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La gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) va mejor en 2021 que en 2020, pero el reparto de esta renta entre la población en riesgo de pobreza no termina de cuajar. De los 2.988 millones presupuestados para este ejercicio, el Ministerio de Seguridad Social apenas ha desembolsado un 23% (695 millones) entre enero y mayo, los primeros cinco meses, ha confirmado el departamento de José Luis Escrivá. La cuantía corresponde a la ejecución presupuestaria del ministerio que elabora la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
En los cinco primeros meses de este año, el ministerio tenía que haber desembolsado alrededor de 1.220 millones de euros (el 41% de lo consignado vía Presupuestos Generales) para que esta prestación cumpliera con los objetivos marcados por el Gobierno.
Ya la Autoridad Fiscal Independiente (AiRef) estimó hace dos meses que el Gobierno gastaría la mitad de lo presupuestado para este 2021, es decir, que se usarán 1.500 millones en lugar de los casi 3.000. El periodo analizado por la IGAE va del 1 de enero al 31 de mayo, y desgrana por un lado el presupuesto y por otro las obligaciones reconocidas y los pagos consignados. Estos dos últimos conceptos (obligaciones y pagos) coinciden (695 millones de euros).
En 2020 el presupuesto ejecutado fue todavía más bajo para los siete meses que estuvo en funcionamiento (de junio a diciembre). En total, 492 millones. Lo normal, explican en Seguridad Social, es que cada mes la ejecución aumente exponencialmente. "La cantidad de la nómina va creciendo cada mes ya que muchas prestaciones se aprueban y conllevan pagos de forma retroactiva", señalan en el ministerio.
El objetivo de llegar a 850.000 hogares en diciembre de 2020 está lejos de cumplirse todavía ahora. A finales de mayo pasado, Escrivá comunicó que recibían esta renta unas 300.000 familias, menos de la mitad de lo deseable para Seguridad Social. En mayo el gasto fue de 185,90 millones de euros.
Los colectivos y sindicatos consultados llevan un año -el IMV nació en junio del curso pasado- apuntando contra las excesivas trabas burocráticas que impuso el ministerio para acceder al ingreso. "La crueldad del Ministerio de Seguridad Social se manifiesta en los trámites burocráticos infranqueables que han dejado a miles de familias que viven en la extrema pobreza sin esta paga", lamenta José Manuel Pérez Ramírez, portavoz de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el colectivo de referencia del sector. "Si me dejaran ahora mismo el BOE, modificaba tres o cuatro requisitos inmediatamente para beneficiar a miles de hogares más", ironiza.
Este profesional de los Servicios Sociales se refiere a requisitos que perduran en la actualidad para acceder a la renta. Como por ejemplo, no haber superado el 50% de los ingresos del IMV en 2019 (cuya cuantía va desde 461,5 euros para hogares compuestos por una persona hasta 1.015 euros para familias con cinco convivientes). "La pobreza es el presente. Uno es pobre en el presente, no en el pasado. En 2019 no había pandemia ni una recesión derivada del covid-19. Uno puede convertirse en pobre en 2020 porque ha perdido el empleo", subraya Pérez Ramírez.
Coincide con esta percepción Carlos Pereda, portavoz de la asociación RMI Tu Derecho, que trabaja para ayudar a quienes reciben las rentas mínimas de inserción. "A los ERTE el Gobierno le dedicó en 2020 más de 20.000 millones. A los distintos tipos de ayudas o avales a empresas, más de 7.000 millones. Y al IMV, 492 millones. ¡En España hay más gente en situación de pobreza que autónomos", exclama Pereda. "Ni siquiera el Ingreso Mínimo permite nada más allá de un alivio a los hogares que lo perciben. Los pobres suelen estar ahogados en deudas y viven del alquiler, que se come gran parte de sus ingresos. De momento, el diseño del IMV no resuelve ni de lejos el problema de la pobreza".
El Ingreso Mínimo Vital sigue sin llegar al 92% de la población más vulnerable
Sin ley hasta otoño
También los sindicatos cargan contra la gestión de la prestación. "Tiene que haber una reforma profunda para que el Ingreso Mínimo llegue a mucha más gente", clama Ana Isabel Gracia Villanueva, responsable de Políticas Sociales de UGT. "CCOO y nuestro sindicato hemos planteado una serie de modificaciones que harían del IMV algo mucho más ambicioso", agrega.
Pérez Ramírez, de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, critica también la decisión del Congreso "de posponer al otoño la ley del Ingreso Mínimo Vital"; con dicha ley, se podrían corregir los errores y trámites burocráticos que a día de hoy impiden a muchos hogares acceder. "Para los grupos políticos, la extrema pobreza no es una prioridad. Ese es el mensaje que están mandando".
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