Hasta 10.000 denuncias han enviado ya a Bruselas por internet funcionarios interinos de toda España para reclamar a la Comisión Europea que obligue al Gobierno a solucionar el problema laboral que sufren. El pasado enero comenzaron a organizarse y media docena de asociaciones acaban de constituirse en plataforma. La puesta en marcha de las oposiciones que se convocarán para cubrir 300.000 plazas en los próximos tres años les ha puesto en guardia porque pueden suponer su despido. “Va a ser un auténtico ERE, rápido y encubierto”, denuncian. Al tiempo, su destino también está en manos de los tribunales, del Supremo y del de Justicia de la UE, que se encuentran dilucidando cuáles deben ser las consecuencias de lo que todas las partes implicadas no dudan en considerar un fraude de ley perpetrado durante décadas por las administraciones públicas.
En ellas trabajan unos 700.000 temporales, según los cálculos de CCOO a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). CSI-F reduce el número de interinos a 300.000. España no sólo tiene la tasa de temporalidad récord en el empleo privado –el 26,7%– en la UE, únicamente superada por Polonia, sino también en el sector público. “Somos los auténticos dioses [del empleo temporal público] en Europa, junto con Italia”, destaca el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Raúl Olmos. Y el origen del problema es en ambos países el mismo, explica: “Una norma presupuestaria que cierra cualquier posibilidad de cubrir las vacantes de manera ordinaria”.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública no facilita ninguna cifra sobre el número de interinos que trabajan en las administraciones, sólo porcentajes en los tres sectores más afectados: el 30% en sanidad, el 25% en justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria. UGT ofrece datos porcentuales por comunidades autónomas: en Canarias llegan a ser el 50% de los funcionarios, mientras que en Cataluña alcanzan el 39%, en la Comunidad Valenciana el 37% y en Andalucía, Asturias y Baleares son el 35%. En el País Vasco representan sólo el 9%. Finalmente el Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que elabora el ministerio de Cristóbal Montoro y es un recuento exhaustivo de las plantillas en más de 100 páginas, tampoco proporciona una cifra global. Únicamente refiere el número de interinos en la Administración General del Estado, 2.729 trabajadores, a los que suma los 210 docentes no universitarios –ubicados en Ceuta, Melilla y el exterior–, y otros 740 profesores universitarios. Un total de 3.679 personas.
Porque el grueso de los interinos trabaja para las comunidades autónomas. Son ellas las que tienen transferidas las competencias de sanidad y educación, donde se concentran estos funcionarios. También en la administración de justicia, cuyas competencias poseen 12 de las 17 comunidades autónomas, hay una bolsa considerable de interinos, empleados públicos que en teoría fueron nombrados “por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia” pero que en muchos casos han terminado ocupando sus puestos durante 10 o incluso 20 años. Aunque, según la ley, sólo pueden sustituir a un funcionario de carrera, ejecutar programas de carácter temporal o cubrir un exceso o acumulación de tareas durante un máximo de seis meses en un periodo de 12.
Así, hasta el 70% de estos empleados públicos se encuentra en fraude de ley. Más de 450.000, calcula Raúl Olmos. Bien porque encadenan contratos o porque permanecen en sus puestos durante más de tres años o porque trabajan en un puesto distinto al que fue objeto de su contrato. La Plataforma de Interinos, no obstante, eleva la cifra del fraude al 90% y habla de hasta 700.000 afectados. CSI-F, por el contrario, los reduce a 150.000, la mitad del número de interinos reconocida por el sindicato.
Por lo general, las administraciones seleccionan a los interinos entre los aspirantes que se examinaron en las últimas pruebas selectivas para esos puestos, las aprobaron pero no obtuvieron plaza y pasaron a formar parte de la correspondiente bolsa.
Principios constitucionales, derechos adquiridos
Tanto UGT como CCOO y CSI-F reconocen el “abuso” y el “fraude” que las administraciones han cometido históricamente con este numeroso grupo de empleados públicos. “Son víctimas, no culpables”, destaca Raúl Olmos. El Ministerio de Hacienda, por su parte, se limita a resaltar que el grueso del problema está en las comunidades autónomas y apunta como solución el “ambicioso plan de consolidación” que firmó el pasado mes de marzo con los sindicatos para reducir la tasa de empleo temporal en las administraciones por debajo del 8%. Para ello, saldrán a concurso el 90% de las plazas ocupadas de forma temporal, reza el documento. En la fase de concurso de las pruebas se valorará “el tiempo de servicios prestados”; es decir, puntuará la antigüedad en el puesto de los interinos. Hasta en un 40%.
