La Ley de Mutuas, aprobada el pasado mes de diciembre, obligaba a estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social a vender sus sociedades de prevención de riesgos laborales antes del 31 de marzo de este año. Si no lo hacían, serían liquidadas. Se trata de 19 empresas, el 55% del sector, creadas como sociedades mercantiles por las mutuas, que aun siendo entidades de derecho privado están sometidas a la tutela del Ministerio de Empleo porque gestionan cotizaciones cobradas por la Seguridad Social. En 2006 comenzó un proceso de segregación que, en teoría, culminó el pasado 30 de junio con la firma de las ventas pendientes –las primeras se remontan a julio de 2013–. Aunque, en realidad, Empleo no autorizó las últimas nueve operaciones de venta hasta el mes de agosto.
El de las sociedades de prevención de riesgos laborales era hasta ahora un sector muy atomizado –lo integran unas 370 empresas– y con un “muy bajo valor añadido”, según lo describe Rubén Rodríguez, presidente de ASPA, la asociación que agrupa a 168 pequeñas empresas. Rodríguez cifra en unos 700 millones de euros la facturación del sector, sumados los servicios de prevención ajenos y los creados por las mutuas. No obstante, un informe elaborado por la consultora británica Plimsoll elevaba a 1.300 millones el volumen de negocio del sector español de salud laboral. Rodríguez cree que el dato está “inflado” porque incluye la facturación de grupos que se dedican sólo tangencialmente a la gestión de los riesgos laborales, “como SGS Tecnos”, que el estudio sitúa como la segunda empresa del sector, pese a que sólo una pequeña parte de su actividad se refiere a la prevención en el trabajo.
El caso es que, con la salida al mercado en bloque de las 19 sociedades y la amenaza de liquidación si no se cumplía el plazo, el sector temía que éstas se malvendieran a precios por debajo de su valor. Cinco de las más importantes se encuentran en pérdidas. De hecho, la primera oferta que recibió Fremap por su sociedad de prevención, la mayor de todas, fue de sólo 100.000 euros, cuando el valor en libros de la empresa rozaba los 13 millones. La presentó una empresa colombiana que fue aceptada por Fremap pero rechazada por el Ministerio de Empleo.
Hasta el 40% del mercado para IDC Salud
Finalmente, sin embargo, las 19 sociedades de prevención han atraído intereses múltiples hasta venderse todas. Es más, el gigante de la sanidad privada IDC Salud –la antigua Capio– ha adquirido cuatro de estas empresas, entre ellas la líder del sector, Fremap. El precio de ésta rondó los 100 millones de euros. El primer grupo hospitalario privado de España, con una red de 42 hospitales, también ha comprado MC SPA, Universal de Prevención y Salud, así como la filial de Muprespa. En total, casi el 40% del sector, según el presidente de las pequeñas sociedades de prevención. Menos del 30% según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que el 11 de junio pasado autorizó las compras de IDC Salud tras descartar que supongan “un obstáculo a la competencia efectiva”.
IDC Salud, que hasta abril de 2013 se llamaba Grupo Capio, ha sido foco de atención al haberse hecho en pocos años con la gestión de hasta nueve hospitales públicos en Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. También por el hecho de que, como publicó infoLibre, sus propietarios, el fondo de inversión CVC, se ocultan en los paraísos fiscales de Luxemburgo, Holanda y las Islas Caimán. Factura 1.700 millones de euros al año.
Las sociedades de prevención de riesgos laborales pueden ser un bocado suculento si se tiene en cuenta que llevan a cabo los reconocimientos médicos de millones de trabajadores. El responsable del sector en UGT, Álvaro Vicioso, no descarta que IDC Salud haya visto en las empresas para las que trabajan estas sociedades “una posible cartera de clientes”, un “nicho de negocio”. El presidente de ASPA, por su parte, advierte de que sería ilegal que las sociedades intentaran aprovechar los recursos de sus hospitales para dar servicios a las empresas. “Las normas que regulan nuestra actividad son muy estrictas y prohíben cualquier vinculación con otras actividades, la ley es muy taxativa al respecto”, explica, “espero que a nadie se le pasará por la cabeza utilizar bases de datos de trabajadores o usar un traumatólogo de un hospital, por ejemplo, para el servicio de prevención”.
Restaurantes italianos, patronal textil, laboratorios
Sea cual sea el beneficio previsto, lo cierto es que en las sociedades de prevención se han interesado nombres completamente ajenos al sector. Algunos de ellos se han asociado a directivos de las propias empresas para hacerse con ellas. Tal es el caso de Nueva Activa, que ha sido adquirida por Raúl Quejido Molinero, administrador de esa sociedad de prevención, tras unirse al gerente de la cadena de restaurantes La Tagliatella en España, David Gorgues Carnicé. Éste posee el 85% del capital de Equaltus SL, la empresa que ha constituido con Raúl Quejido para comprar Nueva Activa.
El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, que además es empresario y tiene negocios en México, compró en 2013 Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo (Mugatra), a través de una de sus sociedades, Inverhismex.
Los Laboratorios Echevarne, que cuentan con una red de 43 centros repartidos por toda España, se han hecho con la Sociedad de Prevención MAZ.
Asepeyo, que nació con Catalana Occidente, ha pasado a manos de cinco directivos de la propia sociedad de prevención y un inversor privado, Pablo Garriga de Vaz Concicao, exconsejero de la sociedad de capital riesgo de CatalunyaCaixa.
