España cuadriplicó los permisos de residencia para millonarios rusos desde que estalló la guerra de Ucrania

Las visas oro han quedado definitivamente derogadas después de que el Congreso aprobara el pasado día 19 la Ley de Eficiencia de la Justicia, donde se había incluido la enmienda que hace desaparecer este polémico instrumento para atraer inversiones. El pasado viernes la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero como no entrará en vigor hasta dentro de tres meses, hasta abril seguirán concediéndose permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversiones de 500.000 euros como mínimo.

Para entonces habrá pasado justo un año desde que el Gobierno anunció su supresión. Y no fue hasta el pasado noviembre cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó las cifras detalladas de autorizaciones concedidas desde que se crearon las visas oro, en 2013. Las colgó en el Observatorio Permanente de la Inmigración. Es la Unidad de Grandes Empresas-Colectivos Estratégicos (UGE-CE) del departamento que encabeza Elma Saiz la que centraliza la tramitación de todos los tipos de autorizaciones de residencia, pese a que en ella intervienen los ministerios de Asuntos Exteriores, Vivienda, Economía y Transformación Digital.

De acuerdo con esos datos, que se detienen en diciembre de 2023, ese año se concedieron 65.766 autorizaciones de residencia en aplicación de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores –que creó las visas oro– “y de otras figuras similares”, un 40% más que el año anterior. Si se cuentan sólo las otorgadas según esa ley, la cifra se queda en 65.404, la inmensa mayoría. En 2024, y tras anunciar el Gobierno en abril que iba a derogarlas, el número de solicitudes se duplicó, en un intento por conseguir a toda prisa los últimos permisos, según confirman los abogados e inmobiliarias que los gestionan. Es previsible que hasta abril se repitan las ansias por aprovechar los tres últimos meses de vigencia de las visas.

En realidad, el volumen de estos permisos de residencia llevaba multiplicándose desde 2021, pero escaló sobre todo desde la guerra de Ucrania, que estalló en febrero de 2022. De hecho, son los rusos los mejores clientes de este incentivo desde entonces. En total, se han concedido a ciudadanos de esta nacionalidad un total de 34.557 permisos de residencia al amparo de la Ley de Emprendedores y “otras figuras similares” en la última década. En 2021, el año anterior a la guerra, los rusos recibieron 3.146 de estas autorizaciones, que en 2022 se convirtieron en 6.925 y que se duplicaron en 2023, hasta alcanzar 14.179. Es decir, desde que Vladimir Putin invadió Ucrania, los permisos de residencia otorgados a sus compatriotas en España se multiplicaron por 4,5. De las 262.534 autorizaciones proporcionadas por España desde 2013, las conseguidas por los rusos equivalen al 13%.

La cifra es muy superior a la de las autorizaciones concedidas a ciudadanos chinos, 23.309 –el 8,8%–. Y desde luego la evolución de los permisos a los asiáticos ha sido más tranquila a lo largo de estos últimos años. En 2023 recibieron sólo 3.499. Es decir, España dio ese año cuatro veces más visas oro a rusos que a chinos. Aunque esa cifra equivale a un alza del 48% respecto a 2021, un aumento considerable, se sitúa lejos del récord ruso.

Estas cifras no se circunscriben a las llamadas visas de oro, pero prácticamente se reducen a ellas en el caso de ciudadanos rusos y chinos, teniendo en cuenta el perfil de los ciudadanos de estos países que solicitan los permisos previstos en la Ley 14/2013, y que no se corresponde con el de altos directivos, investigadores o nómadas digitales. Además, hay que añadir el hecho de que el 95% de las solicitudes recibidas son a cambio de inversiones en inmuebles. También se puede pedir el permiso de residencia temporal por invertir en deuda pública, en fondos de inversión o en empresas, pero de este tipo apenas se concedieron 313 autorizaciones en 2023.

La prevalencia rusa en España no deja de ser peculiar, porque de acuerdo con las cifras publicadas por la consultora británica Henley & Partners en su último informe sobre migración de patrimonios privados, China es el país del que más millonarios emigrarán en 2024, unos 15.200, una tendencia que no ha dejado de crecer en los últimos años, mientras que la salida de ultrarricos rusos no ha parado de menguar por culpa de las restricciones internacionales impuestas con motivo de la guerra: de los 8.500 que dejaron su país en 2022 se va a pasar en 2024 a sólo un millar, de acuerdo con los cálculos de Henley & Partners. De hecho, este año que acaba habrán salido de sus respectivos países, acompañados de sus patrimonios, más millonarios británicos, indios y surcoreanos que rusos.

Bielorrusos y ucranianos

También ha crecido notablemente el número de bielorrusos –tradicionales aliados del Kremlin– que han obtenido en España permisos de residencia a cambio de inversiones. Desde la guerra en Ucrania, se han más que duplicado. En total, han recibido 2.393. Muchos menos que los ricos ucranianos, 7.195 en la última década. Desde la guerra, su número se ha triplicado, hasta alcanzar los 3.601 en 2023. Y ello pese a que, si se considera la cifra total de ciudadanos de Ucrania que han conseguido autorizaciones de residencia de cualquier tipo, en 2023 sufrieron un enorme descenso, del 75%, respecto al año anterior: pasaron de 172.270 a 43.463.

