Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado consideran que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y sus ocho consellers cometieron un delito de malversación porque desviaron fondos públicos para organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia. Para financiar el procès, el Gobierno catalán “burló” el control estatal de las cuentas de la Generalitat al que se someten voluntariamente las comunidades autónomas a cambio de obtener financiación, el conocido como Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Además, según iban sucediéndose los acontecimientos, el Gobierno de Carles Puigdemontsoslayó los controles adicionales que el Ejecutivo de Mariano Rajoy iba aplicando sobre las cuentas catalanas, según detallan la Abogacía y la Fiscalía del Estado en dos escritos de redacción casi idéntica.
Así, desde 2015 los fondos que la Generalitat recibía del Estado debían destinarse a financiar servicios públicos esenciales e incluso era el Estado el que pagaba directamente a los acreedores de la Administración catalana “contra remisión de las facturas, sin pasar por la comunidad autónoma”. En 2017 los controles aumentaron: las certificaciones mensuales que Hacienda exigía a los interventores de las consejerías pasaron a ser semanales y debían constatar que no se había gastado un euro en actividades relacionadas con el referéndum. Finalmente, todos los miércoles la Intervención General de Cataluña tenía que enviar a Hacienda un certificado final junto con los individuales e incluso informar de cualquier consulta que se le hubiera formulado desde las consejerías y que pudiera tener relación con el 1-O.
El Ejecutivo catalán reaccionó trasladando a los responsables de cada consejería, a Oriol Junqueras o a la interventora general, la firma de los certificados semanales. “Se trataba de mantener a los funcionarios al margen de las responsabilidades penales que pudieran generarse y concentrar toda la responsabilidad en los miembros del Gobierno de Cataluña y en la interventora general”, aclaran los escritos de acusación. Además, la interventora general dejó de remitir información a Hacienda. Al tiempo, la Generalitat autorizó a sus diferentes departamentos para que contrataran los servicios y actividades necesarias para el referéndum, según relatan los escritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
No obstante, ambas instituciones discrepan en el cálculo de las cantidades malversadas. La Fiscalía cifra en 3,07 millones la cantidad que la Generalitat destinó para celebrar el referéndum del 1-O. La Abogacía del Estado rebaja la cuantía a 1,97 millones de euros.
En esas cifras se incluyen desde las campañas de publicidad institucional hasta la cartelería y el material electoral, la elaboración del censo o la contratación de observadores internacionales.
LAS DIFERENCIAS
Colegios electores
Una de las causas de esa diferencia de cifras estriba en los 900.906,7 euros en que la empresa pública Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio) ha tasado el coste económico que supuso el uso durante el 1 de octubre de los 2.259 locales que la Generalitat habilitó como colegios electorales colegios electorales. La Fiscalía incluye esa tasación pericial como parte del total malversado; la Abogacía del Estado no.
El pasado mes de abril, en plena batalla judicial por la extradición de Carles Puigdemont, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sembró la polémica cuando, en una entrevista en el diario El Mundo, negó que el procès se hubiera sufragado con fondos públicos. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, descartó. Montoro defendía así los sistemas de control sobre las cuentas catalanas en vigor. Y precisaba que la malversación no se producía sólo con el desvío de fondos, sino también con el uso ilegal de bienes públicos, como las escuelas y centros de atención primaria usados como colegios electorales.
Entonces el juez Pablo Llarena, que también acusaba a Puigdemont de malversación, calculaba que se habían gastado 1,6 millones de euros públicos en organizar el referéndum.
Carteles
Además, la Fiscalía incluye el coste de la cartelería encargada para el referéndum a tres empresas, Artiplan, Marc Martí y Global Solutions: 38.431,2 euros. La Abogacía del Estado, por el contrario, dice que “no consta la cuantía de fondos públicos” que fueron destinados a esta actividad, pero sí aclara que el encargo lo hizo el Departamento de Presidencia “simulando que el pedido lo efectuaba Òmnium Cultural”.
The Hague Centre for Strategic Studies
En la contratación de observadores internacionales, una partida que la Abogacía cifra en 334.675,5 euros, se produce la tercera discrepancia. La Fiscalía añade un contrato firmado con The Hague Centre for Strategic Studies, una entidad con sede en Holanda, por el que se hicieron dos transferencias bancarias por importe de 58.250 y 61.450 euros, además de comprometerse el abono de otros 47.365 euros. El escrito del fiscal atribuye el pago al director de la Delegación de la Generalitat en la UE, Amadeu Altajaf, puesto que el contrato se camufló como un “servicio de asesoramiento para mejorar la acción exterior multidimensional” del Gobierno catalán en el ámbito de la Unión Europea.
