De disuadir a las mujeres de que aborten a colocarlas como empleadas del servicio doméstico. La Fundación Madrina nació en 2001 en un piso del barrio madrileño de Tetuán para dar apoyo a “la mujer madre” y a las “embarazadas en dificultad y sin recursos”. Trece años después ha extendido su actividad a la intermediación laboral y a la formación para el empleo. Dice que atiende a unas 800 mujeres al año y consigue trabajo al 30% de ellas. En realidad, no sólo a las mujeres, sino también a sus parejas y familiares. El problema es que lo hace sin contar con la autorización que el Servicio Público de Empleo exige a cualquier entidad que quiera funcionar como agencia privada de colocación. Y que buena parte de las mujeres a las que consigue trabajo, fundamentalmente como empleadas del servicio doméstico, no son dadas de alta en la Seguridad Social. Muchas ni siquiera tienen permiso de trabajo.
“Por ley se supone que sí, que tienes que darla de alta y hacerle un contrato, pero si no quieres, no pasa nada, es decisión tuya”, explicó la orientadora laboral de la fundación a esta periodista cuando llamó para solicitar una empleada de hogar. “Y si tienes algún reparo porque no cuenten con papeles, no pasa nada, nosotros te mandamos sólo a las chicas que tengan todo en regla”, responde después al preguntarle por el permiso de trabajo de las candidatas. La orientadora asegura que el 90% de las mujeres que atiende la Fundación Madrina, unas 3.000 al año, son inmigrantes. Poco después la orientadora facilita los nombres y números de teléfono de cuatro mujeres “con muchísimas ganas de trabajar”.
En realidad, la fundación lo dice muy claro en su página web: “El servicio es exclusivamente de intermediación laboral y en ningún caso Fundación Madrina se hará responsable de posibles eventualidades en la relación laboral entre la candidata/o y su empleador/a”. “Las condiciones económicas y laborales serán acordadas entre empleador y empleado. Fundación Madrina no interviene en estos acuerdos”. En cualquier caso, la orientadora avanza que unos nueve euros la hora, si no media un contrato, es una tarifa aceptable. Siete euros si hay que descontarle la cotización a la Seguridad Social.
infoLibre se puso en contacto con el presidente y fundador de Madrina, Conrado Giménez Agrela, quien declinó cualquier declaración alegando que la fundación estaba siendo sometida a una auditoría. En su página web figura el plan de actuación de Madrina para 2013. La última memoria de sus actividades corresponde a 2011. En ella se explica que, como resultado de la crisis económica, la Unidad Laboral de la fundación ha tenido que ampliar su actividad a la “prospección empresarial con su parte de intermediación laboral”, al “acompañamiento y seguimiento en el empleo” e incluso a la atención jurídica en casos de lo que denomina “mobbing maternal”: el acoso laboral a las gestantes para evitar que sus compañeras de trabajo se queden embarazadas. La recesión también ha obligado a Madrina, dice la memoria, a extender su servicio de orientación e intermediación laboral a la “red familiar” de las mujeres.
Itinerarios personalizados, entrevistas y cursos de formación
Así, de los 389.937 euros a los que ascendió su presupuesto para 2013, un total de 42.777 se destinaron a su Proyecto de Formación, Empleo y Emprendimiento. Lo atiende una orientadora laboral, un psicólogo y cinco voluntarios, se detalla en el plan de actuación. Según la memoria, la fundación ofrece una “tutoría individualizada” a las mujeres. Se las somete a “una entrevista ocupacional”, se les traza un “itinerario personalizado de integración sociolaboral y búsqueda activa de empleo”, y reciben “acciones formativas grupales” en las que se imparten “talleres de desarrollo de aspectos personales para la ocupación y de búsqueda activa de empleo”. También de alfabetización, cocina, camarera, cuidado de niños y mayores, limpieza, estética y peluquería.
Además, la fundación cuenta con una red de empresas “sensibilizadas maternalmente” a las que proporcionan trabajadoras. La memoria de 2011 cita al Grupo Vips, Cortefiel, Grupo Konecta y Mercamadrid, entre otras. La orientadora laboral de Madrina asegura que el 10% de sus usuarias han sido contratadas por estas empresas.
Se trata de mujeres inmigrantes en casi un 90%, de las que el 40% carece de permiso de trabajo y el 52% no tiene más que la ESO, detalla la memoria de 2011.
