El fiscal Fernando Maldonado ha asegurado este viernes que la subida de sueldos a los directivos aprobada por el consejo de administración de Caixa Catalunya en enero y octubre de 2010 supuso una "grave lesión a los intereses de la entidad" en una situación de crisis económica generalizada y de la entidad, por lo que lo considera dos delitos de administración desleal.
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Así lo ha expuesto en su informe final ante la Sección 8 de la Audiencia de Barcelona que juzga al expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, a su exdirector general, Adolf Todó, y a otros 39 acusados que formaban parte del consejo de administración que aprobó las subidas salariales en pleno proceso de fusión con Caixa Manresa y Caixa Tarragona. Para el fiscal, "la entidad era un gigante con pies de barro y los administradores no fueron ni ordenados empresarios ni representantes leales".
Maldonado ha constatado que, en un contexto de crisis extraordinaria en la entidad bancaria, de práctica insolvencia, en sus palabras, la subida salarial en dos consejos de administración, en enero y octubre de 2010, fue "inadecuada y delictiva". Ha citado un informe de junio de 2008 de un supervisor de Caixa Catalunya en el que planteaba que la entidad estaba en un escenario difícil con incremento de la morosidad y deterioro de los ratios de solvencia: "Eran nubarrones lo que caía" sobre la caja.
En su exposición, ha recalcado que Caixa Catalunya era la cuarta entidad de España pero necesitaba al Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob) —que en 2010 inyectó 1.250 millones de euros, y en 2012 otros 9.000— al ser una "entidad vulnerable", y ha resaltado que en plena subida de sueldos también se estaba negociando un ERE que acabó afectando a 1.600 trabajadores.
El fiscal Fernando Maldonado ha asegurado este viernes que la subida de sueldos a los directivos aprobada por el consejo de administración de Caixa Catalunya en enero y octubre de 2010 supuso una "grave lesión a los intereses de la entidad" en una situación de crisis económica generalizada y de la entidad, por lo que lo considera dos delitos de administración desleal.