La reforma laboral pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal consolida como un mecanismo permanente de protección del empleo los ERTE, que se han erigido en el elemento diferencial de esta última crisis económica respecto a las anteriores, por lo menos en lo que al mercado de trabajo se refiere. Ya sólo quedan 84.000 trabajadores amparados bajo estos esquemas públicos, de los 3,6 millones que llegaron a estar acogidos en lo peor de la pandemia, en mayo de 2020. Gracias a las prestaciones públicas para los asalariados y a la rebaja de cotizaciones para las empresas, la tasa de paro se ha contenido en el 14,57%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre. En el primer trimestre de 2013, en el punto más negro de la crisis financiera, España rozó el 27%.
“Es la primera vez que hemos gestionado una crisis sin dejar a las empresas y sin despidos masivos”, se congratuló la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un foro el pasado mes de octubre. Entonces cifró en más de medio millón las empresas que se habían salvado gracias a los ERTE y se comprometió a transformarlos en mecanismos “estructurales”, que aquellas podrán utilizar “cuando sufran crisis coyunturales”.
Los ERTE ya existían antes del covid-19 –no sólo en España, sino también en el resto de los países de la UE– pero su utilización e impacto habían sido hasta entonces limitados. De hecho, cuando las empresas sufrían problemas, la solución (española) inmediata era recortar plantilla deshaciéndose de los empleados temporales. Entre 2007 y 2011, en España se quedaron sin trabajo 1,44 millones de trabajadores eventuales, según un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la patronal de grandes empresas de trabajo temporal (Agett). Esa cifra representa el 90% del empleo temporal destruido en toda la UE en esos años. Como se sabe, la tasa de temporalidad española es la segunda más elevada de la UE, sólo superada por Polonia: el 26% también según la última EPA. Cada mes, el 90% de los contratos que se firman tienen una duración determinada. Una dinámica que no ha variado desde que en 1984 se permitió el uso del contrato temporal como “medida de fomento del empleo”, desligándolo de una causa –repuntes de producción o demanda–.
Pues bien, según un estudio recién publicado por Victoria Osuna y José Ignacio García Pérez, profesores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, sin ERTE la tasa de paro en España se habría disparado hasta casi el 42%. Es más, los ERTE han sido especialmente efectivos a la hora de frenar la destrucción de empleo temporal, hasta ahora el primer pagano de cualquier crisis económica.
Pese a que la cifra del 42% puede parecer brutal, Osuna y García Rey destacan que es similar a la que calculan los investigadores de Fedea Juan José Dolado, Florentino Felgueroso y Juan Francisco Jimeno utilizando el mismo método que emplea la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU para medir la infrautilización de la mano de obra: un 40,6% en el segundo trimestre de 2020. La cifra resulta de añadir a los desempleados, tanto los trabajadores en ERTE como los inactivos dispuestos a trabajar pero que no buscan empleo.
Tomando como base la EPA, los registros del Servicio Público de Empleo (SEPE) y la Muestra Continua de Vidas Laborales, Osuna y García Pérez calculan los efectos que los ERTE han tenido en el mercado de trabajo español en tres momentos distintos. El primero, durante la fase inicial de la crisis financiera (2008), cuando apenas se utilizaron y el recorte de plantillas se llevó a cabo eliminando empleados temporales. El segundo, en los años 2012 y 2013, cuando el PP suprimió la autorización administrativa para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), incluidos los de suspensión de contrato y reducción de jornada –los ERTE–, y rebajó un 50% las cotizaciones a las empresas pero sólo durante un plazo muy limitado: 240 días. El tercero, en 2020 y 2021, cuando se construyó el esquema actualmente en vigor para combatir el covid.
En la fase con mayores restricciones, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzaban el 75% y el 85% dependiendo del tamaño de la empresa, pero podían ser incluso del 90% y el 100% en los llamados ERTE de impedimento. Según se iba recuperando la actividad, se redujeron también los descuentos en las cotizaciones, en algunos casos hasta el 60%. Desde el pasado mes de noviembre, las empresas de más de 10 trabajadores pagan un 80% menos a la Seguridad Social si imparten formación a la plantilla en ERTE y un 40% menos si no lo hacen. Para las empresas de hasta 10 empleados, el descuento es del 80% si imparten formación y del 50% si no lo hacen. Los ERTE de impedimento siguen con un 100% de exoneración.
Protección para los trabajadores temporales
El resultado de los cálculos de Osuna y García Rey es una aproximación a los efectos de los ERTE en esos tres momentos. Así, con los ERTE de la pandemia sólo se destruyó un 8,9% del empleo temporal en el inicio de la pandemia y un 13,6% en la fase de recuperación, mientras que en el primer escenario –sin protección pública–, la sangría fue del 33,3%. Con el más tímido esquema puesto en práctica en 2012 y 2013, la caída del empleo temporal fue del 22,1%, menor que en 2008 pero entre ocho y 13 puntos mayor que durante el azote del covid.
Es decir, España ha conseguido con los ERTE el mismo efecto amortiguador sobre el empleo que permitió el Kurzarbeit en Alemania una década antes. Entonces, 1,5 millones de trabajadores alemanes se acogieron a este mecanismo y la tasa de paro no superó el 8%. Costó al Estado alemán 5.100 millones de euros.
