La Seguridad Social pone en manos de informáticos privados su nuevo sistema de recaudación

La Seguridad Social quiere cambiar el sistema por el que los empresarios y los trabajadores calculan y pagan sus cuotas. La idea es sustituirlo por otro más moderno, ágil y barato, que hará desaparecer documentos tan engorrosos como los TC1 y TC2 –los boletines de cotización– y pondrá en manos de las empresas algo parecido al borrador del IRPF que Hacienda manda cada año a los contribuyentes. Adiós al actual sistema de autoliquidación, por el que era el empresario quien debía calcular cuánto cotizaba por cada trabajador, de acuerdo con unas determinadas bases prefijadas. A partir de ahora, la Tesorería General de la Seguridad Social hará ese trabajo con la información que le suministre el empresario y después de cruzarla con todas las bases de datos de la Administración.

El Gobierno dice que así eliminará duplicidades y cargas administrativas, además de aumentar el control sobre los posibles fraudes. En realidad, este nuevo sistema, 100% electrónico, no es nuevo. Se denomina Creta (Control de Recaudación por Trabajador), y comenzó a implantarse en 2008 para las empresas de menos de 15 trabajadores. Ahora se encuentra en fase de prueba para extenderlo a todas las empresas, con la intención de que a partir del 1 de enero de 2015 lo vayan aplicando de forma gradual. Antes el Gobierno tendrá que cambiar la ley, para lo que ya ha elaborado un anteproyecto.

En él explica el Ministerio de Empleo que, sólo para su fase de desarrollo, ha empleado a 160 informáticos de empresas privadas, que le han costado 11,30 millones de euros. Y que, para sostener el sistema, una vez aprobada la ley, le harán falta 100 de estos profesionales, que costarán otros 5,78 millones de euros.

El recurso de la Seguridad Social a las empresas privadas para atender trabajos informáticos es una práctica antigua, habitual y generalizada que ha merecido la recriminación, incluso, del Tribunal de Cuentas. Este órgano le reprochó en un informe de 2012 que supliera con trabajadores subcontratados “sus carencias de personal con cualificación informática”. “Los contratos de servicios encubren la contratación de personal al margen de la legislación laboral y de la función pública”, explicaba el informe. Porque la Seguridad Social no cubre así insuficiencias de personal coyunturales, sino “estructurales y permanentes”, algo que el Tribunal de Cuentas recuerda que viene denunciando nada menos que desde 1994.

Y es en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) donde se llega al culmen. Según CCOO, este departamento tiene externalizadas casi el 60% de las tareas. Hasta el punto de que por cada empleado público hay dos subcontratados, destaca Ignacio Galán, representante del sindicato en el departamento.

Recelos sindicales

De hecho, UGT y CCOO han expresado ya a Empleo, en sus alegaciones al anteproyecto de ley, sus recelos ante la contratación de informáticos externos. Éstos, aseguran, van a manejar datos “sensibles”, lo que se traduce en un riesgo para la confidencialidad exigible a esa tarea.

El cambio de sistema simplificará trámites administrativos pero también implica que la Tesorería General manejará un “mayor volumen de datos”, reconoce la memoria de impacto normativo del anteproyecto: los empresarios deberán comunicarle cada mes cualquier cambio en los datos de sus trabajadores y, una vez al año, las bases de cotización, el número de horas de los contratos a tiempo parcial y el número de horas complementarias, entre otros.

Accenture y El Corte Inglés

Así que, ya desde el principio, la Seguridad Social puso el sistema Creta en manos de empresas privadas. En noviembre de 2011, aún con el Gobierno del PSOE, la Tesorería General adjudicó a la consultora Accenture la adaptación al proyecto Creta del Sistema RED, que permite a los empresarios enviar por internet a la Seguridad Social los partes de baja, documentos de cotización y afiliación, etcétera. El contrato, de dos años de duración, estaba valorado en 13,64 millones de euros. Un total de 23 empleados de esta consultora han estado diseñando los nuevos procedimientos de cálculo, liquidación y recaudación, además del seguimiento de cobros y deudas.

