El Gobierno transferirá a las comunidades 200 millones para luchar contra la pobreza infantil
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el acuerdo que autoriza la propuesta de distribución territorial entre comunidades del crédito para la financiación en 2024 del programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil. Se trata de una línea de crédito que gestiona el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este año, tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, este crédito tendrá un importe cercano a los 200 millones de euros (198.704.000 euros) y será distribuido y transferido a las autonomías (a excepción de País Vasco y Navarra) y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que puedan ejecutarlo dentro de sus competencias en servicios sociales.
El ministerio dirigido por Pablo Bustinduy acordó con los gobiernos autonómicos el reparto de esta prestación y ha reafirmado su compromiso de aumentar la dotación presupuestaria para este ámbito en los años sucesivos. "Nuestra hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito", ha detallado el titular de la cartera Derechos Sociales en una nota de prensa. Bustinduy también ha señalado que esta cifra es la más alta que se ha dado en su área, aunque considera necesario seguir aumentando esta dotación presupuestaria "para hacer frente a los retos que tiene nuestro país en la protección de las familias y de los niños y niñas".
El acuerdo autorizado en el Consejo de Ministros fue previamente abordado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión del pasado 17 de junio. Una vez aprobado por el Gobierno, este pacto volverá al Consejo Territorial para que sea ratificado y pueda entrar en vigor.
De este crédito dependen tres programas fundamentales para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que gestionan los gobiernos autonómicos. El primer de ellos, dotado con más de 108 millones de euros, financia proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal como las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo, o las de prevención e inserción social.
El segundo, con una financiación de 65 millones de euros, se centra en la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, específicamente a unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social. El programa incluye una línea para cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura, y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. De esta manera, se reforzarán iniciativas desarrolladas por comunidades autónomas y ayuntamientos.
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El tercero, dotado con 25 millones de euros, se destina a reforzar equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Se trata de cofinanciar proyectos de refuerzo de servicios sociales que permitan la prevención y detección precoz de posibles riesgos de violencia hacia la infancia, en coherencia con lo previsto en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021.
El Ministerio de Derechos Sociales establece que el reparto territorial de los fondos se realiza atendiendo a diversos criterios desglosados en el acuerdo, como la población de cada territorio, su superficie o la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión. Este año, debido a la prórroga de los presupuestos, la distribución territorial que se ha propuesto es idéntica a la de 2023.
No obstante, Bustinduy ha resaltado que el objetivo de incremento presupuestario "trata de corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido este sistema y que se vio agravada en la década pasada con los recortes". Así mismo, el ministro ha recordado el necesario compromiso por parte de los gobiernos autonómicos de mantener su inversión en Servicios Sociales y ha reclamado a todas las administraciones y partidos "una política de Estado que construya amplios consensos para blindar los recursos y evitar nuevos recortes".
