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El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha reconocido este miércoles 3 de octubre ante el Congreso de los Diputados que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no llegará este año a 850.000 beneficiarios "ni de lejos", cifra que se preveía alcanzar cuando se puso en marcha esta renta de emergencia para combatir los efectos de la pandemia para la población en riesgo de pobreza. El IMV ha recibido más de 1,2 millones de solicitudes y se ha concedido solo a 160.000 hogares, menos del 20% de los peticionarios.
Un auténtico fiasco debido a la burocracia interpuesta por el ministerio para gestionar las peticiones del ingreso creado el pasado 29 de mayo y que ahora el equipo de José Luis Escrivá trata de paliar. Según ha podido saber infoLibre, Inclusión y Seguridad Social ha creado una pasarela que pretende acordar con cada una de las comunidades autónomas para que quienes ya cobraban una Renta Mínima de Inserción (RMI) por parte de los servicios sociales autonómicos pasen automáticamente a percibir el IMV.
En España había exactamente antes de la creación del IMV 297.183 personas perceptores de rentas mínimas en 2019, de acuerdo con el Informe de Rentas Mínimas de Inserción relativo al año pasado y publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es decir, casi 300.000 receptores de RMI que vienen a ser prácticamente el doble que la de personas a las que les ha sido concedido el IMV.
El Gobierno de hecho ya ha acordado una de estas pasarelas, concretamente con la Comunidad de Aragón. "Hemos estado hablando con las comunidades y trabajando para poder reconocer rentas autonómicas a través de procesos automatizados", explican fuentes del ministerio. "En este momento, ya se está haciendo con Aragón, la primera región que nos ha enviado sus ficheros contrastados".
"Casi una prueba piloto"
El procedimiento con el Gobierno aragonés ha funcionado, insisten en el ministerio, de "forma satisfactoria" y se espera que a todos los beneficiarios de la renta autonómica en Aragón –y tras verificar si reúnen los requisitos para el IMV– se les reconozca el ingreso "en las próximas semanas". "Esperamos que tras esta transferencia exitosa, que podríamos considerar casi una prueba piloto, sean muchas las autonomías que nos envíen archivos para poder realizar la operación".
La posibilidad de crear una pasarela para automatizar los datos ya se recogía en el Real Decreto Ley 20/2020 del 29 de mayo, en la disposición transitoria primera. Según este RDL, "las comunidades autónomas, si han obtenido la conformidad para la remisión de los datos de sus beneficiarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento de la prestación, comunicaran al referido Instituto, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, los datos necesarios para la identificación de los potenciales beneficiarios".
La creación de una pasarela para que los perceptores de rentas mínimas cobrasen automáticamente el IMV viene siendo una reivindicación de muchos cargos y trabajadores de Servicios Sociales. Sobre todo, de la potente Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales –la más grande de España en el sector–, que siempre ha pedido a Escrivá y su equipo en las reuniones que han celebrado la supresión de las trabas burocráticas.
Disparidad autonómica
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Escrivá hizo varias rectificaciones con el paso de las semanas. En septiembre se eliminó el requisito de estar inscrito en el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), un obstáculo que generó muchas críticas. Igualmente, los requisitos de empadronamiento también han sido percibidos como abusivos por muchos detractores –desde septiembre se digitalizó el padrón a través del INE, pero continúan otras condiciones como llevar empadronado tres años en el lugar de solicitud–. Sea como fuere, los cambios para rebajar la burocracia son cada vez más intensos a la vista de los números.
De acuerdo con el ministerio, los obstáculos más grandes han sido dos: la "disparidad de mecanismos de gestión autonómicos" y la "disparidad de requisitos de acceso a la renta autonómica". Estas opiniones son un hecho, hasta el punto que un solicitante en Navarra o País Vasco tiene hasta ocho veces más opciones de recibir una renta mínima que en el resto de España. Una de las claves de la renta vasco-navarra, aseguran fuentes del sector, es que en su momento se desligó la concesión de la RMI de los departamentos de Servicios Sociales. En Navarra obtienen la renta el 70% de los solicitantes y en Euskadi el 63%.
El IMV oscila entre los 461,5 y los 1.015 euros por perceptor, en función de su situación. El Gobierno pretende destinar en torno a 3.000 millones de euros para esta renta dirigida a combatir la pobreza. "En el Ministerio de Inclusión siempre hemos sido conscientes del papel que tenían las comunidades autónomas", reconocen desde el equipo de Escrivá, que reivindica el "diálogo" para hacer más eficaz la distribución del ingreso mínimo.
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