Aun así, los interinos creen que esas pruebas significarán el despido de decenas de miles de ellos. Y piden que se tenga en cuenta el fraude en que han incurrido las administraciones durante años. “Hay comunidades autónomas y sectores donde no se han convocado oposiciones desde hace 20 años”, se queja Jorge Azón, portavoz de la Plataforma de Interinos y profesor en La Rioja. No se les ha dado la oportunidad de consolidar la plaza que ocupan.
Azón aclara que no se oponen a que salgan a concurso sus puestos de trabajo. La ley no deja dudas al respecto: deben cubrirse respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y eso pasa por un examen. “No queremos el aprobado general, pero sí tenemos unos derechos adquiridos”, advierte. Por eso piden que se aclare su situación legal y que se aplique el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), donde se establece como sistema “excepcional” un concurso en el que sólo se valoren los méritos. Los interinos consideran que su situación, de abuso y fraude, bien vale ese carácter excepcional.
No lo ven así los sindicatos. “Ese artículo está pensado para determinados puestos excepcionales”, replica el dirigente de CCOO, “por ejemplo, para los magistrados del cuarto turno [juristas de reconocida competencia y más de 10 años de ejercicio profesional que son nombrados jueces tras superar el concurso de méritos]”. “No te puedes saltar el examen”, sostienen las fuentes de CSI-F consultadas por infoLibre. “Si no hubiera examen, sería un fraude, el resto de los candidatos podrían impugnar el procedimiento”, coincide UGT, que se remarca los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.
La Plataforma de Interinos carga contra los sindicatos que firmaron el “acuerdazo” con Hacienda, al tiempo que preparan reuniones con los responsables del ministerio, de las comunidades autónomas y de los partidos políticos. También advierten de que están dispuestos a pedir responsabilidades patrimoniales personales a los cargos públicos a su juicio responsables de una gestión “nefasta” que puede costar al Estado millones de euros en indemnizaciones judiciales.
El toque de atención del Tribunal de Justicia de la UE
De hecho, los tribunales son el segundo frente que tienen abierto los interinos, sobre todo desde que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) recriminó a España, en una resolución de septiembre de 2016, que no sancione –tal y como le obliga una directiva comunitaria desde 1999– el abuso del empleo temporal en las administraciones públicas. En concreto, examinó los casos, remitidos por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de una auxiliar administrativa del Servicio Vasco de Salud que sumó 13 contratos entre febrero de 2010 y diciembre de 2012, y de un arquitecto que primero tuvo contratos temporales durante dos años y los siguientes 17 fue interino en el Ayuntamiento de Vitoria.
El TJUE estimó adecuado que esa sanción legal se aplique por la vía de considerar indefinidos no fijos a los interinos. Se trata de una categoría creada por el Tribunal Supremo para los contratados temporales en fraude de ley de las administraciones públicas. Son indefinidos porque su contrato no tiene plazo determinado, pero no son fijos porque su plaza puede salir a concurso o amortizarse.
Esa condición la están reconociendo los tribunales en numerosas sentencias, destaca Jorge Azón. En los juzgados de lo Social ya es una doctrina “más que consolidada” desde hace 20 años para los contratados laborales de la administración, explica Fabián Valero, director del despacho gallego Zeres Abogados. Pero también se está abriendo paso en los tribunales de lo contencioso administrativo para los funcionarios interinos. Valero cita sentencias firmes de los Tribunales Superiores de Castilla-La Mancha y Galicia, así como otra del País Vasco pendiente de recurso en el Supremo y de la más reciente, de Castilla y León, que aún está en plazo de ser recurrida. Todas se refieren a personal estatutario de las respectivas sanidades autonómicas. Según Raúl Olmos, además, hay al menos siete cuestiones prejudiciales que otros tantos tribunales españoles han enviado al Tribunal de Justicia de la UE.