Además, los autores aseguran que los ERTE han ayudado también a reducir la segmentación del mercado de trabajo, porque permite a los asalariados aumentar su antigüedad. En el escenario similar a 2008, sin la protección de los ERTE, el número de quienes llevaban tres años con contratos temporales –y podían aspirar, por tanto, a un contrato indefinido– y perdían su trabajo se disparó del 16,1% al 58,5%. Con los ERTE del covid, su número cayó al 5,2% en 2020 y al 4,7% en 2021.
Los ERTE de la pandemia permitieron frenar el paro hasta una tasa que el estudio sitúa en el 19,4%, por encima de la tasa oficial de la EPA, del 14,57%, como queda dicho más arriba. En esa tasa más elevada los autores sugieren que debe incluirse también a los inactivos y a quienes se declaran dispuestos a trabajar.
Con el esquema de 2012 y 2013, menos subsidiado, la tasa de paro subió hasta el 29% y sobre todo se cebó en aquellos trabajadores fijos con menos cualificación y menos antigüedad.
“Estos mecanismos de flexibilidad interna”, resumen Osuna y García Rey, “implican un menor desempleo, menores tasas de destrucción de empleo agregado y temporal y una distribución de la antigüedad más suave”. Pero también tienen sus ineficiencias, al incentivar que las empresas mantengan en nómina a trabajadores "pocos productivos" y que, sin esos descuentos de cuotas, habrían sido despedidos. Cuanto más generosa la exoneración, mayor es el efecto de peso muerto. En la primera fase de los ERTE del covid, casi un tercio del ajuste se hizo mediante suspensión de contratos, que bajó al 25% en la fase con menor protección, pero que cayó hasta el 17% con los ERTE menos subsidiados de 2012 y 2013.
Pérdida de rentas e impacto en las cuentas públicas
Para los profesores de la Pablo de Olavide, un esquema como el implantado esos dos años es menos dañino desde el punto de vista fiscal, pero a costa de una mayor tasa de desempleo. La elección entre un modelo u otro dependerá, dicen, de las prioridades políticas del Gobierno, o de la capacidad de presión de los sindicatos y las patronales de empresarios. A juicio de los autores, mecanismos de protección del empleo como los ERTE, acompañados de “subvenciones moderadas” de las cotizaciones a la Seguridad Social, pueden ser “un instrumento adecuado para amortiguar el impacto de shocks de demanda transitorios e imprevistos, siempre que no exijan la recolocación profesional o sectorial de los trabajadores”. Por el contrario, mantener por mucho tiempo una situación que denominan "dopaje económico" del mercado de trabajo no lo consideran "sostenible ni desde el punto de vista fiscal ni desde el punto de vista de la eficiencia económica", porque se retrasan "ajustes sectoriales y ocupacionales quizás ya necesarios antes de la crisis".
El abuso del empleo temporal hunde la productividad de los trabajos cualificados el doble que la de los más elementales
Pero impactan más en las cuentas públicas. Porque permiten mantener a más trabajadores en nómina que, sin embargo, trabajan menos horas. Además, el coste de las prestaciones pagadas a los trabajadores en ERTE y de las cotizaciones que la Seguridad Social deja de ingresar es mayor en los mecanismos implantados durante la pandemia que en el menos generoso de 2012 y 2013. Aunque también han supuesto un ahorro considerable en prestaciones y subsidios de desempleo, cuya factura se disparó en 2008 y 2009, y fue también considerable en 2012 y 2013.
En cualquier caso, el estudio calcula que el 55% de los trabajadores sufrieron en sus ingresos alguna de estas crisis. Sólo un 8% los aumentaron en 2008 y menos de un 3% en la crisis del covid. En la aproximación al primer momento de la crisis financiera, sin ERTE, los desempleados son quienes más renta pierden, una media de 2.788 euros al año. Pero también fue entonces cuando tanto trabajadores temporales como fijos resultaron más perjudicados en sus ingresos comparados con las crisis posteriores.
Por el contrario, con los ERTE del covid, son los indefinidos quienes pierden menos renta: 1.867 euros anuales con el primer esquema de mayor protección y 2.083 euros con el segundo, menos generoso. Entre los pocos que mejoran sus ingresos en el escenario covid, un 2,7%, son los parados el grupo más numeroso –un 5,4%–, y los que mayor ganancia obtienen respecto a temporales y fijos, aunque la cantidad es mínima, 383 euros anuales. Sobre todo teniendo en cuenta que casi el 70% de ellos pierde renta, una media de 2.679 euros anuales incluso disfrutando de la protección de los ERTE.
La reforma laboral pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal consolida como un mecanismo permanente de protección del empleo los ERTE, que se han erigido en el elemento diferencial de esta última crisis económica respecto a las anteriores, por lo menos en lo que al mercado de trabajo se refiere. Ya sólo quedan 84.000 trabajadores amparados bajo estos esquemas públicos, de los 3,6 millones que llegaron a estar acogidos en lo peor de la pandemia, en mayo de 2020. Gracias a las prestaciones públicas para los asalariados y a la rebaja de cotizaciones para las empresas, la tasa de paro se ha contenido en el 14,57%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre. En el primer trimestre de 2013, en el punto más negro de la crisis financiera, España rozó el 27%.