La población española lleva dos años creciendo tras atravesar una crisis económica que se trasladó a la demografía y le hizo perder casi 300.000 habitantes en cuatro años. A 1 de enero de 2018 la componían 46,7 millones de personas, 132.263 más que un año antes, pero sólo gracias a que el saldo migratorio –la diferencia entre emigrantes e inmigrantes– fue positivo y ascendió a 164.604 personas. Porque el saldo vegetativo fue negativo: murieron 31.245 personas más de las que nacieron.
De hecho, desde 2008 el número de nacimientos ha caído un 24,6%, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y la tasa de fecundidad española, el número medio de hijos de cada mujer, resulta ser una de las más bajas de Europa y del mundo: 1,31. Para garantizar el reemplazo generacional, debería ser de 2,1 hijos por mujer. De los 391.930 nacidos en España en 2017, el 19,3% tuvo una madre extranjera, casi un punto más que el año anterior. Es más, el número medio de hijos por mujer es de 1,25 entre las españolas, mientras que el de las madres extranjeras se eleva hasta 1,70.
Mientras, la inmigración se ha recuperado al mismo tiempo que la economía y lleva también dos años medrando. A buen ritmo: un 21,23% en 2016 y un 28,4% en 2017. Marroquíes, colombianos y venezolanos son las nacionalidades mayoritarias entre los que vienen.
Con unas tasas de natalidad y fecundidad tan bajas y una esperanza de vida que se sitúa entre las más elevadas del mundo, 83,1 años –85,7 años para las mujeres–, España amenaza con ser una de las naciones más envejecidas del planeta en las próximas décadas. Un reto que debe afrontar el sistema público de pensiones: a los 65 años la esperanza de vida de un español es ya de 19,1 años y de 23 años la de una española; en 1980 no superaba los 14 y 17 años, respectivamente.
Al desafío demográfico –cada vez más pensiones, y más cuantiosas, que se cobran cada vez durante más tiempo– se ha unido el presupuestario, resultado del hundimiento de los ingresos de la Seguridad Social por el aumento del paro, primero, y por la precariedad laboral, después. De forma que expertos y políticos debaten cómo mejorar el sistema para hacerlo sostenible y suficiente a un tiempo. Las recetas a discusión son múltiples. Y una de ellas es la inmigración.
“Aunque recibir migrantes puede provocar reacciones políticas, también puede ser ventajoso para los países de acogida”, plantea el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un documento de trabajo publicado esta misma semana. El FMI insta a las “economías avanzadas”, no sólo a España, a “repensar sus políticas migratorias para aumentar la oferta de mano de obra”. Incluso ha calculado cuántos inmigrantes necesita España: un saldo neto de 5,5 millones hasta 2050. Con esa cifra la tasa de dependencia –la ratio entre mayores de 65 años y personas en edad de trabajar– se reduciría al 63,4% mediado el siglo, mientras que sin inmigrantes se situaría en el 69,5%. En estos momentos la tasa se sitúa en el 29,6%, tras alcanzar su mínimo en 2008, un 24,1%, precisamente por la llegada de casi siete millones de habitantes en la década precedente.
La misma tesis defiende el Banco de España, que en su último informe anual recomienda “revisar periódicamente las restricciones asociadas a la política migratoria para tratar de acompasarlas a las necesidades del mercado laboral” y evitar así la merma en la población en edad de trabajar que provocarán el envejecimiento y la caída de la natalidad.
Hace falta más mano de obra
“La inmigración tiene ventajas evidentes para la economía”, subraya el demógrafo y miembro de Economistas frente a la Crisis Juan Antonio Fernández Cordón. Su aportación al PIB español se cifra en un 0,55%, unos 6.000 millones de euros. Más personas trabajando se traduce en más impuestos y más cotizaciones a la Seguridad Social. Con ellas, a su vez, se pagan las prestaciones, incluidas las pensiones de jubilación. “Es una tendencia inevitable”, asegura Fernández Cordón, “el tejido productivo demanda inmigrantes para mantenerse, si no hay trabajadores en el país, la economía los traerá de fuera, ocurre en Alemania y ocurre aquí”.
En su informe, el FMI alerta del retroceso que sufrirá la población en casi la mitad de las economías avanzadas por culpa de la caída de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. “La carga recaerá sobre quienes ahora se encuentran en edad de trabajar, que en unas pocas décadas sostendrán al doble de personas mayores que ahora”, advierte el organismo, “[por lo que] a menos que se aumente la participación en los mercados de trabajo, el envejecimiento frenará el crecimiento de las economías avanzadas y, en muchos casos, socavará la sostenibilidad de sus sistemas de seguridad social”. La tasa de participación laboral puede caer un 7,4% hasta 2050, resalta el FMI, si no se toman medidas. Si aumentan los inmigrantes, ese descenso se frenará en un 0,8%. No basta, pero ayuda.
