No es sólo un trámite. Los Presupuestos están atravesados por las políticas a las que los gobiernos que los elaboran quieren dar vuelo para dejar su huella. El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a las cuentas para 2025 con la orden del Ministerio de Hacienda que concede a los centros gestores de las administraciones hasta el 8 de julio para que informen de sus necesidades publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Para uno de los socios del Ejecutivo de coalición, Sumar, estos Presupuestos Generales del Estado (PGE) son “claves y centrales”, para “poder seguir mejorando la vida de las personas”, resume el portavoz de Economía y Hacienda de la formación en el Congreso, Carlos Martín Urriza. Por ello han empezado ya a definir sus prioridades, que están ligadas a tres grandes bloques: derechos sociales, en los que buscan “seguir avanzando”; poder de compra, área en la que incluyen “el tema de los salarios” o la vivienda; y fiscalidad, donde pretenden impulsar que “se repartan cargas fiscales”.
En relación a los derechos sociales, Martín Urriza considera “lacerante” que “en la cuarta economía de la Unión Europea (UE)" y con "el nivel de desarrollo que tiene" el país, "haya unos niveles de pobreza infantil tan altos”. El 33% de los niños y los adolescentes españoles se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, según el Consejo Económico y Social (CES), y la posición que ocupa España en informes de organizaciones nacionales e internacionales en ese ámbito parece indicar que algo no se está haciendo del todo bien.
En ese sentido, Sumar va a defender que la solución que ha puesto encima de la mesa Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo a cargo, ha de estar reflejada en las cuentas. Con todo, van a hacer bandera de otro asunto que les “preocupa”: “Ya estamos pagando una multa de la Unión Europea (UE) por no cumplir la directiva de permisos de nacimiento y de cuidados, por eso para nosotros esto en una prioridad absoluta”, anota Martín Urriza. En concreto la sanción supone el pago de “9.760 euros al día”. “No entendemos como estamos cumpliendo y vamos a cumplir con las reglas fiscales europeas, que llevan un componente de austeridad, y en cambio no lo hagamos con la regulación de las directivas comunitarias en las áreas de permisos de nacimientos y de cuidados”, plantea el portavoz económico de Sumar. E incide: “Es incomprensible. Si acatamos las normas de austeridad, que vuelve a marcar la UE, y los vamos a hacer de manera religiosa y diligente; lo otro, que tiene que ver con la ampliación de derechos sociales, pero que también es normativa europea, tendremos que hacerlo igual. No puede ser que prefiramos pagar una sanción”, afea.
Viejos y nuevos retos que afrontar
Sobre lo que rotulan como poder de compra de las familias, asevera que, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “diga que la economía va como un cohete”, en Sumar piensan que “ese crecimiento económico no está llegando a todas las personas ni a todos los hogares”, con lo que habrá que incidir ahí con más medidas. Y respecto a la fiscalidad, los socios de gobierno “no comparten” con el PSOE que “no haga falta llevar a cabo una reforma fiscal”. “Nos lo ha pedido Europa y entendemos que es fundamental hacerla porque a los retos antiguos que tenemos que financiar con esfuerzo presupuestario distribuido de manera equitativa y progresiva como el envejecimiento de la población, la presión sobre la sanidad o el gasto en pensiones; se añaden otros nuevos que tienen que ver con la transición verde y con la digital que, de momento, tenemos cofinanciados, pero que en el futuro no será así”, argumenta. Y apostilla rotundo: “El espacio fiscal necesita ser más amplio”. En ese sentido, intentarán forzar que se mantenga “el impuesto a la banca y a las energéticas que vence este año”.
En relación al déficit y a la deuda, el portavoz de Economía y Hacienda señala “dos hitos” que ya se han producido: “El primero el que ha conseguido el ministro Carlos Cuerpo, dejarnos fuera del procedimiento de déficit excesivo -la Comisión Europea no ha incluido a España entre los países a los que abrirá expediente tras años de gasto expansivo para superar la pandemia y la guerra en Ucrania-; y el otro, la eliminación del veto que la ley de estabilidad otorgaba al Senado a la hora de aprobar una senda de ajuste”. Se ha hecho, vía enmienda en el texto de la Ley de Paridad, a la que previsiblemente se dará vía libre antes del periodo estival, lo que ha provocado críticas airadas del PP.
Negociaciones a varias bandas y más pasos que dar
Desde el ala de Sumar aseguran que ya tienen “prácticamente sedimentados los elementos” de su apuesta presupuestaria y arrancan las negociaciones con el PSOE con optimismo. En paralelo a esas conversaciones, los siguientes pasos en la carrera para la aprobación de los PGE de 2025 serán la fijación del techo de gasto, que el Ministerio de Hacienda ya está elaborando, y de una senda de déficit y de deuda alienada con las actuales normas fiscales europeas. La intención de la titular de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, es llevarlos a las Cortes "lo antes posible". Esto es, a finales de julio o, de no ser posible, a principios de septiembre. El objetivo último es que el proyecto de Presupuestos como tal pueda presentarse en el Congreso en torno a principios de octubre, para que el 31 de diciembre España pueda contar con unas nuevas cuentas públicas estatales aprobadas, tras el intento fallido de este año, debido a la convocatoria anticipada de las elecciones catalanas el pasado mayo y antes al proceso de investidura de Sánchez.
Aunque la “variable catalana”, comunidad que continúa sin presidente, sigue sobrevolando las cuentas. De hecho, los socialistas tienen claro que “el verdadero desafío está en las conversaciones con los grupos parlamentarios” y dan por hecho que el Gobierno no llevará el proyecto de PGE al Congreso hasta “no tener bien atados los apoyos suficientes para que puedan salir adelante”, según fuentes del partido. Por ahora, Montero ha avanzado que se sentarán a dialogar con el PNV después del verano, así como con ERC y con Junts. Acudirán a las citas "con el ánimo de pactar". Habrá que ver la voluntad con la que va el resto. La ministra ha pedido que se desvinculen las conversaciones sobre las cuentas de los otros "muchísimos debates" que inundan la "la actualidad política".
No es sólo un trámite. Los Presupuestos están atravesados por las políticas a las que los gobiernos que los elaboran quieren dar vuelo para dejar su huella. El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a las cuentas para 2025 con la orden del Ministerio de Hacienda que concede a los centros gestores de las administraciones hasta el 8 de julio para que informen de sus necesidades publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).