La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo advirtió en su informe del pasado mes de abril: la Seguridad Social va a incumplir de nuevo este año el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una desviación aún mayor que la de 2015, de siete décimas del PIB. Entonces cerró con un déficit de 13.592 millones de euros; este año puede superar los 15.000 millones. Una cifra récord desde que la Seguridad Social se hundió en los números rojos, en 2011. Ese año, el déficit era sólo de 995 millones, un 0,09% del PIB. En 2012, la caída fue abrupta: 10.131 millones de euros. Y desde entonces no se ha descabalgado de los cinco dígitos, superando el 1% del PIB.
Desde que gobierna Mariano Rajoy, el agujero de la Seguridad Social alcanzó los 47.781 millones de euros en cuatro años. A ello hay que sumar los más de 15.000 millones que los expertos prevén para 2016, con un presupuesto también aprobado por el PP. En total, se superarán de forma clara los 60.000 millones en cinco años.
En 2012 y 2013, la recesión económica y el hundimiento del mercado laboral dejaron en cueros la cuenta de ingresos de la Seguridad Social. Desde 2008 perdió casi 3,2 millones de cotizantes: en enero de 2014 alcanzó un mínimo de 16,17 millones de afiliados. En ese momento, la tendencia se invirtió. Y, a partir de entonces, la recuperación económica, que hace crecer el PIB a un ritmo del 3%, ha devuelto a los registros de cotizantes a casi 1,3 millones de personas. Sin embargo, la Seguridad Social no sólo no ha frenado el déficit, sino que lo ha agravado. Aun así, el Gobierno sigue fiando la cura del desfase de cuentas en la Seguridad Social únicamente al aumento del empleo.
“En los próximos años, nuestro modelo es financiar las pensiones con la creación de empleo”, insistió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado viernes. “Si esto se hace así, se hace bien, y llegamos a nuestro objetivo de 20 millones de personas trabajando en esta legislatura, puede hacerse sin subir los impuestos como reclama el PSOE y comparte Podemos”, abundó.
El caso es que el Ejecutivo reconoce que la Seguridad Social tiene una “dinámica propia en evolución de ingresos y gastos públicos”. Lo hace en la actualización del Programa de Estabilidad que acaba de enviar a Bruselas. En el documento repite la medida que ya incluyó en la Ley de Presupuestos del Estado de este año: proponer al Pacto de Toledo –la comisión parlamentaria que vela por las pensiones públicas– que estudie convertir las prestaciones de viudedad y orfandad en pensiones no contributivas; es decir, que se paguen con impuestos, y no con cargo a las cotizaciones a la Seguridad Social como hasta ahora. Una idea que ya apuntó el pasado mes de agosto el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.
Así, por primera vez, se plantea actuar por el lado de los ingresos, en lugar de los gastos, donde hasta el momento el Gobierno ha puesto el foco, recortando las pensiones e intentando reducir el número de pensionistas, al retrasar y dificultar el acceso a la jubilación.
Sueldos devaluados, empleos precarios
En efecto, los números rojos de la Seguridad Social se han desbocado por el desplome de los ingresos. En su Programa de Estabilidad el Gobierno no se cansa de aludir a la “favorable coyuntura económica” y al “contexto de creciente dinamismo de la actividad económica”. Pero lo cierto es que el aumento del número de cotizantes ha sido insuficiente para paliar el déficit, ni siquiera después de las medidas que el Gobierno adoptó en 2013 para limitar la revalorización anual de las pensiones –antes ligada a la inflación– y endurecer el acceso a la jubilación.
De hecho, la debilidad de los ingresos de la Seguridad Social se ha convertido en la prueba del algodón de la precariedad laboral y la devaluación de los salarios. El modelo elegido por el Gobierno para salir de la crisis –empleo temporal, a tiempo parcial, con sueldos raquíticos– se traduce en bases de cotización bajas. “Aunque la recuperación es bastante intensa en empleo, la dinámica de los salarios atenúa el crecimiento de la base de cálculo sobre la que gira la recaudación de las cotizaciones sociales”, explica la AIReF en su último informe.