A tenor de los datos, las sanciones y la mayor vigilancia a que se ha sometido a los ciudadanos rusos fuera de sus fronteras parecen no haber frenado la entrada en España de dinero procedente del país gobernado por Putin. El Gobierno tomó medidas para controlar los bienes propiedad de oligarcas del régimen en España, muchos de ellos sometidos a sanciones internacionales por su responsabilidad en la invasión de Ucrania. Lo que no significa que no haya lagunas por las que algunos han conseguido colarse.

Además, las visas oro han sido siempre un instrumento polémico. Desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia ha subido el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España. Cuando creó sus visas oro en 2014, sólo se permitían inversiones inmobiliarias, pero en 2019 añadió las financieras y empresariales.

El ‘Brexit’ trajo a 7.195 británicos

Las cifras publicadas por el Gobierno incluyen alguna sorpresa adicional. Por ejemplo, el tercer país con más permisos concedidos al amparo de la Ley 14/2013 “y de otras figuras similares”, tras Rusia y China, es Colombia, con 19.085 autorizaciones, después de que en 2023 su número –5.457– más que duplicara el de 2021. Le sigue Estados Unidos, con 16.872 permisos en la última década y el doble de autorizaciones en 2023 que dos años antes. También Argentina casi ha duplicado el número de permisos en estos dos últimos años.

Mención aparte merece el caso de Reino Unido. El Brexit ha expulsado a muchos millonarios de las islas británicas, y algunos han traído su dinero a España. En 2020, el año en que Londres abandonó la Unión Europea, el Gobierno español sólo concedió tres permisos de residencia de la Ley 14/2013. En 2021 ya fueron 1.467, que crecieron hasta 2.124 en 2022 y alcanzaron los 3.601 en 2023. En total, 7.195 británicos han conseguido una autorización temporal de residencia en España en esos tres años.

Los permisos de la Ley 14/2013 pueden ser de distintos tipos: para directivos y trabajadores de alta cualificación, para investigadores e incluso para teletrabajadores internacionales –desde 2022–. Para los primeros se han concedido 104.303 autorizaciones de residencia, y para inversores, 63.328. El ministerio no facilita información sobre la nacionalidad de unos y otros, los dos grupos más numerosos, seguidos de los investigadores –27.002–. Pero las autorizaciones a cambio de inversiones se duplicaron desde 2021 hasta 2023 en la zona que la estadística denomina “Europa sin UE/AELC [Asociación Europea de Libre Comercio]” y que incluye a Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Reino Unido.

A vueltas con la transparencia

infoLibre ha pedido al ministerio esos datos desglosados por nacionalidades, pero se ha negado a facilitarlos aduciendo razones de “seguridad nacional”. Sólo los publica por “áreas”. Así, la región que mayor crecimiento ha experimentado es la citada Europa sin UE/AELC, con aumentos superiores al 80% anual desde 2021. La segunda zona con mayor auge en concesiones es América central y del sur, con alzas muy inferiores –poco más del 20% en 2021 y 2023, y del 55% en 2022–.

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Este periódico solicitó en septiembre de 2023 al Ministerio de Inclusión las cifras de los permisos concedidos según la Ley 14/2013, también los concedidos a ciudadanos de determinadas nacionalidades. Ante la falta de respuesta, los pidió a través del Portal de Transparencia de las administraciones. No hubo contestación en el plazo legal de dos meses, así que infoLibre hizo una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo independiente, encargado de promover la transparencia y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, dictaminó en mayo de este año que el ministerio debía facilitar los datos solicitados en el plazo de 10 días. Pero no lo hizo. De forma que, siguiendo el procedimiento establecido por ley, infoLibre notificó en julio al ministerio que interpondría un recurso contencioso-administrativo para obtener los datos si en dos meses no cumplía la resolución del Consejo de Transparencia.

Este periódico no recibió ninguna comunicación al respecto hasta el pasado 3 de diciembre cuando, a través del Portal de Transparencia, le anunció que se abría el periodo de un mes previsto por la ley para tramitar la solicitud de información que había cursado el 23 de octubre de 2023; es decir, hacía más de un año. Al día siguiente, el 4 de diciembre, se le notificó que las estadísticas se encontraban publicadas en la web del Observatorio Permanente de la Inmigración. Esa comunicación se produjo un mes después de que, en efecto, las cifras fueran colgadas en internet y publicadas por varios medios de comunicación.

El ministerio ha explicado a este periódico que los datos fueron publicados tras haber sido “contrastados, comparados, actualizados y revisados”, siguiendo además diferentes criterios y directrices, entre ellos, los de “máxima transparencia” y el ya citado de “seguridad nacional”.