De hecho, desde que los magistrados europeos sacaron los colores a España porque abusan del empleo temporal en las administraciones y dejan desprotegidos a los trabajadores, no sólo los jueces sino también el Gobierno y los sindicatos viven pendientes de la resolución definitiva que emita el TJUE. El Ministerio de Empleo reunió el año pasado una comisión de expertos para que debatiera cómo adaptar las leyes españolas a las exigencias de Bruselas. Pero sus miembros no fueron capaces de ponerse de acuerdo y se remitieron a esa esperada sentencia del TJUE. Lo mismo hizo el Gobierno después, dejar en suspenso cualquier medida en aras de la “seguridad jurídica”. El propio Ejecutivo calculaba que unos 300.000 interinos podían interponer demandas judiciales para consolidar sus plazas u obtener indemnizaciones, 20 días por año trabajado como en los despidos objetivos del sector privado.
Algunos lo están haciendo ya y los jueces les están dando la razón en muchos casos. El Juzgado de lo Contencioso número 14 de Madrid acaba de elevar otra cuestión prejudicial al tribunal con sede en Luxemburgo, apunta Fabián Valero, quien anima a los interinos a no esperar a su cese para demandar. CSI-F, en cambio, dice que no es partidario de judicializar el problema. Y Raúl Olmos acusa al interés de algunos despachos del conflicto que se abre con los interinos. “Estamos pidiendo a Bruselas que arregle el desaguisado que existe en la norma y en la aplicación de la norma, y ése no es el papel del TJUE”, lamenta. La Plataforma de Interinos acusa a los sindicatos de ser “academias de formación de opositores” y de haber firmado el acuerdo con Hacienda sin consultar a sus bases.
Promoción interna
El Gobierno lanza la mayor oferta de empleo público en una década, con más de 30.800 plazas para 2018
Fabián Valero defiende que salgan a concurso las plazas ocupadas por los interinos, pero todas. “La mitad de las 4.700 que se ofertan este año en la Administración General del Estado son de promoción interna”, subraya, “y a ésas no se podrán presentar los interinos”. También recuerda los 150 contratos que algunos trabajadores sanitarios han llegado a encadenar o los bomberos que llevan una década en sus puestos y que ahora deberán competir por esas plazas con candidatos mucho más jóvenes.
Raúl Olmos responde que el Tribunal Constitucional ya ha tumbado algún procedimiento anterior de consolidación de plazas porque se superaba el 40% de valoración de la antigüedad en el puesto. Fabián Valero llevó ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el caso de un grupo de trabajadores del Servicio de Salud autonómico que fueron despedidos en 2017 tras nueve años encadenando nombramientos temporales. La sentencia los ha declarado indefinidos no fijos y les reconoce una indemnización de 20 días por año trabajado. Y destaca que la consideración de indefinidos no fijos para estos trabajadores “no trata de desmerecer los principios de mérito y capacidad que rigen la selección de personal” en el sector público, sino que esa categoría es “una consecuencia de que se haya abusado de la contratación temporal” y tiene como fin “evitar ese abuso y sancionarlo en el caso de que se produzca”. El tribunal hace suyo, por tanto, el criterio de los magistrados de Luxemburgo.
Los primeros exámenes se celebrarán en junio, entre los candidatos a profesores. El abogado gallego coincide con la Plataforma de Interinos en que se van a producir “ceses masivos, de cientos de miles” de estos trabajadores públicos “en los dos o tres próximos años” como resultado de las oposiciones anunciadas. Por el contrario, CSI-F sostiene que hablar de ERE encubierto es “una barbaridad”. “La lógica dice que la mayoría de los interinos se van a quedar”, aseguran las fuentes del sindicato, “confiamos en la profesionalidad y experiencia de estos funcionarios, pero también tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades con quienes se presentan de fuera de la Administración”.
Hasta 10.000 denuncias han enviado ya a Bruselas por internet funcionarios interinos de toda España para reclamar a la Comisión Europea que obligue al Gobierno a solucionar el problema laboral que sufren. El pasado enero comenzaron a organizarse y media docena de asociaciones acaban de constituirse en plataforma. La puesta en marcha de las oposiciones que se convocarán para cubrir 300.000 plazas en los próximos tres años les ha puesto en guardia porque pueden suponer su despido. “Va a ser un auténtico ERE, rápido y encubierto”, denuncian. Al tiempo, su destino también está en manos de los tribunales, del Supremo y del de Justicia de la UE, que se encuentran dilucidando cuáles deben ser las consecuencias de lo que todas las partes implicadas no dudan en considerar un fraude de ley perpetrado durante décadas por las administraciones públicas.