La pandemia congeló la economía española durante meses en 2020 y aún la mantiene renqueante un año después, pero el paro, la consecuencia lógica y temida de la paralización, apenas escaló un par de puntos. En el tercer trimestre llegó a su máximo hasta el momento, un 16,26% según los registros de la Encuesta de Población Activa (EPA). Una cifra de récord para los estándares europeos, como suelen ser las tasas españolas de desempleo, pero muy alejada del 27% que rozó en el primer trimestre de 2013, en lo peor de la anterior crisis. Ese freno al desastre se atribuye a los ERTE, el mecanismo de protección que, mediante exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y prestaciones a los trabajadores está sosteniendo buena parte del tejido productivo del país.
Lo reconoce así el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus últimos informes por países. Y no sólo en el caso español. Los esquemas similares aplicados en Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, además de contener la destrucción del empleo, han evitado la caída de los ingresos de los hogares. Por ejemplo, gracias al dispositif d’activité partielle francés el empleo se contrajo un 1,8% y la renta disponible de los hogares un 2%, lejos del 19% en que se redujo la producción. En Alemania, donde el Kurzarbeit ya fue una herramienta empleada con gran éxito tras la crisis de 2008, el paro subió sólo 1,2 puntos y en Italia la cassa integrazione guadagni (CIG), o Fondo de Garantía Salarial, ha impedido que creciera más de cuatro décimas hasta marzo de 2021. En Reino Unido el desempleo no superó el 5,1% al terminar 2020.
Sin embargo, y pese a las similitudes de concepto y de funcionamiento entre los diferentes esquemas nacionales, hay disparidades en el coste, la cobertura y los efectos. Así, el paraguas con que protegieron los ERTE a trabajadores y empresas en España fue de los más pequeños entre los grandes países europeos, destaca el FMI. Lo mismo ocurre con el sistema italiano. En ambos países, los más sacudidos por el coronavirus, las pérdidas de renta de los hogares fueron mayores que en el resto: un 3% y un 2,75%, respectivamente, según Eurostat. En Alemania, la renta disponible incluso subió, aunque el alza no llegó al 1%. Pero en España, como acaba de revelar la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el INE, la pobreza grave alcanzó el año pasado al 7% de la población, cerca de 3,3 millones de personas, muy por encima del 4,7% de 2019 y casi el 7,1% de 2014, tras la crisis financiera.
De hecho, entre los grandes países de la UE, España es el país que menos trabajadores protegió con los ERTE, medidos porcentualmente respecto del número total de ocupados. En mayo, en el momento en que se alcanzó el máximo de asalariados con contratos suspendidos o reducción de jornada, estaban acogidos a un ERTE 3,6 millones de personas, el 21% de los ocupados. Sólo Alemania, con un 15%, tiene un porcentaje de cobertura inferior. Aunque en cifras absolutas, el Kurzarbeit llegó a proteger a seis millones de trabajadores en abril de 2020, el peor momento de la pandemia. Por el contrario, Italia fue el país que más asalariados acogió con su fondo de garantía, un 43% de sus ocupados, 6,7 millones de italianos se han beneficiado de las ayudas. Francia ha protegido al 35% de sus trabajadores: ocho millones estaban cubiertos por la activité partielle en abril de 2020. Reino Unido extendió el mecanismo al 31% de la población ocupada. En cifras acumuladas, nada menos que 11,6 millones de británicos han pasado por un furlough desde el inicio de la pandemia hasta junio de este año, de acuerdo con las estadísticas de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes. El pico, en mayo de 2020, ascendió a 8,9 millones de trabajadores protegidos. Uno de los motivos de esta disparidad en la cobertura es, apunta el FMI, la “estructura del mercado laboral” español. Es decir, el elevado número de trabajadores temporales que no pueden acogerse a los ERTE.
No obstante, España es el país que con más agilidad ha ido reactivando a los trabajadores protegidos por los ERTE. A finales de 2020 sólo quedaban en ese esquema de protección el 4% de los ocupados, apenas un poco por debajo del 5% de los franceses. En Alemania aún había un 7% de asalariados sostenidos por el Kurzarbeit. En Italia seguían el 14% y en Reino Unido eran el 12% en diciembre de 2020. A fecha de 31 de mayo quedaban 2,4 millones. La ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró la semana pasada que el número de los trabajadores en ERTE había descendido ya de los 400.000.
Reino Unido, el más generoso
Cuestión aparte es el coste de estos mecanismos públicos. La última cifra proporcionada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, alcanzaba los 21.000 millones de euros desde que empezó a operar el sistema hasta el fin de la última prórroga aprobada, en septiembre. La cantidad equivale a un 1,68% del PIB. Casi la misma proporción que le ha dedicado Francia a su mecanismo, un 1,7%, pero que en números absolutos se traduce en 35.000 millones en 2020 más otros siete presupuestados para este año y el próximo. Italia tampoco ha sido muy generosa con su cassa integrazione, en el que invirtió 18.732 millones el año pasado, un 1,04% de su PIB. Un poco más ha gastado Alemania, un 1,1% del PIB, pero el presupuesto también es mayor: 35.000 millones en 2020, al que se añadirán 12.000 millones si el programa se extiende a todo 2021. Finalmente, el más desprendido ha sido Reino Unido, que se ha gastado hasta junio de 2021 un total de 65.900 millones de libras –unos 77.000 millones de euros–, un 3% de su PIB, en el furlough.
