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Tras cuatro días seguidos con el precio de la electricidad batiendo récords en España, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha venido a explicar por qué el Gobierno puede hacer entre muy poco y nada a corto plazo. "Podemos intentar convencer a Putin para que bombee más gas al mercado europeo o a la Comisión Europea para que desarrolle una política intervencionista", ha ironizado Ribera este jueves en la Cadena Ser. Sin embargo, con relación a la energía hidroeléctrica, que estos días está marcando el precio final en el mercado mayorista (pool) y, por tanto, siendo una de las responsables hayan llegado al techo histórico de 115,83 euros/MWh, la vicepresidenta aportó novedades. Ribera habló de la "modificación de las reglas de mercado, de generación" y de disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de "una concesional distinta" o una "empresa pública".
La mera mención de una empresa pública satisfizo a los socios de Gobierno de Unidas Podemos en plena ola de calor y con el precio de la electricidad desbocado para muchos hogares. "Es una buena noticia", dijeron los morados. El Gobierno ya ha reducido el IVA de la factura de la luz y plantea un recorte en parte de los beneficios caídos del cielo, primas que reciben Naturgy, Iberdrola o Endesa. Y ni con esas. Esta vez, la posibilidad de una empresa con participación total o parcial del Estado no ha despertado graves acusaciones de parte de la oposición -con Venezuela como telón de fondo-, quizá porque cada vez más prestigiosos organismos como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) las identifican como "actores muy importantes" para "financiar la transición de bajas emisiones".
Y es que en los últimos años a lo largo de diferentes documentos de trabajo, la organización de 38 miembros y sede en París fundada en 1961 valora cada vez más el papel de las compañías participadas en su totalidad o en parte por los gobiernos (SOE, en inglés: state owned enterprise). Las SOE son tendencia: de acuerdo con un documento fechado en junio de 2020, la OCDE establece que las compañías con intervención estatal generaban el 61% de la capacidad eléctrica en 2016 y el 52% de los proyectos en ejecución. "Los países ricos en recursos normalmente recurren a las empresas estatales para mantener cierto grado de control sobre la extracción y producción de recursos naturales", destaca el borrador. El texto afirma que "cada vez" hay "más evidencias empíricas" de que las empresas públicas tienen "un impacto positivo" para la inversión "en [energías] renovables", claves para abaratar la factura del hogar.
Otro informe de la OCDE de 2018 ilustra la importancia de las empresas controladas por los estados, y revela que, en Europa, el caso español es más bien una anomalía. 33 de las 51 empresas más grandes del mundo tienen una gestión pública o semi-pública. Muchas pertenecen a los BRIC y a países exportadores (México, Venezuela, Rusia), pero otras están en Canadá (Hydro Québec), Francia (EDF, Engie), Italia (Enel) o Suecia (Vattenfall). También TVA, una agencia pública de energía de Tennessee fundada por Franklin D. Roosevelt en tiempos del New Deal. China es la que más compañías tiene en la clasificación. Entre las 51 más grandes que son totalmente privadas están la alemana E.ON, pero también Iberdrola, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, permanece imputado por el Caso Villarejo.
En Europa y en el mundo occidental hay más empresas públicas de las que salen en la tabla. Synergy (Australia), Repower Group (Suiza), Verbund (Austria), IEC (Israel)... En otro documento que también pertenece a 2018, la OCDE se lanzaba a alabar la gestión por parte de los estados. "Las empresas estatales del sector energético son las principales emisoras de gases de efecto invernadero. Pero nuevas investigaciones muestran que estas empresas son las que impulsan el crecimiento de energías renovables, sobre todo en el sector eléctrico".
Este último informe muestra a España como el segundo país de 50 -incluyendo los 38 de la OCDE y otros como Indonesia, Arabia Saudí, Sudáfrica o Rusia- con menor participación pública en las empresas de energía, solo por delante de Portugal. La media de la OCDE es que los estados participen en un 40% del accionariado de las distintas compañías, porcentaje que en España cae por debajo del 5%.
"Tener un 'pack' de abogados"
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"En los ochenta España no perdió el control de la gestión enertética: se privatizó el capital, se dio entrada a accionistas privados, se modernizaron las empresas pero el Estado predominaba en el Consejo de Administración", recuerda el economista y ex presidente de Red Eléctrica Española, Jorge Fabra Utray. "Aznar privatizó del todo la participación del Estado. Al perder Endesa, por ejemplo, se perdió el control de la hidrolectricidad, dando paso a un mercado mal diseñado". Endesa terminó siendo adquirida por Enel, controlada por el estado italiano. Hasta hoy.
Así, recuerda Fabra Utray, "se perdió información sobre cómo se generaban los costes". "El coste que estamos teniendo de la electricidad exige distinguir entre el coste de la energía y el coste de otras cosas, como la distribución, el transporte de sistemas interpeninsulares, el coste del déficit tarifario, etcétera Son costes fijos que no se han movido. Lo que ha subido es el coste de la energía". Este experto, fundador de Economistas Frente a la Crisis, no tiene sentido que el Gobierno se ponga a rescatar concesiones hidroeléctricas. "Lo tendría más si se acumulan dichas concesiones en una empresa pública. Pero no es una solución inmediata".
Álvaro del Río, ex director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), una empresa pública "no es ni bueno ni malo". "Que el estado sea propietario de los embalses es irrelevante y habría que pagar por la expropiación", dice. Sin embargo, matiza. "Lo que yo sí creo es que la gestión de las instalaciones hidraúlicas debía estar integrada en una perspectiva de beneficiar al sistema, no al propietario. La energía hidráulica es lo suficientemente flexible y manejable para ser gestionada de manera centralizada, utilizando los recursos en beneficio del sistema. ¿Retribuir al propietario? Lo entiendo. Pero no utilizar esa energía para multiplicar los beneficios que se obtienen de vender electricidad". Finalmente, Del Río cree que para conseguir lo anterior "hace falta tener un pack de abogados y gabinetes jurídicos potentes para meterse en una aventura con buenos resultados. Es difícil crear una entidad que absorba cosas".
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