El Gobierno pisa el acelerador en la tramitación del proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Con el apoyo de CiU y PNV, el PP ha conseguido que se apruebe en el Congreso el polémico plan para reducir de siete a uno el número de órganos reguladores y de 52 a 10 el número de consejeros que deben controlar el buen funcionamiento del mercado.
Teóricamente, la fusión de organismos ahorrará cuatro millones de euros. Así lo explicó hace un año la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El polémico proyecto supondrá el cese de los actuales consejeros de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), entre los organismos con más solera. También afecta al Comité de Regulación Ferroviaria, a la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP),a la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA) y al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).
En la nueva Comisión habrá un pleno con diez miembros que tendrán mandatos de seis años improrrogables. Su renovación se producirá parcialmente, por lo que en la primera sesión se determinará, voluntariamente o por sorteo, qué tres consejeros cesarán a los dos años y cuáles a los cuatro. Entre ellos no podrán estar ni el presidente ni el vicepresidente.
Proyecto inicial
La UE ha obligado a reformar el proyecto inicial porque, según advirtió la comisaria europea Neelie Kroes hace apenas un mes, el plan no respetaba la independencia del regulador en materia de telecomunicaciones.
Detrás de los recelos de la UE está el riesgo de que el Gobierno controle, vía nombramientos en los supervisores, el funcionamiento de sectores clave de la economía. Es lo que se denomina “captura del regulador”. De alguna forma, ese riesgo es lo que destacaba el Tribunal Supremo en sentencia del 3 de diciembre, al criticar el intento de los grandes partidos, PP y PSOE, de llenar de funcionarios de libre designación el Tribunal de Cuentas con el consiguiente riesgo de politización.
El nuevo órgano puede estar constituido después del verano. Tendrá una decena de miembros y dos salas, sectorial y de competencia. Tras las advertencias de Bruselas, el PP ha suavizado algunos de los extremos de la norma. Así, ha eliminado la idea de nombrar los directores de Instrucción de los casos y ha renunciado a reforzar la discrecionalidad del Gobierno en actuaciones en el mercado de telecomunicaciones.
Sin embargo, según destacan fuentes conocedoras del proyecto, el Ejecutivo se reserva importantes resortes de presión. Acepta, por ejemplo, que el nuevo organismo se financie mediante tasas (y no del presupuesto), aunque la recaudación y el reparto de dinero correrá de su cuenta.
El PSOE, que ha votado contra el proyecto, considera que la reforma planteada en insuficiente. La ponente en el debate del proyecto, la diputada Maria José Vázquez, recuerda que la Directiva Marco de la UE establece que los miembros de los consejos de las autoridades reguladoras deben ser nombrados por un mandato fijo y que los Estados miembros han de garantizar que éstos sólo puedan ser destituidos en casos muy excepcionales. “No se dan ninguna de estas causas” asegura Vázquez “y sin embargo, la puesta en marcha de la comisión comienza con el cese de los consejos”.
El caso húngaro
Sobre el polémico plan de unificación de supervisores planea lo sucedido con Hungría, país al que la UE abrió un procedimiento de infracción en 2012 porque reformó la Constitución y, entre otras cosas, sometió al banco central a la disciplina del Gobierno.
El presidente de Competencia y el nuevo consejero del Banco de España cabalgan juntos
Entre los consejeros que se van a quedar previsiblemente sin trabajo en los próximos meses y con la obligación de respetar la ley de incompatibilidades durante dos años, el proyecto del Gobierno no despierta, lógicamente, muchas simpatías. Tampoco entre quienes piensan que el proyecto es trascendental para la economía y que merecería un debate más intenso.
“La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos a favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad”.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) recoge esta contundente afirmación en su página web, en el apartado “Glosario”. Basta con observar lo sucedido en febrero con los precios para extraer algunas conclusiones. Lainflación subió en el mes un 0,2% (2,8% interanual) por el crecimiento de los precios de los carburantes a pesar de que el consumo cae a niveles de los años 90. Hay cuellos de botella y escasa competencia. En el mercado energético, sobre todo. Por eso el plan de fusión de los supervisores es tan delicado.
El Gobierno pisa el acelerador en la tramitación del proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Con el apoyo de CiU y PNV, el PP ha conseguido que se apruebe en el Congreso el polémico plan para reducir de siete a uno el número de órganos reguladores y de 52 a 10 el número de consejeros que deben controlar el buen funcionamiento del mercado.