La reforma laboral está siendo examinada por un “foro con operadores jurídicos”, constituido el pasado mes de marzo, según se recoge en el Programa Nacional de Reformas que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas. Detrás de expresión tan rebuscada se esconde un grupo, creado por el director general de Empleo, Xavier Thibault, e integrado por expertos del propio ministerio y abogados del Estado cuyo cometido es identificar “los principales problemas de aplicación” de la reforma laboral.
Aunque Empleo niega que Bruselas haya expresado, al menos de forma oficial, preocupación alguna por la inseguridad jurídica que ha propiciado la reforma, el “foro” sí está “al habla” con el Consejo General del Poder Judicial para hacer un seguimiento de cómo los tribunales están interpretando la nueva legislación laboral. El Tribunal Supremo, que sienta la jurisprudencia en el ordenamiento jurídico español, sólo se ha pronunciado de momento en una sentencia sobre un despido colectivo ejecutado tras la reforma laboral, y lo ha anulado.
Según reconoce el propio ministerio, en los primeros meses de funcionamiento de la nueva legislación, hasta el 80% de las sentencias anulaba los despidos colectivos, una cifra que ahora ha bajado hasta el 50%. Empleo atribuye el elevado porcentaje de nulidades al proceso normal de ajuste de los empresarios y los despachos de abogados a los cambios introducidos. De hecho, el Gobierno se muestra convencido, sí aparece en el Programa Nacional de Reformas, que “los jueces están asimilando el espíritu de la norma”.
En cualquier caso, el mismo documento prevé, como resultado del informe que evaluará el primer año de funcionamiento de la reforma laboral, que se acometan “modificaciones normativas si se detectan problemas”. Los grandes despachos de abogados sí que muestran su preocupación ante la posibilidad de que los aspectos formales de los despidos colectivos –la documentación que el empresario debe facilitar a los representantes de los trabajadores, el calendario de la negociación con ellos, el respeto al procedimiento– lleguen a pesar más que la causa, económica, productiva u organizativa del despido. Y CiU ya le preguntó en el Congreso a la ministra, Fátima Báñez, si tenía intención de modificar la ley para que no fueran anulados tantos despidos colectivos sólo por cuestiones formales. Empleo responde que esos aspectos lejos de ser secundarios, son la garantía del proceso y la prueba de que la reforma “no es un coladero” de despidos.
La mitad de las demandas por despidos colectivos al amparo de la reforma laboral acaba con su anulación
Despejar dudas
Desde julio del año pasado un grupo de trabajo del ministerio examina los efectos de los cambios legislativos adoptados por el Gobierno a partir de febrero de 2012 tanto en el despido como en la negociación colectiva, los costes laborales o sus consecuencias judiciales. “Queremos despejar cualquier duda sobre la reforma laboral”, explican fuentes de Empleo.
Ese informe se presentará “dentro de unas semanas” al Congreso de los Diputados, según Empleo, para ser luego “contrastado por un organismo independiente de reconocido prestigio” antes del mes de julio. Ese organismo puede ser la OCDE.
La reforma laboral está siendo examinada por un “foro con operadores jurídicos”, constituido el pasado mes de marzo, según se recoge en el Programa Nacional de Reformas que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas. Detrás de expresión tan rebuscada se esconde un grupo, creado por el director general de Empleo, Xavier Thibault, e integrado por expertos del propio ministerio y abogados del Estado cuyo cometido es identificar “los principales problemas de aplicación” de la reforma laboral.