Así que la llegada de inmigrantes, jóvenes en edad de trabajar y ya formados, atraídos por países donde se les ofrecen oportunidades laborales inexistentes en sus naciones de origen, no sólo apuntalará una mano de obra envejecida y cada vez más escasa, sino que además, dice el FMI, aliviará “las tensiones que provoca el envejecimiento demográfico” e incluso aumentará a largo plazo el crecimiento y productividad. La respuesta de los gobiernos, por tanto, debería ser la puesta en marcha de políticas que permitan la rápida integración de los inmigrantes en el mercado laboral, como la concesión de permisos de trabajo y el acceso a cursos de idiomas y a formación profesional. El organismo supranacional deja claro que los inmigrantes no quitan trabajo a los nacionales. Por el contrario, sus cualificaciones profesionales suelen ser “complementarias” a las de los nativos. Por ejemplo, emplear a inmigrantes en el servicio doméstico permite a muchas mujeres, a su vez, incorporarse al mercado laboral.
Los inmigrantes, además, vienen a trabajar. Y buscan los lugares donde hay trabajo. Quienes abandonan sus países en busca de mejores oportunidades suelen ser los individuos más emprendedores y dinámicos de sus sociedades. Lo demuestra el hecho de que su participación en el mercado laboral aumenta con el tiempo, sobre todo en el caso de las mujeres: por cada año adicional en el país de acogida su porcentaje de ocupación crece entre un 5% y un 6%, según el FMI.
La inmigración da tiempo para hacer cambios
Sobre las pensiones, el organismo internacional cree que el alza en el número de cotizantes puede ser una manera de suavizar los cambios paramétricos que, por otra parte, considera indispensables para adaptar el sistema de pensiones públicas español a los retos de la demografía. A su juicio, esos cambios deberían aumentar la edad de jubilación o el número de años de cotización necesarios para cobrar la pensión, entre otros. “[El aumento del número de inmigrantes] Daría más margen para hacer esas modificaciones, porque el margen para hacer reformas se nos está agotando”, apunta José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).
Precisamente un estudio sobre la salud financiera del sistema público de pensiones elaborado por Fedea calcula que un flujo neto de 6,5 millones de inmigrantes hasta 2060 aumentaría la renta y reduciría el gasto en pensiones. Es decir, redundaría en una mejora considerable de la salud financiera del sistema, adelantando en 12 años la salida de los números rojos en que se encuentran en estos momentos las cuentas de la Seguridad Social. Según las proyecciones realizadas por la Comisión Europea en su más reciente Informe sobre el EnvejecimientoInforme sobre el Envejecimiento, si la inmigración crece un 33% en España, el gasto público en pensiones se reducirá un 1,7% hasta 2070, el triple que la media de la UE y el doble que la media de la zona euro.
Por sí sola no basta
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Conde-Ruiz defiende que, en efecto, la entrada de inmigrantes impedirá que se dispare la tasa de dependencia y contribuirá, por tanto, a la sostenibilidad del sistema a medio plazo. Pero, a su juicio, sólo retrasará un problema que ve inevitable y amenaza el equilibrio financiero de las pensiones públicas. “La inmigración por sí sola no lo arregla”, recalca. Juan Antonio Fernández Cordón recuerda que los comportamientos de los recién llegados, con el tiempo, terminan pareciéndose a los de los nacionales y su tasa de fecundidad también baja. Si no hay un flujo continuo de inmigrantes, esa tasa no mejorará, avisa. Conde-Ruiz se retrotrae a la ola de inmigrantes que España recibió hasta la crisis de 2008. “Tenían la misma edad que los españoles nacidos en el baby boom [la explosión de la natalidad en los años 60 y 70], por tanto se jubilarán al mismo tiempo que ellos y aumentarán el problema”, detalla. Es decir, la situación entonces será idéntica a la inicial.
De ahí que reclame reformas en el sistema de pensiones al tiempo que una política de emigración “selectiva”, “más normalizada y diseñada”. Por edad y por cualificaciones, precisa. A su juicio, habría que “anticiparse” a los movimientos migratorios, incluso “ir a buscar” a los inmigrantes que se necesiten. Fernández Cordón también cree necesaria cierta “regulación”, tanto en la composición como en el número de los inmigrantes. Y lamenta que España desperdiciara la oportunidad de aprovechar la alta cualificación de los sirios que huyen de su país por culpa de la guerra. En cambio, no considera necesario seleccionar a los inmigrantes por su edad. “Los que vienen ya son más jóvenes, tienen justo la edad en que son más productivos y ya vienen formados, un gasto que el país se ahorra”, resalta el demógrafo.
“Hay una lógica de la emigración”, resume Fernández Cordón, “que es aplastante, a escala interna pero también global”. Por un lado, están los países donde los jóvenes “no encuentran su lugar por culpa de la economía, la guerra o las hambrunas y son obligados a irse”. Y por otro, se encuentran los países ricos que los necesitan. Es la lógica de la globalización. “Se trata de un fenómeno que va a seguir produciéndose y es bueno que lo haga”, concluye.
La población española lleva dos años creciendo tras atravesar una crisis económica que se trasladó a la demografía y le hizo perder casi 300.000 habitantes en cuatro años. A 1 de enero de 2018 la componían 46,7 millones de personas, 132.263 más que un año antes, pero sólo gracias a que el saldo migratorio –la diferencia entre emigrantes e inmigrantes– fue positivo y ascendió a 164.604 personas. Porque el saldo vegetativo fue negativo: murieron 31.245 personas más de las que nacieron.