Tanto el sistema británico como el italiano cubren el 80% del sueldo bruto del trabajador protegido, hasta un máximo de 2.500 libras. En el segundo caso, hasta un máximo de 1.119 euros al mes. En España, el importe es menor, un 70%, hasta un tope de 1.411,83 euros mensuales si el beneficiario tiene cuatro hijos. La activité partielle francesa equivale a entre un 60% y un 70% del salario bruto. En Alemania, entre el 60% y el 80% del salario neto –a partir del séptimo mes– lo cubre el Kurzarbeit. Al igual que en España, en Italia no se permite el despido de los trabajadores acogidos a estos esquemas públicos.no se permite el despido de los trabajadores acogidos a estos esquemas públicos
Estos mecanismos de ayuda resultan extraños para las culturas de Estados Unidos y Canadá. Sus respectivos gobiernos prefirieron combatir los perjuicios de la pandemia en el empleo y en las rentas con transferencias directas de dinero a los hogares. Para evaluar la eficacia de uno y otro modelo, de momento se puede acudir a la tasa de paro en EEUU, que aumentó del 3,6% en enero de 2020 al 14,7% en abril. El pasado mes de octubre, The Washington Post publicó una proyección sobre el coste que tendría en Estados Unidos un programa público como el Kurzarbeit alemán. Calculaba que 260.000 millones de dólares. Si se ajustara a las más generosas ayudas del furlough británico, la cifra se elevaba a 390.000 millones. Pero si copiara los más modestos ERTE españoles, la factura se reduciría hasta los 72.000 millones de dólares. En cualquier caso, unos sistemas muy caros, sostenía el periódico.
Para financiarlos, la Unión Europea ha creado un fondo temporal de apoyo al desempleo llamado SURE, dotado con 100.000 millones de euros de préstamos. Hasta marzo, se han desembolsado 62.500 millones, que han recibido 16 de los Estados miembros. Italia y España van a ser los dos mayores beneficiados, con 27.400 y 21.300 millones de euros, respectivamente. Ni Francia ni Alemania van a recibir dinero para este fin.
Recalibrar y rediseñar
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Con la recuperación, todos los países están recalibrando sus sistemas de protección del empleo, para reducir progresivamente el gasto y evitar la zombificación de la economía:evitar la zombificación de la economía que el dinero público termine sosteniendo empresas insolventes, con problemas estructurales camuflados bajo la coyuntura de la pandemia. Por ejemplo, a partir de junio Alemania ha reducido a un 50% la exención total de cotizaciones de que gozaban las empresas acogidas al Kurzarbeit. En Francia, como en España, se redirigen los esfuerzos hacia los sectores más afectados por las restricciones y se incentiva el regreso de los trabajadores a la actividad. En Reino Unido, ya en septiembre del pasado año el Gobierno redujo la cobertura pública al 70% del salario del trabajador protegido, y al 60% en octubre, los dos meses en que más descendió el número de beneficiarios, pero la volvió a subir en noviembre al 80%.
De momento, todos los grandes ERTE europeos han sido prorrogados, según se alarga también la incertidumbre sobre la pandemia, la vacunación se dilata y los rebrotes persisten. El británico y el español seguirán aplicándose al menos hasta septiembre. El italiano, hasta diciembre. El alemán, hasta marzo de 2022. Y el francés, hasta junio del año próximo.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que los ERTE se mantendrán más allá del próximo 30 de septiembre “si es necesario”. Es más, avanzó que este sistema, creado mucho antes de que apareciera el covid-19 pero escasamente utilizado hasta ahora, “ha venido para quedarse”. “No hay mejor política social”, resumió. El FMI coincide con el Gobierno en que los ERTE han sido “muy eficaces”, no sólo para frenar el desempleo, sino también para “proporcionar más flexibilidad a las empresas”, sobre todo a las pymes. De ahí que una de las reformas en la agenda del Diálogo Social con sindicatos y empresarios sea rediseñar estos mecanismos, en un intento más por reducir la elevada temporalidad del mercado laboral español, además de incluir en ellos la formación profesional, uno de los elementos clave que hizo del Kurzarbeit –el espejo en el que se miran todos los ERTE europeos– un caso de éxito en 2009. Entonces, la reducción subvencionada de horas de trabajo benefició a dos millones de trabajadores alemanes. Con el coronavirus, el Kurzarbeit ha salvado del despido a un acumulado de 12 millones de personas, seis veces másKurzarbeit. La cuarta parte de la fuerza de trabajo alemana.
La pandemia congeló la economía española durante meses en 2020 y aún la mantiene renqueante un año después, pero el paro, la consecuencia lógica y temida de la paralización, apenas escaló un par de puntos. En el tercer trimestre llegó a su máximo hasta el momento, un 16,26% según los registros de la Encuesta de Población Activa (EPA). Una cifra de récord para los estándares europeos, como suelen ser las tasas españolas de desempleo, pero muy alejada del 27% que rozó en el primer trimestre de 2013, en lo peor de la anterior crisis. Ese freno al desastre se atribuye a los ERTE, el mecanismo de protección que, mediante exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y prestaciones a los trabajadores está sosteniendo buena parte del tejido productivo del país.