En resumen, Fundación Madrina ofrece un programa completo de intermediación laboral al uso, con itinerarios personalizados, cursos de formación y un servicio de intermediación laboral enfocado principalmente al sector del empleo doméstico.
Un sector regulado por partida doble
Desde abril de 2013, el empleador está obligado a dar de alta en la Seguridad Social, hacerle un contrato y entregarle nóminas a su trabajadora del hogar si presta servicios durante más de 60 horas mensuales. Desde 2012 estas trabajadoras están integradas en el Régimen General de la Seguridad Social, por lo que tienen los mismos derechos que cualquier otro asalariado, desde las vacaciones y la baja por enfermedad hasta la pensión, aunque carecen de derecho a la prestación de desempleo.
Y desde 2012 han tomado carta de naturaleza las agencias privadas de colocación, que compiten con los servicios públicos de empleo, el antiguo Inem, en la búsqueda de trabajo para los parados. Están sometidas a un régimen de autorización previa.
“Entidades benéficas, plataformas digitales, hasta particulares en pisos, todos ellos se dedican a proporcionar empleadas domésticas en un mercado furtivo que llega al 80%”, se queja Bartolomé Calle, presidente de Interdomicilio, una empresa de Zaragoza del sector. Se calcula que en España hay unas 800.000 empleadas domésticas. La Seguridad Social registró en noviembre 427.577 cotizantes. El resto pertenece a la economía sumergida. El hecho de que Fundación Madrina sea una entidad benéfica no la exime de los requisitos legales a que están sometidos tanto el sector del empleo doméstico como las agencias de colocación. “Hay centros de acogida de Cáritas que se han convertido en agencias de colocación con todos los permisos”, apunta Begoña Muñagorri, directora general de Sehogarsystem.
Interdomicilio pertenece, al igual que Sehogarsystem, a un sector de reciente implantación en España, el de los servicios a personas. Nació con el nuevo siglo y no termina de despegar, lamentan las empresas, por falta de incentivos fiscales a los particulares para que contraten “por lo legal” a quienes cuidan de sus hijos, de sus parientes mayores o de sus propias casas. También se quejan de la competencia desleal. Y de la presión a que las somete la Inspección de Trabajo. Los inspectores no pueden entrar en un domicilio particular para comprobar si la empleada está dada de alta en la Seguridad Social. “Pero a mí me han hecho dos inspecciones en un año: me pidieron horarios, facturas… lo pusieron todo patas arriba”, protesta Bartolomé Calle.
Tanto Interdomicilio como Sehogarsystem están autorizadas como agencias privadas de colocación. Es decir, están obligadas a respetar la Ley de Protección de Datos de sus clientes o a enviar informes mensuales de su actividad al SEPE y a llevar una contabilidad separada del resto de sus actividades, entre otros múltiples requisitos. Por supuesto, están obligadas a cumplir la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social: no pueden ofrecer empleadas del hogar en negro. Las multas por no dar de alta en la Seguridad Social a un trabajador oscilan entre 626 y 6.250 euros. Por carecer de permiso para funcionar como agencia de colocación las sanciones se sitúan entre 6.000 y 12.000 euros.
“Dignificamos el sector dando cobertura social a las trabajadoras, el cliente tiene un servicio sin ningún riesgo –accidente o baja de la empleada–, incluimos un seguro de responsabilidad civil, le damos seguridad y tranquilidad”, resume Bartolomé Calle. Y todo ello “tiene un coste”. Sus empleadas cobran unos 10,90 euros la hora. “Eso no es mucho más de los nueve euros que se pagan a las que trabajan en negro”, advierte, “y no es demasiado para alguien a quien confías las llaves de tu casa o el cuidado de tus hijos”.
Subvenciones de las administraciones del PP
La orientadora laboral de Madrina reconoció a infoLibre que la fundación carece del permiso del SEPE. Y fuentes del sector de las agencias privadas de colocación aseguran que el organismo, dependiente del Ministerio de Empleo, conoce el caso porque lo ha denunciado. La Fundación Madrina se financia hasta en un 26%, según la memoria de 2011, con subvenciones públicas. En el plan de actuaciones de 2013 cifra en 73.000 euros el importe de esas ayudas. Otros 209.000 euros proceden de “aportaciones privadas”.