Y antes incluso, en noviembre de 2010, la Tesorería cedió a El Corte Inglés y Ecco Documática, integrados en una Unión Temporal de Empresas (UTE), la lectura óptica de documentos para el nuevo sistema. El importe, 525.011 euros.

Más allá de los rapapolvos del Tribunal de Cuentas, la falta de personal especializado y la tasa cero de reposición de las plantillas –no se sustituyen las bajas por jubilación–, que han impuesto los recortes presupuestarios, perpetúan la presencia de empresas privadas empotradas en la Seguridad Social. La Tesorería General, que es la encargada de la liquidación y recaudación de las cuotas empresariales, tiene una plantilla de 9.885 empleados repartidos por toda España, el 43% de los 22.802 con que cuenta la Seguridad Social. Éstos son, respecto a 2013, 802 funcionarios menos, según recoge el Presupuesto de la Seguridad Social para este año.

Así que la Ley General de la Seguridad Social, que faculta a la Tesorería General para encargarse de la gestión liquidatoria y recaudatoria de las cuotas, también le permite “concertar los servicios que considere convenientes”, con otras administraciones públicas o “con entidades particulares habilitadas al efecto”. Esta posibilidad la mantiene el anteproyecto del Gobierno.

Desde la lucha contra el fraude al control de los parados

En todo caso, el recurso a las consultoras privadas excede del ámbito informático. Empleo también ha sacado a concurso la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, un contrato de cinco millones de euros durante dos años que empleará a ocho personas. Según los pliegos de la licitación, éstos deberían haber empezado a trabajar ya en febrero. Sin embargo, el contrato aún no ha sido adjudicado, aseguraron a infoLibre fuentes de Empleo.

Además, el ministerio ha delegado en KPMG el desarrollo de un nuevo sistema de gestión de las prestaciones públicas por desempleo. La consultora privada está desarrollando “métodos y herramientas informáticas”, así como usando nuevas fuentes de información y cruzando bases de datos para detectar si los parados incumplen sus obligaciones de búsqueda activa de empleo y de formación. Al menos ése fue el encargo que recibió de Empleo y que el Gobierno publicitó en el Programa Nacional de Reformas que envió a Bruselas en mayo del año pasado.

De momento, pues, el sistema Creta lo están probando más de 300 empresas, entre ellas algunas del tamaño de Mercadona, Inditex, El Corte Inglés, Iberia o el BBVA. Lo que equivale a unos 400.000 trabajadores. También lo están testando empresas más pequeñas. Para ello, Empleo está “colaborando” con empresas informáticas especializadas en la gestión de nóminas, como Walters Kluwers, Noray Software, Meta 4 y Oracle, por ejemplo. Un portavoz de la primera explicó a infoLibre que lleva desde marzo de 2013 haciendo pruebas con el sistema Creta, hasta alcanzar un volumen de 200.000 nóminas al mes. Y que las sensaciones de sus clientes son buenas: “Automatiza los procesos, es más ágil”, resume.

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Del otro lado del sistema, sin embargo, no están tan contentos con el Creta los inspectores de Trabajo. En sus alegaciones al anteproyecto de ley, la Dirección General de la Inspección de Trabajo acusó a la Seguridad Social de “vulnerar las funciones inspectoras” que la ley reserva a estos funcionarios. A su juicio, el nuevo sistema dota a la Seguridad Social de unas facultades que son propias de la Inspeccion de Trabajo, “con las consiguientes confusión, duplicidad y aumento de cargas administrativas y vulneración del principio de reserva”.

El temor de los inspectores se deriva del hecho de que, con el Creta, la Seguridad Social revisará y comprobará la liquidación de las cuotas. Para la inspección esa tarea es suya, y no de la Tesorería General. En el mismo sentido se ha pronunciado también la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), que no duda en tachar de “invasión de competencias” la nueva tarea asignada a la Seguridad Social.

Confiado en la eficacia de esa gestión adicional, el Ministerio de Empleo cifra en 171,22 millones de euros los ingresos adicionales que conseguirá la Seguridad Social gracias a las cuotas en concepto de desempleo infracalculadas por las empresas que serán descubiertas ahora, y a las deducciones indebidamente practicadas que el Creta permitirá sacar a la luz.