El grupo Tragsa contrató como gerente en Sevilla en noviembre de 2013, un mes después de presentar el mayor ERE de una empresa pública, a Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche. Además, han sido empleados en la asesoría jurídica de Tragsa otras dos personas vinculadas al ministro de Agricultura: Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete, y Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura. Este departamento controla el 38,9% de las acciones de Tragsa.
No son los únicos contratos de personas relacionadas con el Partido Popular que se han hecho en Tragsa. En pleno ERE, la empresa pública también fichó al ex alcalde de El Escorial (Madrid) por el PP Javier de Miguel Sánchez, a quien nombró gerente en la Comunidad de Madrid.
infoLibre se ha puesto en contacto tanto con el Ministerio de Agricultura y la empresa Tragsa como con las personas citadas, pero ninguno de ellos ha querido contestar a las preguntas de este periódico.
Compañeros de facultad
Carmen Morenés Allendesalazar trabaja como abogada en el departamento internacional de la asesoría jurídica del grupo desde noviembre de 2012. Es una de las hijas de Antonio Morenés Giles, ex socio de bufete del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, además de compañero de facultad. Ambos nacieron en Jerez de la Frontera (Cádiz). Morenés fue inhabilitado como agente de cambio y bolsa en 1989 después de que la CNMV le abriera un expediente sancionador por una operación fraudulenta con una colocación de acciones de Repsol. Su agencia de valores, Usera y Morenés, utilizaba DNI falsos para suscribir acciones de la petrolera.
Uno de esos carnés, el de un pescador de Cartaya (Huelva), fue empleado al mismo tiempo en esa operación y en otra de blanqueo de capitales que llevó a cabo Sodgal, una empresa fachada de la que fue accionista, administrador y liquidador Arias Cañete. Sodgal sirvió para blanquear 2.000 millones de pesetas del empresario catalán Bertrán de Caralt. En 1988 fue nombrado administrador único de la empresa Miguel Morenés Giles, hermano de Antonio Morenés y yerno de Bertrán de Caralt.
Entonces Arias Cañete era eurodiputado. De Caralt se dedicaba a la fabricación de piensos y a la avicultura. En 1997 el Tribunal Supremo confirmó la condena de cuatro años de prisión que la Audiencia de Barcelona había impuesto al empresario catalán tres años antes. También condenó a cinco años de cárcel a Timoteo Ramírez, gestor financiero de Sodgal. El Gobierno de José María Aznar indultó a ambos en 1997.
Un primo, un yerno y un exalcalde
Además, desde junio de 2013 está empleado en la asesoría jurídica de Tragsa Antonio Javier Medrano Rodríguez, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, a su vez nieto del ministro franquista de Agricultura de igual nombre. Su tío, además, fue candidato de Alianza Popular a la Junta de Extremadura en los años 80 y senador.
Por su parte, Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona está casado con Joaquina Puche García, una de las dos hijas del exdiputado del PP por Jaén Gabino Puche. Fue presidente del PP andaluz entre 1987 y 1993. Le sustituyó en el cargo Javier Arenas. Fue candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en 1990. Puche y Arias Cañete se conocen desde hace muchos años, incluso hubo una etapa en que el ahora ministro visitaba Jaén con frecuencia y el exdiputado le acompañaba.
Finalmente, el gerente de Madrid desde hace tres meses, Javier de Miguel Sánchez, fue alcalde de El Escorial por el PP entre 1995 y 2003. También ha sido miembro de la comisión de control de Caja Madrid hasta el 23 de marzo de 2010.
Tanto Gonzalo Sánchez-Arjona como De Miguel Sánchez figuraban como apoderados de Tragsa, el primero desde octubre de 2013 y el segundo dese septiembre de 2012, hasta que se les hizo fijos de plantilla el 1 de noviembre pasado.
421 contratos nuevos en pleno ERE
Sobre estos cuatro contratos ha preguntado al Gobierno el senador del PSOE José Miguel Camacho Sánchez. Quiere conocer qué pruebas de selección se les hicieron y cuáles fueron los criterios que guiaron su contratación, así como su antigüedad en la empresa y las fechas de su contrato y de entrada en la plantilla del grupo público.
Fuentes sindicales consultadas por infoLibre explican que el ERE no ha sido óbice para que la empresa haya seguido contratando. En los dos últimos meses del año ha empleado a 421 personas, aseguran. También ha firmado contratos para nuevos proyectos por importe de unos 65 millones de euros.
Tragsa presentó en octubre un Expediente de Regulación de Empleo en octubre de 2013 que implicaba el despido de 1.639 trabajadores. Tras más de un mes de negociaciones con los comités de la matriz, Tragsa, y la filial, Tragsatec, no fue posible el acuerdo y el grupo anunció en noviembre el despido de 1.336 empleados, con indemnizaciones de 20 días por año trabajado, el mínimo legal. Los despidos comenzaron a ejecutarse el pasado 18 de febrero y no finalizarán hasta el 31 de diciembre, la fecha que se ha dado la empresa para completar el ERE. Antes, el próximo día 13, tendrá que acudir a la Audiencia Nacional para defender la legalidad del despido colectivo, después de que fuera impugnado por los sindicatos por fraude de ley, abuso de derecho, además de por su desproporción.
