El Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que recorta el gasto público en seis décimas, hasta el 40,6% del PIB. El gasto en sanidad se reducirá del 6% al 5,8% del PIB; el de educación, del 4% al 3,8%, y el dinero empleado en protección social caerá del 16,5% al 16,2% del PIB. Este último capítulo incluye la partida destinada a pagar las prestaciones por desempleo, una décima del PIB respecto a 2017 y un punto respecto a 2016, según el último Plan Presupuestario. En total, siete décimas del PIB, unos 850 millones de euros.
En cambio, la previsión del Gobierno es alcanzar este año una recaudación fiscal de récord, 276.320 millones de euros en impuestos, un 5,2% más que en 2017, gracias a un crecimiento de la economía que en principio estaba calculado en un 2,3% y que el Ejecutivo revisará para aumentarlo hasta el 2,5%. Así, entre la contención del gasto público y el alza de los ingresos, el déficit público debe quedar reducido al 2,3% del PIB, desde el 3,07% en que cerró 2017.
Las partidas del gasto social no han dejado de caer durante toda la crisis y continúan a la baja con la recuperación económica, empujadas por las exigencias del objetivo de déficit de Bruselas. El gasto público en sanidad se ha recortado un punto desde 2009, cuando alcanzó su máximo respecto al PIB, un 6,8%, según las cifras de Eurostat, la oficina estadística de la UE. En educación también se ha reducido, ocho décimas desde 2009. Las partidas dedicadas a la protección social –pensiones, prestaciones de desempleo y discapacidad, ayudas a la vivienda y a las familias, contra la exclusión social– son las que más han disminuido: desde el 18% que alcanzaron en 2013, debido al elevado volumen del paro, hasta el 16,2% para este año, 2,2 puntos porcentuales.
Además, el recorte ha superado en intensidad el que también han sufrido estos capítulos en el resto de la Unión Europea. Por ejemplo, si en la UE el gasto público en sanidad mermó en sólo dos décimas desde 2009, la reducción en España lo quintuplicó. Así que la distancia con la media europea en gasto social también se ha agrandado. Mientras el promedio de gasto público en protección social de los 28 países comunitarios alcanzaba el 19,1% en 2016, último año del que Eurostat ofrece datos, en España se sitúa 2,3 puntos porcentuales por debajo. En sanidad, la brecha es de 1,1 puntos y en educación de siete décimas. Claro que Francia le dedica a esta partida el 5,4% de su PIB y Dinamarca, el país que más dinero gasta en educación, llega hasta el 6,9%. En sanidad, Francia alcanza el 8,1% de su PIB y Holanda al 7,7%. En protección social encabeza el ránking Finlandia, con el 25,6% del PIB, y le sigue Francia, con el 24,4%.
Tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han aplaudido el acuerdo sobre los Presupuestos alcanzado este fin de semana por las bajadas de impuestos que incluyen. “Se acabaron los recortes”, ha proclamado el líder del partido naranja, quien también se adjudicó el mérito de haber dado un “giro político y social” a las cuentas públicas de 2018. Ninguno de los dos ha precisado el impacto que tendrán tanto en los ingresos como en los gastos las medidas que han pactado. Aunque Montoro sí ha apuntado que el recorte fiscal de este ejercicio no alcanzará la magnitud de las rebajas acometidas en 2015 y 2016, cuando se redujeron en 12.300 millones tanto el IRPF como el Impuesto de Sociedades.
Pese a que Rivera asegura que las subidas de las pensiones que ha pactado con el Gobierno van a ser “inmediatas” y los jubilados las tendrán “en el bolsillo”, lo cierto es que Montoro aún necesita el apoyo del PNVMontoro aún necesita el apoyo del PNV –también de Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias y UPN– para sacar adelante los Presupuestos en el Congreso. Y los nacionalistas vascos ya han dejado claro que, mientras siga en vigor el artículo 155 en Cataluña, no se van a sentar con Mariano Rajoy para negociar los Presupuestos. Menos aún después de la detención de Carles Puigdemont en Alemania. Pese a todo, Rivera se mostró convencido de que el Ejecutivo “tiene atados” los cinco escaños del PNV después de haber cedido ante el Gobierno de Vitoria con el Cupo vasco.