En efecto, el Ayuntamiento de Madrid le concedió un total de 59.000 euros de 2007 a 2011 para tareas de “reinserción laboral de jóvenes madres” y “asistencia a familias monoparentales”. De la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid consiguió la Fundación Madrina 42.177 euros en 2013 y 2014 por su “servicio integral a la mujer, la madre y la infancia”. El Ministerio de Educación le otorgó 11.304 euros el año pasado por escolarizar a mujeres. Y el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad, acaba de aprobar una ayuda de 47.857 euros, para este año y el próximo. Se trata de una subvención para entidades sin ánimo de lucro que se dediquen a la “inserción laboral e integración social de mujeres con especiales dificultades”. Los fondos proceden del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo, que nutren Noruega, Islandia y Liechtenstein, y tiene por objeto reducir las desigualdades económicas y sociales en la Unión Europea.
Contra el aborto y apoyando a Vox
Al menos hasta ahora, la Fundación Madrina era conocida sobre todo en las clínicas que practican abortos y en las asociaciones que defienden la libre elección de la mujer. En su página web no hay mención alguna a la interrupción del embarazo, tampoco referencias religiosas. Sin embargo, en la memoria de 2011 cifran en un 50,8% el número de mujeres que han atendido por “dudas e inseguridades relacionadas con la continuación del embarazo o bien su interrupción voluntaria” y en otro 10% el de las que padecen “síndrome posaborto”.
“La previsible pérdida de recursos económicos y del empleo como consecuencia de un embarazo, unido a la pérdida del apoyo de la pareja, constituyen la causa principal del aborto provocado. En menores influye el miedo y la decisión de la familia”, explica la fundación en su memoria. Según precisa el documento, la media de abortos por madre, entre las mujeres que atendió ese año Madrina, “gira en torno a tres”. Pero sitúa el máximo por mujer en 10 abortos, en un caso de 2011.
Trabajadoras del hogar reclaman la incorporación del colectivo al régimen general de la Seguridad Social
La orientadora laboral reconoce que la fundación es “católica”. También su fundador, Conrado Giménez Agrela, a tenor de las entrevistas y declaraciones que ha concedido a los medios de comunicación desde que dejó el banco donde trabajaba y se dedicó a la asistencia a mujeres embarazadas y madres en dificultades. “Me apoyo sólo en Dios y en la Virgen”, confesaba en el programa Camino Católico de Intereconomía en noviembre de 2012, “el único momento donde encuentro paz es en la adoración, donde le digo al Santísimo que es mi único apoyo y mi única seguridad”.
En 2011 una periodista de El País se hizo pasar por una mujer con dudas ante un aborto y publicó la entrevista que mantuvo con Giménez Agrela en su despacho de la fundación. La conversación incluyó un vídeo titulado El big bang de la vida, en la que pueden verse imágenes de fetos muertos. Es el mismo título que Giménez Agrela utilizó para titular un artículo que publicó en el diario La Razón en mayo de 2013 y donde defendía que la maternidad significa la “plenitud de la feminidad”.
“Nueve de cada 10 mujeres en situación de maternidad son excluidas del entorno laboral. ¿Cómo resuelve el Estado este problema? Quitando a uno de los dos individuos: el menor […] Se da una solución sanitaria a un problema social y laboral de las mujeres”, explicaba en una entrevista concedida a Europa Press en diciembre de 2010. El pasado 18 de noviembre niños de la Fundación Madrina hicieron de “testigos” en la firma del compromiso por la vida y los valores del partido ultraconservador Voxpartido ultraconservador.
De disuadir a las mujeres de que aborten a colocarlas como empleadas del servicio doméstico. La Fundación Madrina nació en 2001 en un piso del barrio madrileño de Tetuán para dar apoyo a “la mujer madre” y a las “embarazadas en dificultad y sin recursos”. Trece años después ha extendido su actividad a la intermediación laboral y a la formación para el empleo. Dice que atiende a unas 800 mujeres al año y consigue trabajo al 30% de ellas. En realidad, no sólo a las mujeres, sino también a sus parejas y familiares. El problema es que lo hace sin contar con la autorización que el Servicio Público de Empleo exige a cualquier entidad que quiera funcionar como agencia privada de colocación. Y que buena parte de las mujeres a las que consigue trabajo, fundamentalmente como empleadas del servicio doméstico, no son dadas de alta en la Seguridad Social. Muchas ni siquiera tienen permiso de trabajo.