Tres periodistas del periódico italiano Domani, socio de infoLibre en la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), se enfrentan a una condena de nueve años de cárcel, por presuntamente haber solicitado y recibido documentos confidenciales de un funcionario público. Al menos ésa es la acusación de la Fiscalía de Perugia contra Giovanni Tizian, Nello Trocchia y Stefano Vergine, que publicaron el conflicto de interés del ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto: cobró 2,3 millones de euros de la industria de armamento por trabajos de consultoría entre 2018 y 2021, de los que 1,8 millones fueron pagados por Leonardo. Además del tercer grupo industrial de defensa de Europa por facturación, Leonardo uno de los principales contratistas del Ministerio de Defensa italiano. El Estado posee el 30% de sus acciones.
Desde 2014, según publicó Domani, Crosseto –uno de los fundadores de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni– fue asesor de Leonardo, el mismo año en que asumió la presidencia de AIAD, la patronal italiana del sector. Además, en 2021 creó con su mujer y su hijo una firma de lobby armamentístico, Csc & Partners.
El ministro no ha negado nunca estos datos, pero en octubre de 2022, cuando se publicó la noticia, anunció una demanda por difamación que nunca llegó a presentar. Crosetto explicó que había asesorado a Leonardo “como presidente de la AIAD”. “No tenía una oficina en Leonardo y no respondía ante nadie en Leonardo”, aseguró al periódico. La ley italiana establece ciertos límites a las puertas giratorias, pero en la práctica no prohíbe a los empresarios o directivos ocupar cargos donde toman decisiones que afectan a sus antiguos contratadores.
“En estos nueve años he viajado por todo el mundo con los ministros de Defensa para vender nuestros productos en el extranjero, pero sólo como presidente de la AIAD. Nunca he vendido los productos de Leonardo al Estado italiano. Y como ministro de la República no me ocuparé directamente de las compras, porque las hacen los militares”, fue la respuesta que dio Crosetto cuando Domani el preguntó sobre las licitaciones multimillonarias que convoca su ministerio y a las que concurre Leonardo.
En lugar de la demanda por difamación, el ministro presentó una denuncia que la Fiscalía de Perugia ha convertido en una investigación contra los periodistas por revelación de secretos: no sólo por haber solicitado y recibido documentos confidenciales de un funcionario público, sino también por haber violado su confidencialidad publicando la información contenida en decenas de documentos judiciales. Según el escrito de acusación, los periodistas recibieron también documentos sobre empresarios, miembros de organizaciones delictivas y políticos, entre ellos Guido Crosetto. Hay 15 personas investigadas. No sólo los tres periodistas de Domani. También un funcionario de la Policía Financiera, Pasquale Striano, a quien se acusa de haber facilitado los documentos a los redactores, y su jefe, el fiscal Antonio Naudati. Se ha convertido en un caso nacional. Y la primera ministra Meloni ha declarado que el caso no tiene nada que ver con la libertad de prensa.
Contra la ley europea
Irónicamente, Perugia es la ciudad donde se celebra desde hace 18 años el Festival Internacional de Periodismo, que estos días de abril acaba de reunir a 600 profesionales de todo el mundo para debatir los problemas y amenazas que se ciernen sobre los informadores en un momento de especial agitación política.
Además, el Parlamento Europeo ha aprobado hace sólo un mes la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que pretende reforzar la protección de las fuentes periodísticas y regular estrictamente la posibilidad de que los tribunales las investiguen. Sólo se podrá hacer en un número limitado de delitos y por una “autoridad decisoria independiente e imparcial”. La decisión de la Fiscalía de Perugia podría ser, por tanto, una vulneración de la letra de esta recién estrenada ley europea.
También es un intento de “criminalizar el periodismo”, advierte Domani, que ha lanzado una campaña internacional de apoyo a sus reporteros. Sindicatos de periodistas como la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, y organizaciones como Reporteros sin Fronteras, Media Freedom Rapid Response, el Instituto Internacional de Prensa, ARTICLE 19 Europa y OBC Transeuropa, además de EIC, ya se han unido a ella. En España, lo han hecho también, además de infoLibre, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y elDiario.es.
Las claves de la ofensiva: demandas, censura, Scurati, la RAI
No es la primera vez que miembros del actual Gobierno italiano actúan contra Domani y otros medios de comunicación italianos: las conocidas como SLAPP –como se conocen en inglés los pleitos estratégicos pensados para silenciar e intimidar a periodistas, activistas o víctimas ante la presión jurídica y el elevado coste de su defensa legal–, demandas por daños y perjuicios e intimidaciones son cada vez más frecuentes en Italia, destaca el periódico.
