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Exsocios del ministro de Economía inspiraron la ley que favorece a fondos buitre

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Una economía como la española, de un billón de euros, número 13 en el raking mundial puede parecer muy grande, pero el núcleo del poder es como un patio de vecinos. Un ejemplo es el que afecta a la elaboración por el Ministerio de Economía del Real Decreto Ley 4/2014, para salvar empresas endeudadas pero viables con fórmulas que favorecen a los fondos buitre según los críticos.  Los impulsores de la idea que ha acabado en proyecto de ley fueron socios del ministro Luis de Guindos en algún caso. Ahora, negocian cómo aplicar la norma trabajando para los grandes bancos acreedores, el G-6 (BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Popular y Bankia).

Los inspiradores-asesores del decreto redactado por el Ministerio de Economía fueron las sociedades N+1 y McKinsey. El ministro de Economía, Luis de Guindos y el actual presidente de N+1, Santiago Eguidazu, fueron socios en la sociedad de intermediación bursátil AB Asesores en los años 90. N+1, sostienen fuentes financieras, mantiene una interlocución muy fluida con el ministerio de Guindos.

Fuentes bancarias y de las propias firmas confirman que la idea de diseñar una norma para facilitar la financiación de empresas en problemas partió de N+1 y Mckinsey en torno al verano pasado. La idea se presentó al Ministerio en forma de estudio y comparativa de la legislación internacional.

Economía niega

Pero la portavoz del Ministerio de Economía niega que hubiera asesoramiento alguno. Admite, eso sí, que "(N+1 y McKinsey) hicieron llegar un papel al ministerio que se recibió como otros muchos". Según el ministerio, la prueba de que no hubo tal labor de asesoramiento es que N+1 y McKinsey proponían la constitución de un vehículo respaldado por el Estado para empresas con problemas (una especie de banco malo) que no se ha aceptado. "No gustó ni siquiera el nombre propuesto (Proyecto Midas)" sostienen en Economía.

El actual ministro Luis de Guindos y las firmas de consultoría e intermediación financiera se conocen bien. De Guindos fue socio de AB Asesores y compañero de Eguidazu (N+1) hasta 1996, cuando el entonces vicepresidente Rodrigo Rato lo fichó para la Dirección de Política Economica.

De Guindos vendió sus acciones antes de que los socios de AB, presidida entonces por Salvador García-Atance, dieran el gran pelotazo. Vendieron la sociedad AB Asesores a Morgan Stanley en febrero de 1999 por una cifra que aún hoy suena a fortuna: 70.000 millones de  pesetas de hace tres lustros (421 millones de euros), según los datos publicados entonces y nunca desmentidos.

El actual presidente de N+1, Santiago Eguidazu definió a De Guindos al ser nombrado este ministro por Rajoy como una persona “muy inteligente, muy independiente, con opiniones propias, muy dialogante y con mucha capacidad de encaje”.

El halago a De Guindos suena a autorretrato. Si todo marcha según lo previsto,Eguidazu (N+1) como McKinsey gestionarán la inversión en las sociedades endeudadas controladas por los principales bancos del país: Santander, BBVA, Bankia, Caixabank, Popular y Sabadell. La idea es constituir un fondo que gestione la inversión en esas sociedades por parte de otros inversores interesados. Es el banco malo propuesto a Economía, pero en su versión privada.

Fondo antes del verano

La idea, explican fuentes bancarias, es que el fondo esté en marcha antes del verano. Aunque la negociación es compleja. Mientras tanto, la tramitación en el Congreso del proyecto de ley "de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial" está siendo muy animado. 

La norma ha recibido tantas enmiendas que la Cámara ha tenido que ampliar ya en dos ocasiones el plazo para presentar modificaciones. La presentación de enmiendas finalizaba el 7 de abril y se amplió primero al 11 y después al 16 del mismo mes.

En esencia, el decreto aprobado a principios de marzo  impulsa una reforma de la ley concursal que favorece la posiciòn de los bancos y de los fondos especulativos en las empresas en crisis. Formalmente, trata de evitar que, como sucede ahora, el 95% de las sociedades que se acogen al concurso de acreedores acaben siendo liquidadas.

Con ese fin, la nueva norma facilita quitas de deuda y el aplazamiento de pagos hasta 10 años. Las quitas no afectarán a las deudas con Hacienda ni con la Seguridad Social. Los cálculos del Ministerio de Economía apuntan a que la reforma puede afectar al 10% de la deuda empresarial privada, que asciende al 130% del PIB. Son más de 130.000 millones de euros de deduda repartidos en 65.000 empresas.

La letra pequeña

Pero en la letra pequeña del real decreto hay más, La reforma de la ley concursal permitirá a la banca convertir créditos dudosos en capital, liberando provisiones (el Banco de España deberá concretar la fórmula en un mes) y hará más difícil que un accionista o un grupo de accionistas se oponga a los planes de refinanciación acordados por una mayoría de acreedores. Bastará un informe "independiente" para obligar a socios o accionistas a aceptar el acuerdo de refinanciación en una sociedad endeudada.

Desde el punto de vista del Ministerio de Economía, la reforma no favorece la especulación de los fondos buitre. Fuentes del departamento sostienen, muy al contrario, que la reforma debilita las posiciones de quienes adquieren parte de la deuda de una empresa y se atrincheran para impedir un acuerdo de refinanciación y especular con la crisis.

Desde 2009, según ha informado infoLibre, los fondos especulativos internacionales han cerrado 116 operaciones de adquisición en España por importe de 24.317 millones de euros, según los datos de operaciones recabados por este periódico con datos de la CNMV y publicados por la prensa nacional e internacional con operaciones cerradas (ver documento adjunto).

El CNI advierte sobre el riesgo de la acción de los fondos buitre en el tejido empresarial

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Caza de oportunidades

Entre los fondos que peinan España a la búsqueda de oportunidades hay de todo. Hay fondos de capital riesgo o hedge fund y fondos que se caractizan por especular con la deuda de empresas en problemas, que adquieren a bajo precio, para obtener beneficios, a menudo desmembrando la compañía y vendiendo sus activos (value fund).

Los datos muestran hasta qué punto la crisis ha animado a los buscadores de gangas a poner sus ojos en España. Las compras más arriesgadas y especulativas (116) suponen más de un tercio (35%) del total de adquisiciones (338) realizadas por compañías extranjeras en España desde 2009.

Una economía como la española, de un billón de euros, número 13 en el raking mundial puede parecer muy grande, pero el núcleo del poder es como un patio de vecinos. Un ejemplo es el que afecta a la elaboración por el Ministerio de Economía del Real Decreto Ley 4/2014, para salvar empresas endeudadas pero viables con fórmulas que favorecen a los fondos buitre según los críticos.  Los impulsores de la idea que ha acabado en proyecto de ley fueron socios del ministro Luis de Guindos en algún caso. Ahora, negocian cómo aplicar la norma trabajando para los grandes bancos acreedores, el G-6 (BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Popular y Bankia).

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