La excúpula de Caixanova, otra vez al banquillo por provocar un agujero de 80 millones

El juez del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado proceder contra el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso; los exdirectores generales de la entidad Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, así como otras siete personas investigadas ante la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales y delitos societarios en relación a la concesión de préstamos a la empresa Promalar para la compra de una conservera.

En concreto, De la Mata considera que estos exdirectivos "diseñaron un mecanismo claramente expropiatorio de la entidad financiera que fue mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración" y que ocasionó un perjuicio de 80 millones de euros a Caixanova. Entiende que sus actos podrían constituir un delito societario por administración desleal de la gestión del patrimonio social o apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Según detalla el auto, que pone fin a la instrucción, los hechos se sitúan entre 2005 y 2010, cuando los investigados llevaron a cabo cuatro operaciones financieras para que Promalar comprase y reflotase la conservera Bernado Alfageme, que en aquel momento presentaba serias dificultades económicas y cuyos accionistas mantenían una estrecha relación con la Caja.

El juez explica que para llevar a cabo el plan, los máximos gestores de Caixanova propusieron a otro de los investigados, Juan Lago, administrador de Promalar, la compra de la conservera y se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación, "que era beneficiar a Lago Pérez y a los accionistas de Bernardo Alfageme, causándoles un perjuicio multimillonario a la entidad financiera Caixanova".

Como garantía de los préstamos hipotecarios concedidos se entregaron fincas en distintas zonas de Galicia, pero estaban tasadas hasta 190 veces por encima de su valor real: en la primera operación, para cubrir el riesgo de 60 millones del préstamo hipotecario, se entregaron en garantía fincas que Tasagalicia había valorado en 133 millones de euros en el año 2005 y cuyo valor real en 2010 era de 2.5 millones de euros.

En otras operaciones, tal y como detalla el auto, la valoración excesiva de las garantías se condicionaba a la aprobación de planes urbanísticos de recalificación de terrenos, "y tasadas principalmente por Tasagalicia, empleando métodos de valoración incorrectos, y sin aplicar ninguna cautela o control de las valoraciones por parte de los gestores de Caixanova". "El resultado final fue que el valor de tasación de las fincas otorgadas como garantía se depreció posteriormente prácticamente en su totalidad", señala De la Mata.

Créditos con garantías infladas

El juez concluye que toda la operativa desplegada por los imputados tuvo desde su comienzo la finalidad de conseguir beneficiar a Lago Pérez y a los accionistas de Bernardo Alfageme por su estrecha relación con la Caja, "facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables y en perjuicio de la entidad de crédito que administraban".

Para ello, argumenta de la Mata, "los directivos de Caixanova se concertaron con Lago Pérez, a través de Gorriarán Laza, para facilitarle cantidades millonarias para comprar Bernardo Alfageme a sus socios. Estas operaciones estaban cubiertas con garantías inmobiliarias tasadas de manera absolutamente irregular (se tasaron fincas en 190 veces su valor) ocultando u obviando la existencia de evidentes condicionantes urbanísticos que reducían drásticamente el valor de las fincas otorgadas en garantía", señala el auto.

Conforme detalla el juez, los préstamos y créditos no fueron devueltos en ningún caso, "y han supuesto pérdidas multimillonarias a la vista del ínfimo valor de las garantías inmobiliarias, tratando los imputados de ocultar su responsabilidad alegando mala suerte, frustración de expectativas, o la socorrida crisis inmobiliaria".

Administración desleal o apropiación indebida

Después de analizar las operaciones de los imputados, el juez entiende que al menos tres de ellas encajan el el delito de apropiación indebida, ya que los investigados realizaron disimulados "actos apropiatorios para terceros con respecto al dinero de la entidad que administraban, que fueron más allá de los excesos de sus facultades de administración o abusos en el ejercicio de sus competencias".

No obstante, mantiene abierta la calificación alternativa de administración desleal porque también hay "actos de abuso de las funciones propias de su cargo".

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Del mismo modo, el juez aprecia en algunos de los investigados la comisión de delito de blanqueo de capitales porque se produjo un delito societario con perjuicios multimillonarios a Caixanova y se han cometido actos dirigidos a ocultar o a permitir el aprovechamiento de esos bienes ilícitos.

Desglosado, el perjuicio causado a Caixanova es de 64,86 millones euros por el impago de la póliza del crédito concedido, de 6,03 millones por la resolución del contrato con la promotora y de 9,66 millones por el préstamo hipotecario; en total 80,56 millones de euros que corresponderían a Novacaixagalicia, entidad que nació del proceso de fusión de Caixanova con Caixa Galicia.

Para tres de los investigados en esta causa –Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso– no es el primer procedimiento judicial relacionado con su gestión en la entidad, ya que fueron condenados a dos años de cárcel cada uno por este mismo órgano en relación con el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.