“Si el poder ejecutivo pide al poder judicial que busque las fuentes de los artículos inoportunos sobre el Gobierno, y si luego el poder judicial persigue no sólo a las fuentes sino también a los periodistas, que hoy se arriesgan hasta a nueve años de cárcel, el riesgo concreto es que en Italia muera la libertad de prensa”, alerta el redactor jefe de Domani, Emiliano Fittipaldi.
De hecho, no dejan de aumentar los intentos del Gobierno italiano de limitar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Por ejemplo, el escritor Antonio Scurati acaba de ser censurado por la RAI, la televisión pública. Scurati tenía un acuerdo con la cadena para pronunciar un discurso sobre el fascismo, recordando la liberación de Italia de Mussolini, que se conmemora el próximo jueves. El discurso ha sido cancelado: según una nota interna, “por motivos editoriales”; según la presentadora del programa donde el escritor iba a leer su texto, porque pedía 1.800 euros a cambio. El texto será leído en varias plazas y teatros de Italia el próximo día 25.
Además, la Comisión de Supervisión de la RAI acaba de aprobar una enmienda al reglamento de la televisión pública, presentada por Hermanos de Italia, la Lega de Matteo Salvini y Noi Moderati, que permitirá a los miembros del Gobierno hablar sin limitación de tiempo y sin repreguntas en los espacios informativos de la próxima campaña a las elecciones europeas del mes de junio.
Hace una semana, Gianni Berrino, senador de partido de Meloni, propuso aumentar la pena por difamación hasta cuatro años y medio de cárcel. Ahora la pena es de un año. Y para rematar, una enmienda de los centristas de Azione a la Ley de Ciberseguridad prevé también aumentar la pena –hasta tres años de cárcel– para los periodistas que publiquen informaciones obtenidas mediante pirateo informático, escuchas telefónicas o violando el secreto de una investigación.
Peligra el periodismo de investigación
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El periodismo de investigación, y la libertad de prensa, en general, corren grave riesgo “si se impide el acceso a fuentes que filtren información secreta y si se dificulta la verificación de las noticias". "Entonces, es el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre noticias de interés público que el poder político y económico trata de ocultar el que terminará dañado”, advierte Domani en la carta en la que pide apoyo frente a las amenazas contra la libertad de expresión.
Uno de los periodistas acusados, Giovanni Tizian, alerta ante el “peligroso precedente” que puede sentar la acusación de la fiscalía si los jueces le dan la razón. “A partir de ahora, todos los ministros y políticos podrán dirigirse a las autoridades judiciales y pedir que se identifiquen las fuentes de los periodistas. Si se adopta este principio, el periodismo de investigación estará muerto”. Tizian pone el foco en Meloni: “No es sorprendente que todo esto ocurra en un momento histórico en el que gobierna Italia un partido de extrema derecha heredero de la cultura nostálgica de los 20 años gobernados por Mussolini”.
La acusación también se convierte en un aviso a navegantes, sostiene Stefano Vergine. “La decisión de perseguir a las fuentes de los periodistas es una advertencia dirigida a todos los periodistas italianos y a todas sus fuentes. El mensaje es claro: si estás dispuesto a revelar información confidencial, esto es lo que puede pasar”. Pero tiene consecuencias a más largo plazo y más allá del periodismo, apunta Nello Trocchia, el tercer periodista encausado: “Un país democrático que decide dejar en la sombra las noticias inoportunas para el poder político es un país débil y precario”.
Tres periodistas del periódico italiano Domani, socio de infoLibre en la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), se enfrentan a una condena de nueve años de cárcel, por presuntamente haber solicitado y recibido documentos confidenciales de un funcionario público. Al menos ésa es la acusación de la Fiscalía de Perugia contra Giovanni Tizian, Nello Trocchia y Stefano Vergine, que publicaron el conflicto de interés del ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto: cobró 2,3 millones de euros de la industria de armamento por trabajos de consultoría entre 2018 y 2021, de los que 1,8 millones fueron pagados por Leonardo. Además del tercer grupo industrial de defensa de Europa por facturación, Leonardo uno de los principales contratistas del Ministerio de Defensa italiano. El Estado posee el 30% de sus acciones.