Muchos directivos, muy caros y por designación política
Durante las conversaciones sobre el ERE, los sindicatos denunciaron que la cúpula directiva del grupo está “inflada”, por el número de jefes y por la cuantía de sus retribuciones. La empresa justificó la medida en causas organizativas y de producción, no en causas económicas –no ha tenido pérdidas hasta septiembre de 2013–. A juicio de los sindicatos, el único problema organizativo del grupo lo constituyen los 652 cargos medios y altos que cobran por objetivos. En 2003 eran la mitad, 381 personas.
Los argumentos que defendió la empresa para efectuar recorte tan radical eran dos: que la plantilla estaba sobredimensionada y que tenía “mucho personal con poca carga de trabajo”. Los sindicatos, por su parte, denunciaron que el grupo se había convertido en un “cementerio político” en los últimos 10 años. “Han cambiado a los responsables técnicos por personas que venían del partido que gobernaba en el momento, personal político que ha sido colocado en Tragsa y que, a su vez, han requerido la contratación de personas de su confianza que también provienen de partidos políticos”, explicaban a infoLibre. “Esto supone una carga insoportable” para la empresa pública, protestaban.
Además, destacan que el grueso del recorte de plantilla lo va a sufrir “la parte productiva” de ambas empresas: los peones en Tragsa, que se dedica a tareas agrícolas, forestales y de saneamiento ganadero, y los administrativos en Tragsatec, especializada en tareas de ingeniería.
Sueldos de 220.000 euros para altos cargos, 35.000 para el resto
Esta circunstancia es doblemente grave, según recalcan, porque unos 200 altos ejecutivos de Tragsa cobran más que el presidente del Gobierno. El sueldo de Mariano Rajoy está fijado en 78.185,04 euros al año. Esos 200 directivos, ubicados en la sede central del grupo en Madrid, se reparten retribuciones de 44,5 millones de euros, mientras que los otros 300 trabajadores de esas oficinas cobran cuatro veces menos, 10,5 millones. La diferencia es de 220.000 euros para los primeros de media, y 35.000 para los segundos.
Es más, según los comités de empresa, de los 3.500 empleos, entre fijos y eventuales, eliminados en la empresa durante los últimos años, sólo el 9% correspondían a puestos directivos.
En noviembre, los sindicatos también intentaron que la empresa accediera a aplicar recortes en las retribuciones de los directivos para reducir el número de despidos. Pero ésta se negó, aduciendo que no era competencia de la mesa de negociación del ERE cambiar los sueldos e incentivos de los altos cargos. El senador José Miguel Camacho también ha preguntado al Gobierno por el sueldo del presidente de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba y Fernández Pintado: tanto por su salario fijo como por el variable, el “módulo por objetivos” de 2013 y las retribuciones que percibe como consejero de La Almoraima. Se trata de una finca de propiedad pública situada en Castellar de la Frontera (Cádiz) que el Gobierno ha puesto a la venta.
El 38% es de Agricultura
Creado en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51%, seguido del Ministerio de Agricultura (a través del FEGA), con un 38,9%, y el Ministerio de Hacienda, con un 9,9%.
Tragsa ha tenido beneficios hasta el tercer trimestre de 2013, y prevé volver a cifras positivas de 4,5 millones este año tras perder 10 millones al cierre del último ejercicio. Según los resultados hasta septiembre de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Tragsa aportó el 14,8% de su cifra de negocio, la tercera que más contribuye tras Correos y Navantia. De los 4.221 millones que constituye la cartera de pedidos de la SEPI, 595 millones corresponden a Tragsa. Con una plantilla de 9.000 trabajadores, Tragsa presta a las administraciones públicas servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural de conservación y protección del medio natural y medioambiental. También diseña y ejecuta proyectos de ingeniería o simplemente burocráticas, como la tramitación de becas para las universidades o de los expedientes del Fondo de Garantía Salarial expedientes del Fondo de Garantía Salarial(Fogasa), al que acuden los trabajadores tras sufrir impagos por parte de empresas insolventes o quebradas.
______________________
*Esta información ha sido editada para corregir el parentesco del secretario general técnico de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, con Adolfo Díaz-Ambrona Bardají, que fue candidato de Alianza Popular a la Junta de Extremadura en los años 80 y senador y que es tío, y no padre, del mencionado alto cargo.
El grupo Tragsa contrató como gerente en Sevilla en noviembre de 2013, un mes después de presentar el mayor ERE de una empresa pública, a Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche. Además, han sido empleados en la asesoría jurídica de Tragsa otras dos personas vinculadas al ministro de Agricultura: Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete, y Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura. Este departamento controla el 38,9% de las acciones de Tragsa.