También Ibermutuamur se ha quedado en manos de sus directivos, un total de 47, que han constituido Inverpren SL y pagado 12,9 millones de euros por ella. Otro tanto ha ocurrido con la filial de Umivale, adquirida por Valora Equipe SL, a su vez controlada por 196 trabajadores y directivos de la sociedad de prevención, que se han asociado con 21 inversores de Valencia, Madrid, Galicia y Albacete. Todos ellos eran socios de la mutua y serán los clientes de la nueva sociedad de prevención. Pagaron 10,7 millones de euros.
Ésa ha sido otra de las fórmulas para comprar las filiales de salud laboral. Unión de Mutuas se la han quedado 30 antiguos mutualistas, desde empresas de azulejos hasta bodegas e incluso colegios, todos ellos de la Comunidad Valenciana. La sociedad Prevint, antes en manos de Mútua Intercomarcal, ha quedado en manos de la Fundación per la Indústria, la patronal textil de Sabadell (Barcelona).
Finalmente, otras empresas del sector de la salud laboral han aumentado su perímetro adquiriendo a sus competidoras. El Grupo Preving ha comprado dos, asociado con la firma de capital riesgo Corpfin Capital: Prevención Navarra y Egarsat. PFA Asesores es otra firma del sector de la prevención, que se ha hecho con Previmac. El líder en servicios sanitarios del País Vasco Igualatorio Médico Quirúrgico ha preferido Mutualia. Por último, NorPrevención ha comprado la cántabra Mutua Montañesa.
Con estas operaciones se pone fin a una situación que el Tribunal Supremo no dudó en calificar de “competencia desleal e intrusismo” en una sentencia de marzo de 2014. Según el Alto Tribunal, las filiales de prevención de las mutuas utilizaban “para su estructura recursos propios de la Seguridad Social”, también “recursos con cargo a las cuotas [de la Seguridad Social] para su propio funcionamiento” e incluso se aprovechaban de “información privilegiada de las empresas” y ofertaban “tarifas por debajo del coste real”.
¿Despidos?
Así, las empresas asociadas en ASPA saludan la “privatización” de estas filiales de las mutuas [infoLibre ha intentado, sin éxito, contar con la opinión sobre estas operaciones tanto de ASPREM, la patronal de las sociedades de prevención más grandes, como de AMAT, la patronal de las mutuas]. Todo lo contrario que los sindicatos. Tanto UGT como CCOO se opusieron en todo momento a la venta, que tachan de “expolio”. “Supone la ruptura definitiva del vínculo entre salud laboral y Seguridad Social”, condena el sindicato que dirige Ignacio Fernández Toxo. Álvaro Vicioso, de UGT, critica que el Ministerio de Empleo no haya incluido entre las condiciones para la venta de estas sociedades la exigencia a los compradores de mantener las plantillas. Y teme lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Ya han empezado, asegura, “movimientos” de directivos en las sociedades recién adquiridas. “Estamos expectantes ante lo que pueda hacer IDC Salud en las cuatro empresas que ha comprado”, avanza, porque da por hecho que se producirán inevitables “duplicidades en la estructura directiva”.
En efecto, en la lista de condiciones que el Ministerio de Empleo impuso a los posibles compradores no figura ninguna garantía del empleo. Además de aportar información mercantil, se les exige que carezcan de vinculaciones laborales e intereses económicos con la mutua vendedora. Para acreditarlo bastan declaraciones juradas de los compradores donde conste que no poseen más del 10% del capital de la sociedad de prevención, ni ellos ni sus parientes. Esa situación deben mantenerla durante cinco años después de la venta. El ministerio se limita a pedir un informe de los representantes sindicales de la filial con su “opinión” sobre la venta, pero éste no tiene carácter vinculante.
Deuda de 40 millones, sin concurso público
Cuestión aparte son los 40 millones de euros que las sociedades de prevención adeudan a la Seguridad Social. CCOO critica que Empleo no haya explicado el origen de esa deuda, tampoco “las cantidades debidas por cada mutua ni las acciones que emprenderá para depurar responsabilidades”. Según el ministerio, esa cifra será abonada en algunos casos por las mutuas vendedoras y en otros por las empresas compradoras. “Será devuelta sin ningunda duda”, zanja.
Tanto los sindicatos como las pequeñas sociedades de prevención se quejan de la falta de transparencia de todo el proceso de venta. Empleo explica que no se convocó un concurso público porque las sociedades de prevención “no son empresas públicas”, sino privadas surgidas de las mutuas, que también son entidades de derecho privado. Álvaro Vicioso se queja de que sólo las juntas directivas de las mutuas han sido informadas por el ministerio sobre las operaciones.
La incógnita ahora es si, como apuntan los sindicatos y ASPA, el siguiente paso va a ser un proceso “natural” de concentración en los próximos dos o tres años que reduzca aún más la atomización del sector. Álvaro Vicioso vaticina que la gestión de la salud laboral estará a partir de ahora “mucho más mercantilizada” porque, a su juicio, la privatización “ha finiquitado lo poquito de calidad que había en los servicios de prevención”.
La Ley de Mutuas, aprobada el pasado mes de diciembre, obligaba a estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social a vender sus sociedades de prevención de riesgos laborales antes del 31 de marzo de este año. Si no lo hacían, serían liquidadas. Se trata de 19 empresas, el 55% del sector, creadas como sociedades mercantiles por las mutuas, que aun siendo entidades de derecho privado están sometidas a la tutela del Ministerio de Empleo porque gestionan cotizaciones cobradas por la Seguridad Social. En 2006 comenzó un proceso de segregación que, en teoría, culminó el pasado 30 de junio con la firma de las ventas pendientes –las primeras se remontan a julio de 2013–. Aunque, en realidad, Empleo no autorizó las últimas nueve operaciones de venta hasta el mes de agosto.