El organismo recrimina al Ejecutivo por sus “poco realistas previsiones” en materia de ingresos por cotizaciones: para este año calcula que aumentarán un 6,7%; la AIReF, por el contrario, asegura que no superarán el 3%, menos de la mitad. En 2015, los ingresos por cotización sólo subieron un 1,7%, pese a que el número de afiliados creció casi el doble, un 3,2%. Y este año todas las previsiones apuntan a que el crecimiento de la economía y del empleo, por tanto también de las cotizaciones, no alcanzarán esos porcentajes.
Hay una segunda razón para que no despeguen las cotizaciones. También los desempleados que cobran la prestación contributiva pagan su cuota a la Seguridad Social. El problema es que éstos cada vez son menos debido a la cronificación del paro: las prestaciones contributivas se pueden percibir durante un máximo de dos años; pasado ese plazo, se empiezan a cobrar los subsidios, que no cotizan. Y hay que recordar que 1,4 millones de personas llevan más de tres años sin trabajar, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El paro de muy larga duración –más de dos años sin empleo–, se ha disparado desde 2012 un 33,4%. Además, el Gobierno recortó un 10% la cuantía de la prestación contributiva que se cobra a partir del sexto mes; por tanto, también la base de cotización.
El 'agujero' de las tarifas planas
Además, hay un tercer factor que deja coja la cuenta de ingresos: las tarifas planas de cotizaciones. Nada más llegar al Gobierno, el PP suprimió la mayor parte de las exenciones de cuotas de las que se beneficiaban las empresas a la hora de contratar trabajadores. Los expertos, también el Ejecutivo, estaban de acuerdo en que no son eficacesno son eficaces cuanto más amplio es el abanico de beneficiados. Pero el Ministerio de Empleo los fue recuperando poco a poco hasta multiplicar su número. Primero fue una tarifa plana de 100 euros que después pasó a 500 euros por contrato indefinido. Desde 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy ha quintuplicado la cuantía de estas reducciones de cuota. Hace cuatro años ascendían a 441,7 millones de euros; para este año la Seguridad Social ha presupuestado 2.100,7 millones.
Existen dos tipos de incentivos para el fomento del empleo. Las ya citadas reducciones de cuota, que se cargan al presupuesto de la Seguridad Social, y las bonificaciones, que sufraga el Servicio Público de Empleo Estatal y, por tanto, no suponen un recorte de ingresos para el sistema. Hasta 2015, la partida de las reducciones de cuotas era inferior a la de bonificaciones. Pero en los dos últimos ejercicios, Empleo ha invertido la proporción y las reducciones suponen más de la mitad del presupuesto total de incentivos. De hecho, para este año han llegado a su máximo histórico: son el 56,2% de las subvenciones para fomentar la contratación.
La AIReF, una vez más, advierte al Gobierno de que las tarifas planas tendrán “un mayor impacto [en las cuentas de la Seguridad Social] en 2016 que en 2015”, puesto que de equivaler al 0,15% del PIB pasarán a costar a las arcas públicas un 0,19%.
El gasto en pensiones crecerá un 2,9%
Pues bien, frente a unos ingresos congelados, los gastos del sistema mantienen un crecimiento sostenido, que el Gobierno cifra en un 3,1%. A la AIReF le parece acertado el cálculo oficial, que prevé un aumento del 2,9% sólo en el capítulo de las pensiones. A su juicio, es el resultado de que se haya “moderado el aumento del número de pensiones” y aplicado el Índice de Revalorización de Pensiones, que limita a un 0,25% la subida anual de estas prestaciones mientras la Seguridad Social se mantenga en déficit.
El Estado paga un total de 9,38 millones de pensiones, de las cuales 5,71 millones son de jubilación, un 8% más que en 2011. Sólo en el último año han aumentado un 1,15%. Y lo seguirán haciendo, pese a las medidas del Gobierno para retrasar y dificultar el acceso a la jubilación, por una simple cuestión demográfica. Llegarán a su máximo en torno a 2040, con el retiro de la generación del baby boombaby boom, los nacidos en los años 60 y 70.
