El Gobierno adjudica 22 millones de euros en 2016 al empresario de la seguridad denunciado por hundir los salarios

Este viernes se reúne la mesa de contratación que debe adjudicar los servicios de seguridad privada en los locales que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tiene en Madrid. De las 10 empresas candidatas, dos son Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur, lque los sindicatos califican de marcas blancas del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, condenado por el Tribunal Supremo por un delito urbanístico y pendiente de un nuevo indulto del Gobierno tras haber sido anulado el primero que le concedió Mariano Rajoy en 2013.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, Marsegur y Sinergias son las mejor colocadas, de forma provisional, para ganar la licitación. La tercera es Gestión Especializada de Seguridad (GES), la actual adjudicataria del servicio. Se trata de un contrato sustancioso, por importe de 1,35 millones de euros y un plazo de ejecución de un año, prorrogable a dos, por lo que su valor se duplica. Las dos primeras del concurso han ofertado precios por debajo del millón.

El pasado día 10 Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada envió una carta a la Junta de Contratación de la TGSS. El sindicato le pide que adjudique el contrato a empresas que respeten el convenio colectivo del sector. No las cita, pero alerta a la junta de que Marsegur y Sinergias, entre otras, aplican salarios por debajo de convenio. Entre el 30% y 40% en el caso de las marcas blancas de Ramírez. En este servicio están empleados 37 vigilantes jurados, algunos con antigüedades que superan los 18 años. Temen, como ya ha ocurrido en otros casos, que al cambiar de empresario sus nóminas, ya de por sí escasas, pierdan más de 300 euros mensuales.

Tanto Sinergias como Marsegur llevan tiempo siendo el centro de las críticas tanto de los sindicatos como del resto de las empresas del sector que sí aplican el convenio estatal y les acusan de dumping, de competencia desleal. También han estado sometidas a la acción de los tribunales. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado el descuelgue del convenio estatal aprobado en su empresa de referencia, Seguridad Integral Canaria, y los convenios colectivos de Marsegur y Sinergias, negociados de forma irregular.

Empleo, a la cabeza

Pero las dudosas prácticas laborales de estas empresas no han impedido que las administraciones públicas sigan adjudicándoles contratos. El año pasado Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. De los 22,12 millones de euros citados, 16 millones corresponden al macrocontrato para vigilar las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España, que fue adjudicado el pasado 30 de diciembre. Este mismo servicio lo prestaba hasta ahora la empresa de bandera de Miguel Ángel Ramírez, Seguridad Integral Canaria.

Descontado ese concurso, la mitad de las adjudicaciones conseguidas por estas empresas llevan la firma del Ministerio de Empleo. Casi tres millones de euros. Los vigilantes de seguridad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) de Alcobendas y Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla son de Sinergias, mientras que los del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en Madrid, la Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Tenerife los pone Marsegur.

Salario de 660 euros y seis céntimos la hora nocturna

La jibarización de los salarios es la ventaja competitiva que exhibe Miguel Ángel Ramírez para ganar los concursos en unas empresas cuyo coste principal es la mano de obra. Incluso en su buque insignia, Seguridad Integral Canaria, los sueldos son inferiores a los fijados en el convenio nacional. Ramírez recortó las nóminas de cada uno de sus vigilantes en unos 300 euros al mes gracias a ese descuelgue del convenio estatal que fue anulado por el Supremo. El tribunal dictaminó que la medida había sido negociada de forma ilegal: pactándola sólo con un sindicato independiente integrado por mandos intermedios de la empresa.

Es el mismo sistema que el empresario canario ha utilizado para negociar los convenios de Sinergias y Marsegur. Así se garantizaba convenios “a la carta”, ciertamente poco usuales: con 10 años de duración, de los que cinco son de congelación salarial en el caso de Sinergias, y tres en el de Marsegur.

El de Sinergias fijaba un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

Como paga sueldos por debajo de convenio, Miguel Ángel Ramírez fue expulsado de la patronal del sector. A continuación, creó la suya propia, Acosepri, integrada únicamente por sus empresas: Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias. Fue Acosepri la que recurrió las bases del concurso elaboradas por el Ayuntamiento de Madrid el pasado septiembre para adjudicar la vigilancia del organismo autónomo Madrid Salud. Los pliegos incluían por primera vez unas cláusulas sociales; es decir, las mesas de contratación deben tener en cuenta para puntuar a las empresas que éstas ofrezcan calidad y estabilidad en el empleo, fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, salvaguarden la seguridad y salud laboral, ofrezcan formación, y permitan conciliar la vida familiar y laboral.

Para esta patronal, sin embargo, esas condiciones “infringen la libertad de negociación colectiva, perjudican a empresas con convenios propios y comprometen el futuro de la empresa”. Marsegur, que ya era la adjudicataria del contrato, pretendía que el ayuntamiento le permitiera subcontratar el servicio con Sinergias, que paga salarios aún más bajos. El Ayuntamiento no lo autorizó y el pasado noviembre le dio el contrato a Clece, la empresa de servicios del grupo ACS.

Adif suspende un macroconcurso

También el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de suspender el concurso con el que iba a adjudicar los servicios de seguridad para sus instalaciones en toda España. Se trata de un macrocontrato de 123 millones de euros dividido en seis lotes geográficos. Cada uno de ellos supone unos 20 millones de euros durante dos años, prorrogables a tres. Los sindicatos USO y CCOO recurrieron los pliegos. En el caso de USO, porque permitían que se presentaran al concurso “empresas piratas”, que no respetan las condiciones laborales del convenio del sector. Adirf ha asegurado a este periódico que suspendió el procedimiento para “potenciar la valoración de la calidad de los servicios” que deben prestar las empresas.

Por el contrario, otras administraciones han elegido los precios mínimos ofertados por Sinergias y Marsegur sin atender a escrúpulos sociales. El Ministerio de Cultura ha concedido a Sinergias la vigilancia de la Filmoteca Nacional; Fomento, la Agencia de Seguridad Ferroviaria y la Agencia Tributaria, la seguridad de sus embarcaciones en Canarias. También el Imserso y el Boletín Oficial del Estado (BOE). El CSIC, el INE y Segipsa han preferido a Marsegur.

Miguel Ángel Ramírez es el dueño de Ralons, en el que ya no está integrada Seguridad Integral Canaria, la empresa que fue el germen del grupo. Tampoco Sinergias ni Marsegur. En la primera figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas.

Historial

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Ramírez está aún pendiente de juicio por un fraude fiscal y a la Seguridad Social cifrado en 13,78 millones de euros: entre 2008 y 2013 pagó a la plantilla de Seguridad Integral Canaria sus horas extraordinarias como dietas, que no tributan ni a Hacienda ni a la Seguridad Social.

Por esta investigación han pasado hasta el momento tres jueces: Victoria Rosell, Salvador Alba y la actual instructora, Carla Vallejo. Los dos primeros terminados enzarzados por culpa del caso. Rosell, que pidió una excedencia para presentarse a las elecciones generales en las listas de Podemos, fue acusada por el exministro José Manuel Soria de haber retrasado la instrucción por intereses personales. Alba ha sido expedientado por el CGPJ, que considera que cometió dos faltas muy graves y una grave por favorecer a Miguel Ángel Ramírez y perjudicar a Rosell. Todo ello sazonado con una grabación del empresario al juez Alba que terminó en todos los medios de comunicación.

Finalmente, la Fiscalía investiga a Ramírez porque cree que simuló su divorcio en 2015 para ocultar su patrimonio a la Justicia, según publicó en su día El País.