bajará entre 2018 y 2019 en 800.000 personas, según adelantó Nadia Calviño. Aun así, el Gobierno ha empeorado su previsión de tasa de paro para este ejercicio, que en octubre había calculado en el 13,8% y ahora eleva al 14% –2018 terminó con el 15,5%–. Las políticas de fomento del empleo (formación y reorientación profesional) crecerán un 4,7%, hasta 5.985 millones. El Gobierno ha incluido en los Presupuestos también la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, que el anterior Ejecutivo había restringido a quienes superan los 55 años, además de endurecer los requisitos para tener derecho a la ayuda. La ministra Montero aseguró que de la medida se beneficiarán 114.000 desempleados.
Las ayudas a la dependencia sumarán 2.232 millones de euros, tras disfrutar del mayor aumento del Presupuesto, un 59,3%. Montero presumió de Cuentas sociales enumerando el 10% que subirá la partida para becas y el 5,9% el gasto en educación. Pero también destacó el 14,6% que crecerá el presupuesto de inversiones.
Deuda pública en el 95,4% del PIB
Las sorpresas que esconde el reparto de la inversión pública por comunidades autónomas
El Ejecutivo ha actualizado igualmente el cuadro macroeconómico para este año. Y no sólo reduciendo una décima su previsión de crecimiento del PIB. También ha rebajado en la misma proporción su cálculo para la deuda pública en 2018, que deja en un 96,9% del PIB, y que mejorará punto y medio este año, para quedarse en el 95,4%.
Este mismo viernes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avaló el escenario macroeconómico calificándolo de “prudente en su conjunto”. Además, considera “razonable” la composición del crecimiento diseñada por el Gobierno, que sustenta en una contribución de la demanda interna (2,2%) “condicionada por la inversión, tanto productiva como en construcción”, y en una aportación “ligeramente negativa” (-0,1%) del sector exterior.
Según avanzó la ministra de Hacienda, el debate a la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos se celebrará el 12 de febrero. Hasta esa fecha, los ministros comparecerán en las correspondientes comisiones parlamentarias para exponer los planes de sus departamentos y los grupos presentarán sus enmiendas. Para aprobar las Cuentas del Estado, el Gobierno necesita conseguir el apoyo de Podemos, PDeCAT, ERC, PNV y Compromís.
El proyecto de Ley de Presupuestos que el Gobierno presentará al Congreso el próximo lunes, tras haberlo aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, prevé una recaudación fiscal récord de 227.356 millones de euros, la mayor de la historia de España. Superará en un 9,5% –19.746 millones– la del ejercicio anterior, con la idea de conjugar consolidación fiscal y gasto público para conseguir un “modelo de crecimiento más inclusivo, inteligente y sostenible”, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.