LAS COINCIDENCIAS
En el resto de las partidas supuestamente malversadas coinciden al milímetro la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)
Se trata de una entidad pública adscrita a Presidencia donde se crearon las páginas web –como referéndum.cat– plataformas y programas informáticos que dieron soporte digital a la información, publicidad y recuento de votos del 1-O, aseguran ambas instituciones, que dicen desconocer la cuantía exacta de lo que costaron esos trabajos.
Campañas institucionales
En publicidad institucional el Gobierno catalán se gastó un total de 657.263,96 euros, según los escritos de acusación. Organizó tres campañas. Una fue internacional, que se contrató con Havas Media Group por importe de 110.263,51 euros. Otra tenía como motivo el registro de residentes en el exterior, que se encargó a Estudi Dada, a la UTE Nothingad y Kardumen, a Focus Media y a una trabajadora autónoma que diseñó la página pactepelreferendum.cat. Según los escritos de acusación, aunque una parte de estas facturas no se abonó por la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, las empresas reclaman su cobro por unos servicios que prestaron. Es obligado, por tanto, afrontar su pago, concluyen. Una tercera se llamó Civisme y se contrató con Carat y con Focus Media, pero ambas firmas “renunciaron al percartarse de que se trataba de propaganda del referéndum ilegal bajo la pantalla irreal del objeto formal de la campaña cívica”, destaca la Abogacía del Estado. De forma que Presidencia le encomendó la tarea a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), un organismo público que produce contenidos audiovisuales relacionados con la normalización lingüística y cultural. “Se encargó como campaña política, sujeta por ello a una tarifa superior a la de las institucionales”, asegura la Fiscalía.
La CCMA envió dos facturas por importe de 93.179,56 y 184.624,85 euros que, sin embargo, no se abonaron. La corporación las ha reclamado y prevé también hacerlo por la vía judicial si no se le pagan. “En todo caso”, apuntan ambos escritos, “el erario público sufrió un detrimento derivado del gasto comprometido por la difusión de la campaña o de su coste, asumido por la CCMA, que emitió esos anuncios en lugar de otros que hubieran determinado los correspondientes ingresos”.
Envío de papeletas y citaciones
Unipost facturó un total de 979.661,96 euros a la Generalitat por el suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones a los miembros de las mesas electorales. El encargo se dividió entre cinco departamentos –Economía, Presidencia, Trabajo, Salud y Cultura– con el fin de ocultarlo, resaltan la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Tampoco constan en este caso como abonadas las facturas, que fueron anuladas después por Unipost, una empresa en concurso de acreedores desde junio de 2017. Según la Abogacía, la administración concursal ha realizado gestiones para cobrar la deuda. Como en el caso anterior, los escritos de acusación consideran que, al haber prestado Unipost el servicio, existe un crédito contra el erario público “con independencia del devenir de las facturas” y lo contabilizan como dinero malversado.
Acción exterior
En este apartado Fiscalía y Abogacía incluyen la creación del Departamento de Asuntos Exteriores a cuyo frente se encontraba Raül Romeva. En 2017 aumentó su presupuesto un 107%, hasta alcanzar los 64 millones de euros. Con ese dinero se aumentaron las delegaciones del Gobierno catalán en el extranjero de cinco a 17. Además, el departamento desplegó una intensa actividad diplomática “paralela”, dicen los escritos de acusación, a través de Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, un consorcio público pagado íntegramente con fondos igualmente públicos. Fiscalía y Abogacía del Estado consideran que actuaba “como herramienta privilegiada de lobby”, difundiendo el mensaje independentista en el extranjero. Por ejemplo, la Delegación de la Generalitat en Estados Unidos firmó un contrato con la consultora SGR Government Relations and Lobbying por importe de 60.000 euros. A cambio, organizó reuniones con medios de comunicación, cámaras de comercio y funcionarios de EEUU. En ese trabajo incluyen los escritos un artículo de Puigdemont publicado en The Washington Post y una entrevista que le hizo The New York Times.
El departamento de Romeva también se encargó de alojar páginas web clonadas –más de 140– en dominios y servidores de terceros países, para evitar ser intervenidos por la justicia. Algunos de estos dominios se encontraban en Samoa Occidental, Estados Unidos, Bélgica o Rusia. Y también costaron dinero.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado consideran que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y sus ocho consellers cometieron un delito de malversación porque desviaron fondos públicos para organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia. Para financiar el procès, el Gobierno catalán “burló” el control estatal de las cuentas de la Generalitat al que se someten voluntariamente las comunidades autónomas a cambio de obtener financiación, el conocido como Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).