El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, avanzó este martes en un desayuno informativo que no será "nada fácil" lograr un acuerdo con los actuales acreedores de las nueve autopistas de peaje quebradas y en riesgo de liquidación ante la "dispersión" que actualmente presenta la titularidad de los 3.400 millones de euros de deuda que soportan las vías, en gran parte en manos de los fondos buitres a los que los originarios bancos acreedores han ido vendido el pasivo con importantes quitas.
Desde 1998 el Estado ha adjudicado 15 concesiones para la construcción y explotación de 793 kilómetros de autopistas, de las que nueve, el 60%, están en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). Pues bien, la legislación en materia de contratos obliga al Estado a compensar a los concesionarios ante su liquidación por quiebra. Establece que, en caso de resolución anticipada de una concesión, la Administración tiene que indemnizar al concesionario abonándole el importe de las inversiones realizadas para la expropiación de terrenos y de la ejecución de las obras descontando las amortizaciones.
A esa garantía –criticada por algunos expertos porque transfiere gran parte del riesgo a los contribuyentes y, por tanto, incentiva a los inversores privados– se le denomina responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). En el caso de las nueve autopistas quebradas, los reales decretos de adjudicación de esas concesiones establecen que el máximo que podrían recibir del Estado por este concepto asciende a 3.344,5 millones de euros: 3.070,1 por la construcción y 274,4 por las expropiaciones.
Pero la cuestión clave es que estas cantidades se pignoran en los contratos financieros y sirven, por tanto, como una garantía o seguro público para los prestadores. De ahí que vayan a ser finalmente los fondos buitre fondos buitrea quienes los bancos han ido vendiendo la deuda los que reciban estas cantidades.
Aunque el ministro reiteró su voluntad de intentar que la factura del rescate a las ruinosas vías de peaje sea lo menos gravosa posible para las arcas públicas, lo cierto es que las millonarias cantidades en concepto de RPA no serán las únicas que el Estado se dejará en este fracasado negocio. infoLibre explica a continuación por qué otros conceptos pueden reclamar dinero las concesionarias o sus acreedores.
01. Las expropiaciones
La situación de quiebra de estas autopistas es consecuencia, entre otras causas, de las desviaciones en los costes de las expropiaciones de los terrenos, que en algunos casos han llegado a ser del 600%. Una sentencia del Tribunal Supremo determinó que esos terrenos podían valorarse como urbanos aunque en ese momento fuesen improductivos considerando que la propia autopista incrementaba su valor potencial. Estos sobrecostes han sido uno de los motivos más publicitados por las concesionarias para justificar su mala situación financiera.
La ley establece que el justiprecio de los terrenos expropiados para la construcción de una autopista estatal de peaje en régimen de concesión debe ser abonado por la sociedad concesionaria. A pesar de ello, varias sentencias tanto de tribunales autonómicos como del Supremo obligan al Estado a hacerse cargo de dichas deudas en caso de impago por la sociedad concesionaria declarada en concurso de acreedores, como es el caso de las ocho que están ahora mismo en cuestión.
Para evitar que el Estado acabara asumiendo dos veces el pago de las expropiaciones –por un lado, a los expropiados y, por otro, a los concesionarios o sus acreedores a través de la RPA–, el Gobierno aprobó en enero de 2014 un real decreto [ver en PDF] por el que determinó que estas cantidades sean detraídas de las que les asignen en concepto de RPA. No obstante, los fondos que la Administración tendrá que consignar por este concepto superarán, con toda seguridad, el máximo que establece la RPA para las expropiaciones en el caso de las ocho concesionarias quebradas y que asciende a 274,4 millones de euros.
02. Los préstamos públicos
A partir de 2010 el Gobierno del socialista de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha una serie de medidas para intentar aliviar las dificultades financieras que atravesaba el sector, entre ellas, millones de euros en créditos blandos. En conjunto, el dinero que las ocho adjudicatarias en quiebra han recibido del Estado a través de estos créditos llega a los 554 millones de euros, incluyendo los intereses generados.
Esas ayudas se articularon en torno a dos mecanismos. Por un lado, con préstamos participativos que las concesionarias podían solicitar para financiar los sobrecostes de expropiación que superasen el 175%. Según los datos del informe de 2014 (el último publicado) sobre el sector de autopistas de peaje en España que edita Fomento, la suma que deben las concesionarias por estos préstamos más los intereses alcanzaba ese año los 473,2 millones de euros.
El otro mecanismo es el de las llamadas cuentas de compensación, por las que las adjudicatarias podían pedir al Estado que les anticipara también vía crédito participativo la diferencia entre el 80% de los ingresos previstos y los ingresos reales de los peajes. Este último procedimiento se puso en marcha para paliar el déficit de tráfico que, según datos de Fomento, es de media un 45% inferior respecto a la predicción aportada por el Estado para justificar las concesiones. Las deudas por este concepto –incluyendo intereses– alcanzan los 80,8 millones de euros. La situación de quiebra de las autopistas hace poco probable la devolución de estos préstamos.
Fomento comenzó a denegar estos créditos a la concesionarias a partir de 2012, cuando el Gobierno dejó de consignar dinero para este apartado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Desde entonces, las dueñas de las autopistas no han cejado en su empeño de recibir este dinero recurriendo a los tribunales. Aunque la Audiencia Nacional ha fallado en varias ocasiones a su favor, la última palabra la ha tenido el Tribunal Supremo, que ha sentenciado que al no haber dinero consignado para este fin en las cuentas anuales no existe la obligación por parte de la Administración de asignarles fondo alguno.
03. Otras deudas con el Estado
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Además, las últimas memorias económicas depositadas en el Registro Mercantil por ocho concesionarias de las nueve autopistas que están en situación de concurso de acreedores recogen deudas con la Hacienda Pública de casi 48 millones de euros.
La gran parte de esa deuda corresponde a Accesos de Madrid, la concesionaria de las radiales madrileñas R-3 y R-5, que mantenía en 2014 una deuda con Hacienda de 38,27 millones de euros. Esa deuda tiene su origen en una deducción de IVA que la sociedad se aplicó por unas facturas por importe de 239,21 millones que nunca llegó a abonar a la empresa que le realizó los trabajos. La Agencia Tributaria detectó la irregularidad y le abrió una inspección en 2013. Accesos de Madrid firmó el acta "en conformidad".
Aunque en cantidades menores, también tienen deudas con Hacienda las concesionarias Aucosta (AP-47 Cartagena-Vera), que debía en 2014 un total de 2.939.141 euros; Autopista Madrid-Sur (R-4 Madrid-Ocaña), que en 2015 adeudaba 2.464.672 euros; Henarsa (R-2 Madrid-Guadalajara), que debía 711.709 euros en 2015; y Ciralsa (Circunvalación Alicante), que adeudaba 545.742 euros en 2014.
El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, avanzó este martes en un desayuno informativo que no será "nada fácil" lograr un acuerdo con los actuales acreedores de las nueve autopistas de peaje quebradas y en riesgo de liquidación ante la "dispersión" que actualmente presenta la titularidad de los 3.400 millones de euros de deuda que soportan las vías, en gran parte en manos de los fondos buitres a los que los originarios bancos acreedores han ido vendido el pasivo con importantes quitas.