Banco Santander y Evo Banco son los más recientes. Bankia comenzará el 2 de enero a negociar su propio plan con los sindicatos. Aunque la prejubilación no existe como figura legal ni está reconocida en la Seguridad Social, se ha instalado como una de las fórmulas favoritas de empresas, y sindicatos, para recortar plantilla. La consideran una medida menos traumática que el despido. Y en algunos sectores, como la banca o las grandes compañías, llevan aparejadas condiciones que las han convertido en envidiables para el resto de los trabajadores.
Tras adquirir el Banco Popular, el Santander pagará a los empleados mayores de 50 años el 80% del salario –hasta un máximo de 380.000 euros–, así como una prima según su antigüedad de hasta 30.000 euros y otra de 2.000 euros por cada trienio. Además, la entidad les abonará las cotizaciones a la Seguridad Social hasta los 63 años. En Evo Banco, a los trabajadores de más de 56 años se les pagará también el 80% del salario hasta los 63 años.
Bankia ya ha anunciado que ofrecerá a sus empleados por encima de los 57 años prejubilaciones que incluirán un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años. El porcentaje del salario que mantendrán los trabajadores aún está por determinar. El objetivo es recortar la plantilla en un 14%, 2.510 personas del total de 17.531 de que se compondrá su nómina cuando Bankia se fusione con Banco Mare Nostrum (BMN).
Pero no hace falta que se den circunstancias especiales –una absorción, una fusión o pérdidas, como Evo– para prejubilar a parte del personal. Caixabank, por ejemplo, ha aplicado dos planes de prejubilaciones en sólo seis meses, con los que se ha deshecho de casi un millar de empleados: 350 mayores de 56 años en enero y 610 mayores de 58 en mayo. Rejuvenecer la nómina de personal le ha costado a la entidad catalana 456 millones de euros sólo este año. Desde 2013, entre bajas incentivadas y prejubilaciones, Caixabank ha reducido su plantilla en más de 7.000 empleados. En los dos últimos planes sólo pagaba el 70% del salario a sus prejubilados. En el de 2016 llegó al 75%.
Desde los 48 años
Entre las grandes compañías, Iberia también es una asidua. El pasado septiembre firmó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario para 955 trabajadores. A los que quieran prejubilarse se les garantiza el 80% del salario a partir de los 58 años y hasta los 60, cuando se rebaja al 75% hasta los 65 años. Iberia ganó 84 millones de euros en 2016, por lo que justifica la medida en causas técnicas, organizativas y productivas. Éste es el tercer ERE que presenta la aerolínea desde 2013. En total, ha reducido la plantilla en 5.265 trabajadores. Para prejubilarlos, a partir de los 55 años en el caso de los tripulantes de cabina y de los 58 años para el personal de tierra, pagó hasta el 80% del salario en 2014, pero hasta el 90% en el ERE de 2013.
Este año también Cordoníu y Deoleo han ofrecido retiro anticipado a sus empleados y en condiciones ventajosas: hasta el 90% del salario a partir de los 56 años en el caso del fabricante de cava y a partir de los 58 años en el de la aceitera. Siemens Gamesa se queda en el 70% del salario anual, pero quiere prejubilar antes a sus trabajadores, a los 55 años.
Pero la reina de las prejubilaciones es Telefónica. Su plan de 2011 para deshacerse de 6.500 trabajadores, el 20% de su plantilla de entonces, después de haber obtenido unos beneficios de 10.167 millones de euros, los mayores de su historia hasta entonces, se convirtió en un escándalo puesto que el coste del retiro anticipado para quienes habían cumplido sólo 53 años sería sufragado en buena parte por las arcas públicas. En concreto, las prestaciones de desempleo que cobran los prejubilados, y sus correspondientes cotizaciones, hasta un máximo de dos años. En otro ERE anterior, en 2008, incluso ofreció retiro anticipado a partir de los 48 años, con el 70% del salario garantizado hasta los 61 años y el 34% desde esa edad hasta los 65 años.
El anuncio dio pie al Gobierno del PSOE a aprobar la que luego se conoce como enmienda Telefónica, en realidad una disposición de la ley de 2011 que reformó el sistema de pensiones públicas. Desde entonces, las grandes empresas con beneficios deben hacer una aportación al Tesoro Público para sufragar el coste en prestaciones y cotizaciones de los trabajadores mayores de 50 años que despidan. La enmienda fue modificada posteriormente dos veces por el Gobierno del PP, primero para rebajar el tamaño de las empresas afectadas, de 500 a 100 trabajadores, después para incluir a las compañías que tengan pérdidastengan pérdidas pero hayan cerrado con beneficios los dos años anteriores al ERE, o vuelvan a obtenerlos dos años después. En ese momento también se restringió el pago al Tesoro a las empresas que despidan a un porcentaje de trabajadores mayores de 50 años superior al porcentaje de la plantilla que exceda de esa edad.
334 millones recaudados en cuatro años
El caso es que el Gobierno no se dio mucha prisa en recaudar ese dinero de las mayores compañías. No redactó el reglamento correspondiente hasta el 29 de octubre de 2012, pero tardó tanto en fijar la fórmula para calcular la aportación de las empresas que no empezó a recaudar hasta bien entrado 2013, dos años después de aprobarse la enmienda Telefónica. Los ingresos, además, no sólo han sido lentos, sino también de cuantía muy inferior a la prevista. Las empresas se han resistido a pagar tanto como han podido, discutiendo los cálculos de Empleo y recurriéndolos. Sin embargo, la Audiencia Nacional falló en 2015 a favor del ministerio, a instancias de una demanda presentada por el Grupo Raga: la enmienda Telefónica es “socialmente loable” porque evita el impacto de la crisis económica sobre los trabajadores mayores de 50 años.