Deducción fiscal de 200 euros para las pensiones bajas
En cualquier caso, el presidente de Ciudadanos desveló que la subida de las pensiones de viudedad que Mariano Rajoy anunció en el Congreso hace dos semanas se corresponde con el alza de la base reguladora del 52% al 60% que la ley le obligaba a aplicar desde 2012 y hasta ahora ha incumplido. Ese aumento será del 1,92% este año y beneficiará a quienes superen lo 65 años, sólo cobren esa prestación, no trabajen ni por cuenta ajena ni por cuenta propia y carezcan de otras rentas superiores a la pensión mínima. En total, calcula la memoria económica del decreto que preparó el Gobierno el pasado año, a 1,12 millones de pensionistas, menos de la mitad de quienes cobran una prestación de viudedad.
También subirán, si se materializa el apoyo parlamentario al proyecto del Gobierno, las pensiones mínimas, en un 2%. Las cobran 2,76 millones de personas. La pensión mínima de jubilación se sitúa en 639,3 euros si el beneficiario no tiene cónyuge a su cargo.
Finalmente, Rivera ha hablado de un “complemento fiscal negativo” para los pensionistas que cobren entre 600 y 1.000 euros al mes. Es decir, quienes perciben menos de 12.000 euros al año y, por tanto, no tienen obligación de declarar a Hacienda. Ese impuesto negativo será de 200 euros anuales, ha asegurado.
Pero como también ha pactado elevar el mínimo exento de 12.000 a 14.000 euros y una deducción fiscal para todos los contribuyentes –no sólo pensionistas– con ingresos de hasta 17.000 euros anuales, los jubilados en estos tramos también se beneficiarán de una desgravación de entre 30 y 60 euros al mes.
Estas deducciones no se vincularán a la edad de los pensionistas, en contra del anuncio que hizo en su día Cristóbal Montoro, quien adelantó desgravaciones para los jubilados de “edad más avanzada”, sin precisar más.
Los jubilados que reciben entre 600 y 1.000 euros mensuales suman 2,41 millones, según las estadísticas de la Seguridad Social. Entre 1.000 y 1.200 euros –17.000 euros anuales– hay otros 493.831. En total, las tres medidas afectarían a 6,8 millones de pensionistas.
Subida a los funcionarios, deducciones familiares
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Los Presupuestos de 2018 comenzarán a debatirse en el Congreso el próximo 3 de abril, y deberían quedar aprobados antes del mes de junio. Además de las medidas citadas, tendrían que incluir el acuerdo al que el Gobierno llegó con los funcionarios para subir sus salarios un 1,75% este año y ampliar la tasa de reposición –nuevos funcionarios para sustituir a los que se jubilan– hasta el 100% en los sectores prioritarios, después de años de haber quedado congelada por los recortes del gasto público. Igualmente el Ejecutivo debería aplicar la equiparación salarial de los policías nacionales y guardias civiles con los cuerpos autonómicos, que se completará a lo largo de tres años.
Albert Rivera también citó entre las partidas pactadas con el Gobierno la bajada del IVA del cine, del 21% actual al 10%, y la ampliación de la tarifa plana para autónomos. El acuerdo supone igualmente la puesta en marcha del complemento salarial para los menores de 30 años que suscriban un contrato de formación. Una medida pactada por el Ministerio de Empleo con la patronal y los sindicatos que pretende hacer uso de los fondos europeos para la Garantía Juvenil. Se trata de una ayuda de 430 euros mensuales que se suma al salario que el joven recibe de la empresa donde completa su formación.
Ciudadanos también ha pactado con el Gobierno la introducción en las cuentas del Estado de una deducción de 1.200 euros al año para quienes cuiden a un progenitor mayor de 75 años o a un cónyuge discapacitado, y de 1.800 euros para familias numerosas a partir del tercer hijo. Además, el Ejecutivo ha aceptado otro impuesto negativo –o deducción fiscal– de 1.000 euros anuales por cada hijo que vaya a la escuela infantil. Y ampliar a cinco semanas el permiso de paternidad. Finalmente, la partida destinada a construir el Corredor del Mediterráneo puede conseguir un aumento presupuestario de 572 millones si el Gobierno consigue sacar adelante en el Congreso los Presupuestos.
El Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que recorta el gasto público en seis décimas, hasta el 40,6% del PIB. El gasto en sanidad se reducirá del 6% al 5,8% del PIB; el de educación, del 4% al 3,8%, y el dinero empleado en protección social caerá del 16,5% al 16,2% del PIB. Este último capítulo incluye la partida destinada a pagar las prestaciones por desempleo, una décima del PIB respecto a 2017 y un punto respecto a 2016, según el último Plan Presupuestario. En total, siete décimas del PIB, unos 850 millones de euros.