Además, crece de forma constante e inevitable la cuantía media de las pensiones: las nuevas son más elevadas que las que dejan de cobrar quienes fallecen. En 2011, la pensión de jubilación media ascendía a 923,06 euros, ahora es de 1.041,15 euros mensuales. Ha crecido un 12,8%, pese a que en los dos últimos años las pensiones han dejado de actualizarse según la inflación y sólo han crecido un 0,25%.
Sin olvidar que los jubilados cobran sus pensiones cada vez durante más tiempo: a partir de los 60 años la esperanza de vida supera las dos décadas.
La 'hucha' se vacía
También aumentará el gasto en otras prestaciones: un 5% las de maternidad y paternidad, y un 9,2% las de incapacidad temporal (IT). La AIReF avisa de nuevo: el gasto en IT está infracalculado, puesto que en 2015 ya se disparó un 13,1% y este año, asegura el organismo, crecerá “a un ritmo muy elevado respecto al ejercicio anterior”.
La suma de estos factores es el que descabalga cada año los números de la Seguridad Social y ha obligado al Gobierno a echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para tapar el agujero. Desde diciembre de 2012, Rajoy ha sacado de la hucha de las pensiones 45.451 millones de euroshucha. También ha utilizado 5.350 millones de los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo. Con ese dinero ha pagado las extras de julio y diciembre de las pensiones durante cuatro años.
A la hucha le quedan aún 31.770,46 millones, menos de la mitad de lo tenía en diciembre de 2011, cuando Rajoy ganó sus primeras elecciones por mayoría absoluta. Finalmente, como el fondo cada vez es más exiguo, también lo son sus rendimientos –está invertido en bonos del Tesoro Público español–.
¿Debate electoral?
El Gobierno infló en 50.000 millones el presupuesto de cotizaciones a la Seguridad Social desde 2012
Ésta es la situación que ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de apuntalar el sistema. El fin del mandato de Rajoy dejó sin respuesta la iniciativa sugerida por Tomás Burgos el pasado verano. Pero la repetición de las elecciones amenaza con devolver las pensiones al debate político. El PSOE ha presentado una propuesta para pagar con impuestos, con un “recargo de solidaridad”, las pensiones. Ese recargo sería temporal y recaería sobre las rentas y patrimonios más elevados. Un modelo parecido al francés, aseguran los socialistas.
También CCOO propuso en su día que las pensiones de viudedad y orfandad se financiaran mediante impuestos. Ambas suman unos 20.000 millones de euros anuales, aproximadamente un 2% del PIB. Entonces, el PSOE no vio esta opción con buenos ojos, ante el temor de que se pierda el principio de contributividad, que relacona salario y años de cotización con la cuantía de la pensión. Ahora, el sindicato, aunque ha saludado la iniciativa del PSOE, pide que se precise si el recargo se aplicará sólo a impuestos directos, los que gravan la renta, o también sobre impuestos indirectos, lo que a su juicio tendría un carácter regresivo.
Podemos e Izquierda Unida han incluido igualmente en su programa conjunto la “introducción progresiva” de la financiación de las pensiones mediante impuestos. El partido de Pablo Iglesias, en concreto, plantea que se financien por esta vía no sólo las prestaciones de viudedad y orfandad, sino también las de a favor de familiares e incluso el crecimiento del gasto en pensiones por el aumento en la esperanza de vida.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo advirtió en su informe del pasado mes de abril: la Seguridad Social va a incumplir de nuevo este año el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una desviación aún mayor que la de 2015, de siete décimas del PIB. Entonces cerró con un déficit de 13.592 millones de euros; este año puede superar los 15.000 millones. Una cifra récord desde que la Seguridad Social se hundió en los números rojos, en 2011. Ese año, el déficit era sólo de 995 millones, un 0,09% del PIB. En 2012, la caída fue abrupta: 10.131 millones de euros. Y desde entonces no se ha descabalgado de los cinco dígitos, superando el 1% del PIB.