Así, hasta octubre 2013 sólo dos empresas habían pasado por caja y pagado 946.456 euros, según le respondió el Gobierno por escrito al diputado de UPyD Álvaro Anchuelo. Al año siguiente, la cifra ascendió a 82,79 millones de euros, tal y como consta en la respuesta del Ejecutivo a otra pregunta del diputado de CiU Carles Campuzano. Según el informe anual del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondiente a 2014, al acabar ese ejercicio el Gobierno había reclamado a un total de 23 empresas 141,14 millones por el despido de 7.102 trabajadores mayores de 50 años. De ellos, el 85% eran empleados de Telefónica prejubilados en 2011. Y de esos 141 millones, 123 correspondían a la aportación exigida a la operadora. El resto se lo repartían la empresa de ingeniería Asea Brown Boveri (ABB), Nokia Siemens, Schweppes, las farmacéuticas Pfizer y Boehringer, la editorial RBA y el dueño de Burger King y Foster’s Hollywood, Zena Grupo de Restauración. Pero también la ONG Greenpeace, las academias Femxa y un único banco, Barclays.
En 2015 el número de empresas subió a 32 y la cifra ingresada a 229,4 millones de euros. Los trabajadores prejubilados fueron 7.899. El País, Retevisión, Securitas y Johnson & Johnson se añadieron a la lista de contribuyentes al Tesoro, así como Banco Caixa Geral y Cajas Rurales, así comootras dos farmacéuticas: Sanofi y Laboratorios Leo Pharma.
El último dato que ofrece Empleo sobre el dinero recaudado corresponde a 2016: reclamó 368 millones de euros a 33 empresas, pero ha ingresado 334 millones por el retiro anticipado de 9.215 mayores de 50 años. De ese importe y de esa cifra de trabajadores Telefónica sigue siendo el mayor contribuyente: 276 millones por 6.620 trabajadores prejubilados. Banca Cívica, Danone y Duro Felguera también hicieron sus pagos.
Por tanto, la cantidad ingresada por el Tesoro Público a lo largo de estos cuatros años –de 2017 Empleo no facilita datos– es sólo la cifra que en 2011 Telefónica se comprometió a pagar al Estado por el ERE presentado entonces, 350 millones de euros según hizo público el ministerio que dirigía Valeriano Gómez.
Sin blindaje
En definitiva, el pago de esta aportación, pese a las protestas de las empresas cuando empezó a aplicarse –“Encarecen en 100.000 euros el despido de cada trabajador”, alegaban– no desincentiva el recurso a las prejubilaciones para recortar plantilla. Si la medida se había diseñado como una penalización para “blindar” –es el término utilizado por la Audiencia Nacional en su sentencia– a los trabajadores más vulnerables, a los que por su edad les resulta más difícil volver a ser contratados, no ha tenido mucho éxito. Quienes superan los 50 años no están protegidos en caso de que la empresa quiera reducir plantilla, pero lo cierto es que las ventajosas condiciones de las prejubilaciones les proporcionan después un tránsito abrigado hasta el retiro definitivo.
Por ejemplo, los trabajadores de Telefónica con más de 53 años y 15 años de antigüedad tienen ahora hasta marzo para apuntarse a un nuevo plan que les promete el 68% del salario hasta alcanzar la edad legal de jubilación. Por el contrario, la banca se precia de haber pagado íntegramente los múltiples ERE que ha acometido en estos años de brutal restructuración –80.000 empleos recortados– sin cargar su coste al Estado. Con la excepción de las entidades reseñadas más arriba.
Como la prejubilación no existe como concepto legal o en las clasificaciones de la Seguridad Social, Empleo no facilita cifras sobre cuántos trabajadores se encuentran en esta situación que transita entre el desempleo y el retiro definitivo. La Seguridad Social sí registra el número de convenios especiales suscritos con trabajadores mayores de 55 años, que les permiten seguir cotizando hasta llegar a la edad de jubilación. A fecha de noviembre, contaba un total de 8.589 asalariados por encima de esa edad e incluidos en un ERE. El máximo se alcanzó en 2015, cuando estaban en vigor 13.443 convenios. En 2012 sólo había 3.883. Pero la Encuesta de Población Activa (EPA) revela que el número de parados entre 55 y 59 años –hasta 2013 los despedidos podían jubilarse a los 61 años, ahora no antes de los 63—asciende a 344.400 personas. Si se añaden los que tienen entre 60 y 64 años, la cifra se eleva hasta 514.900 personas.
Banco Santander y Evo Banco son los más recientes. Bankia comenzará el 2 de enero a negociar su propio plan con los sindicatos. Aunque la prejubilación no existe como figura legal ni está reconocida en la Seguridad Social, se ha instalado como una de las fórmulas favoritas de empresas, y sindicatos, para recortar plantilla. La consideran una medida menos traumática que el despido. Y en algunos sectores, como la banca o las grandes compañías, llevan aparejadas condiciones que las han convertido en envidiables para el resto de los trabajadores.