La Generalitat valenciana excluye al 82% de los candidatos de una oposición por tener más titulación de la exigida

La Generalitat valenciana ha excluido al 82% de los candidatos que se presentaron a un concurso oposición para cubrir siete plazas de especialistas informáticos. De las 210 personas que acudieron, sólo 38 han sido admitidos. El motivo para rechazar a los 172 restantes es el mismo: están sobrecualificados para el puesto. La convocatoria exige a los candidatos estar en posesión del grado medio de Formación Profesional en informática y los excluidos son ingenieros y licenciados informáticos, muchos de llos interinos con hasta siete años de experiencia en los puestos que ahora salen a concurso, operadores y analistas-programadores del grupo C1. Es decir, la Generalitat les descarta para ocupar los mismos empleos que llevan desempeñando casi una década.

En la misma situación se van a encontrar los interinos con título de ingeniero superior o licenciado que quieran presentarse a otro concurso oposición de próxima convocatoria, también para informáticos, pero del grupo A2. Se exige el título de ingeniero técnico o diplomado. Una cualificación superior excluye automáticamente al candidato.

También han sido rechazados por el mismo motivo los interinos con titulación superior que intentaron pujar por sus plazas de agentes medioambientales. La Generalitat sólo exige el grado medio de FP en Trabajos Forestales. Igualmente son plazas del grupo C1.

Un portavoz de la Conselleria de Justícia explica a infoLibre que el Gobierno valenciano se limita a cumplir la ley, en este caso la Ley de la Función Pública autonómica. Para cada grupo, precisa, se exige una titulación concreta o “equivalente”, entendiendo por equivalente que no puede ser “ni inferior ni superior”. “Es lo más justo, para que las plazas no las copen quienes poseen titulaciones superiores”, apunta.

“Que nos dejen presentarnos”

Los interinos rechazados discrepan. “¿Somos aptos para trabajar, pero no para opositar?”, protestan. Después de años sin oferta de empleo público, por los recortes presupuestarios, el número de plazas convocadas es mínimo. Y la treintena de informáticos interinos de ese grupo se ven abocados a perder sus puestos de trabajo. “Al menos que nos dejen presentarnos”, reclaman.

Los afectados se han reunido con los responsables autonómicos del nuevo Gobierno valenciano. Les piden que no se puntúe su titulación superior para no perjudicar a los candidatos con menos cualificación, pero que al menos se les permita competir por sus propios puestos de trabajo. También que se les convalide el trabajo realizado estos años con el grado medio de FP exigido para el grupo C1. Sin resultado. “Es que incluso no estar en posesión del título de FP puede ser causa de cese, si nos atenemos a la letra de la ley”, advierte uno de los afectados.

El portavoz de Justícia asegura que desde la aprobación de la Ley de Función Pública valenciana, en 2010, el Ejecutivo autonómico planteó a los interinos con títulos de ingeniero o licenciado que cursaran el grado medio de FP. Los afectados lo niegan. Algunos han empezado a hacerlo ahora. También los agentes medioambientales. Son dos años de estudios.

“Sólo puedo hacerlo a distancia y aquí únicamente hay un instituto que lo imparta así, y es privado, me está costando casi 4.000 euros”, explica a este periódico un agente que prefiere no dar a conocer su identidad. Es ingeniero forestal, licenciado en Ciencias Ambientales y posee el grado superior de FP en gestión forestal. Pero no le convalidan ninguna asignatura, excepto las comunes a todos los módulos de FP.

El mismo portavoz asegura que la convocatoria del grupo C1 para agentes medioambientales ha sido resuelta sin que los excluidos recurrieran. Sin embargo, lo cierto es que una decena de estos agentes presentaron recurso de alzada contra su exclusión, y al menos dos de ellos han recurrido después a los jueces de lo contencioso administrativo, han indicado los afectados a este periódico.

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En sus alegaciones, los interinos excluidos aportan jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se defiende la “libertad de acceso con idoneidad” por encima de la “exclusividad y el monopolio competencial”. La doctrina, aseguran “mantiene la necesidad de dejar abierta la entrada a todo título facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos suficientes”, no un “monopolio profesional en razón exclusiva del título ostentado”.

Además, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura condenó el año pasado a la Junta de esa comunidad autónoma por rechazar a una ingeniera superior que se presentó a un puesto donde el requisito era ser ingeniero técnico o diplomado. “La titulación exigida es un nivel mínimo e indispensable, pero nada obsta a que, si se ostenta una titulación superior, se permita ingresar en el grupo correspondiente”, argumenta la sentencia. Por tanto, las bases de una oposición que exigen una titulación “imprescindible y única, obviando o no permitiendo aquellas otras superiores, vulneran la legislación y los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso a la función pública”, concluye el tribunal. “Quien puede lo más, puede lo menos”, resume. Lo contrario, sería una “interpretación contradictoria y absurda”.

“Un disparate”, coincide el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana, Juan Pablo Peñarrubia, que también encabeza el Consejo de Colegios de España. A su juicio, es “inadecuado y discriminatorio” que se excluya a sus miembros de las oposiciones por exceso de conocimientos. Peñarrubia considera una “asignatura pendiente política” ordenar los perfiles profesionales en la función pública. Tampoco descarta que el motivo de la actuación de la Generalitat sea acabar con los interinos. De hecho, la mayoría de las administraciones públicas prefiere externalizar las tareas informáticas. Son pocos los funcionarios y laborales en esta área y muchas las empresas privadas de informática subcontratadas por las administraciones. Por ejemplo, la Gerencia Informática de la Seguridad Social tiene el doble de trabajadores externos que de empleados públicos.