El Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Transportes ha presentado este jueves 24 de septiembre un Boletín Especial sobre Vivienda Social inédito: se trata de una compilación de datos del Gobierno y de las administraciones autónomas y locales, además de las estadísticas de Eurostat, que analiza la situación del alquiler social en España en los últimos 40 años en los municipios de más de 20.000 habitantes. El resultado es desolador: solo el 1,6% del parque de vivienda está destinado a alquileres asequibles.
Son 290.000 viviendas de los más de 10 millones que hay en España, un dato raquítico frente a casi el 17% (16,8%) de Francia o el asombroso 30% de Países Bajos, lo que hace que prácticamente una de cada tres viviendas holandesas se destine al alquiler social. "El parque de vivienda social en España se encuentra a más de 6 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea, en los cuáles, en términos medios, su parque de vivienda social se sitúa en el entorno del 9%", reza la página 31.
De los 290.000 alquileres, 180.000 pertenecen a las comunidades autónomas y 110.000 a los ayuntamientos. Hay mucha más vivienda con algún grado de protección: el 21,6% de todas las viviendas construidas en los últimos 40 años (la estadística va de 1980 a 2019) ha tenido en su momento la consideración de "vivienda protegida"; pero con el tiempo la mayoría terminaron en el mercado de vivienda libre al existir la opción a compra, o traspasadas masivamente a fondos buitre o de capital riesgo.
Y miles de ellas se han vendido a veces de golpe, como las 2.000 que el Ayuntamiento de Madrid vendió a Blackstone o las 3.000 que la Comunidad de Madrid traspasó a Goldman Sachs-Azora, ambas operaciones desarrolladas en 2013 y por debajo del precio de mercado. Sin embargo, ni siquiera la ejecución de viviendas con algún grado de protección ha sido homogénea: en 1987 el porcentaje de viviendas protegidas sobre el total era del 67,2%; en 2003, del 8,1%; en 2012, en plena crisis de la construcción, se disparó hasta el 40%, pero en los dos últimos años había caído al 8%.
"Ha habido una política de vivienda pública encaminada a la protección y cuyo destino final era la compraventa. Pero ahora la dinámica cambia y hay que dirigirse al alquiler", reconoce el secretario general de Vivienda, David Lucas. "Sería injusto decir que las Administraciones Públicas no han hecho un esfuerzo con la vivienda protegida, pero ahora esto tiene que cambiar". Los alquileres sociales en teoría no contemplan el derecho a compra del beneficiario sino que su fin es apuntalar el derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española.
El gasto por habitante, por los suelos
Hay muchas diferencias entre los estados miembros de la UE en cuanto al volumen del parque. España está casi siempre a la cola en todas las clasificaciones, solo por delante -y no siempre- de Chipre, Lituania, Letonia, Malta, Rumanía y Grecia, según Eurostat. Eurostat sin embargo considera que España tiene un 2,5% de alquileres sociales y no un 1,6% porque incluye otros tipos de vivienda, como las que pertenecen a Cáritas y a otras oenegés del llamado Tercer Sector, así como las casas cuartel de la Guardia Civil o edificios del Ejército, puntualizan fuentes del ministerio.
Alemania roza el 4%, Austria tiene un parque de alquileres sociales del 24% del total, República Checa del 9,4%, Dinamarca supera el 20%, Finlandia el 13%, Francia 16,8%, Suecia del 19%, Países Bajos del 30%... la media europea es del 9,3%, muy por delante de España. Pero este no es el único capítulo en el que el país sale malparado.
En cuanto al gasto por habitante, entre 2007 y 2017, España gastó una media de 35,4 euros frente a la media europea de casi 150 euros, esto es, cuatro veces más que España. Reino Unido gastó 439 euros por habitante, Dinamarca 311 euros, Irlanda 250 euros, Luxemburgo 253 euros, Alemania 204 euros, Finlandia 208 euros, Suecia 187 y Países Bajos 155. Otra vez, España lejos de todos.
Operación Campamento llena de alquileres
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"Quiero ver el vaso medio lleno", señala David Lucas. "Tenemos analizada la situación y a partir de ahora contamos con proyectos para incentivar el alquiler social. Con el Plan 20.000, queremos hacer 20.000 viviendas ya localizadas". Este alto cargo de Transportes indica que el ministro José Luis Ábalos ha presentado este jueves la nueva Operación Campamento, un proyecto inmobiliario "que lleva ocho años guardado en un cajón" al suroeste de Madrid capital en el cual el 60% de las viviendas van a ser arrendamientos asequibles.
Desde el ministerio se recuerda que también este jueves se ha anunciado que se somete a consulta pública la Ley Estatal para el Derecho a la Vivienda, siempre destinada a reforzar el alquiler social. Esta ley se prevé que se presente en algún momento del primer semestre de 2021.
"Una forma de bajar el precio de los alquileres en zonas muy tensionadas es aumentar la oferta del alquiler", afirma Lucas, que además de alcalde de Móstoles fue líder de la oposición en esta localidad madrileña y se opuso a la venta de viviendas sociales a fondos buitre. "Ahora mismo con el covid no sabemos muy bien cómo se está ajustando el mercado. Muchas de las viviendas turísticas han acabado en el alquiler general. La mejor manera de ajustar esos precios, como digo, es la promoción de vivienda social".
El Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Transportes ha presentado este jueves 24 de septiembre un Boletín Especial sobre Vivienda Social inédito: se trata de una compilación de datos del Gobierno y de las administraciones autónomas y locales, además de las estadísticas de Eurostat, que analiza la situación del alquiler social en España en los últimos 40 años en los municipios de más de 20.000 habitantes. El resultado es desolador: solo el 1,6% del parque de vivienda está destinado a alquileres asequibles.