La Seguridad Social anunció el pasado enero que antes de acabar este año los trabajadores mayores de 50 años recibirán en sus casas una carta con el cálculo de la pensión que van a cobrar cuando se jubilen. En abril el organismo redactó el real decreto que debe regular la elaboración de ese dato y su envío por correo. Cuatro meses después, sin embargo, aún no lo ha aprobado el Consejo de Ministros.
En ese intervalo el texto ha tenido “muchos borradores”, explican las fuentes consultadas. Un portavoz del ministerio apunta a la complejidad de la medida para justificar el retraso, pero subraya que el real decreto se aprobará en septiembre y se cumplirá el compromiso de mandar la primera carta antes de fin de año. “Tiene que dar tiempo”, recalca. El borrador del real decreto establece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para el envío de la primera información. Con el calendario en la mano, Empleo debe ahora poner en marcha el sistema en menos de cuatro meses. Además del trámite del Consejo de Ministros, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social tiene que establecer, mediante la correspondiente resolución, los “criterios técnicos” para elaborar las estimaciones que incluirán las cartas.
Pero no sólo la Seguridad Social debe ponerse ahora a calcular la cuantía de las futuras pensiones. El real decreto obliga también a hacer lo propio a las gestoras de planes y fondos de pensiones privadas, así como a las mutuas de previsión social. Y éstas se encuentran a la espera de que Empleo les comunique con qué “hipótesis técnicas” tienen que hacer sus proyecciones, explica Luis Miguel Ábalos, responsable de Seguros Personal de la patronal Unespa. Las gestoras de pensiones privadas deberán comunicar a sus clientes el importe estimado, en euros constantes, de las comisiones y gastos de sus planes o fondos cuando cumplan 65 años, así como el importe de la renta vitalicia mensual y anual, calculada sobre 12 pagas al año, señala el decreto.
Esta información habrán de facilitarla, según dicta el borrador del real decreto, “con la misma periodicidad y en términos comparables y homogéneos con la suministrada por la Seguridad Social”. Para ello, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía, está elaborando un “modelo normalizado” de documento.
Empleo asegura que, pese a la falta de decreto, la Seguridad Social ya está trabajando en el modelo de envío y haciendo “ensayos técnicos”, “probando que los sistemas resisten captura masivas de datos”. Porque calcular la pensión de 5,33 millones de trabajadores de más de 50 años –los que deben recibir la carta este primer año–, pero hasta 17,65 millones en 2016, cuando se extienda a todos los trabajadores independiente de su edad, y enviarla por correo después, supone un “relevante desafío técnico”, admite el propio decreto.
Hasta 11 millones de euros
Aun así, el ministerio dice que la tarea no se va a subcontratar y que todo el trabajo se acometerá con personal propio. Y eso que el recurso de la Seguridad Social a empresas privadas para llevar a cabo tareas informáticas es una constante que ha llamado la atención hasta del Tribunal de Cuentas.
También es una iniciativa costosa. La memoria económica del real decreto no se atreve a precisar una cifra. Aporta dos hipótesis de gasto. Para la primera se apoya en lo que les cuesta cada año al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Instituto Social de la Marina (ISM) enviar a sus jubilados la cuantía de sus pensiones. Calcula 5,21 millones de euros en tres años. La segunda dobla esa cantidad: 11 millones.
En cualquier caso, el decreto prevé que la expectativa de pensión se pueda consultar por internet en la página web de la Seguridad Social, lo que implica un considerable ahorro de costes. Lo mismo deberán hacer las gestoras de pensiones privadas. Para ello, el decreto les concede el plazo de un año. Pese a los costes informáticos que deberán afrontar estas empresas, el sector “apoya la medida, porque se avanza en transparencia”, indica el responsable de Unespa. “Estamos colaborando con la Seguridad Social para coordinar la información que debemos elaborar”.
Un guiño a las pensiones privadas
Precisamente el hecho de que se equipare a pensiones públicas y privadas es lo que menos gusta del decreto a los sindicatos. El Ministerio de Empleo publicita como objetivo de la medida que el ciudadano posea “información suficientemente fiable” sobre su futura pensión para que, en consecuencia, “pueda tomar las decisiones de ahorro que más convengan a sus intereses”. Ahí es donde CCOO y UGT, también la oposición, adivinan el intento del Gobierno de incentivar las pensiones privadas a costa del temor ciudadano a percibir jubilaciones cada vez menores. Las privadas representan sólo un 8% de la cuantía total de las pensiones que cobran los españoles.
La idea del Gobierno es que, antes de cada 16 de mayo, los trabajadores reciban en sus casas tanto la carta de la Seguridad Social como la remitida por las gestoras privadas –si tienen contratado algún producto con ellas– el cálculo de su pensión futura por un lado, y de los rendimientos de sus planes o fondos, por otro. El primer documento incluirá la edad legal de jubilación, la fecha a la que podrá jubilarse, los años de cotización que necesitará para ello, y el importe tanto anual como mensual de la pensión, en euros constantes y calculado sobre 14 pagas.
Para hacer ese cálculo, la Seguridad Social utilizará los datos de la vida laboral y de cotización del trabajador que obren en su poder, y presupondrá que éste “continuará ininterrumpidamente su vida laboral y de cotización de forma estable”, reza el borrador del decreto. Es decir, para los mayores de 50 años que primero recibirán la carta, la Seguridad Social hará una estimación a 15 años vista. Consciente de la dificultad de la tarea, el decreto deja claro que la cifra aportada se remitirá “a efectos meramente informativos, sin que origine derechos ni expectativas de derechos a favor del trabajador o de terceros”.
La dificultad de hacer cálculos a 15 años
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Y es que la crisis está expulsando del mercado laboral precisamente a los mayores de 50 años, que son además quienes encuentran después más dificultades para conseguir un nuevo empleo y seguir cotizando. Los más jóvenes, por el contrario, están retrasando cada vez más su entrada en el mundo del trabajo y, por tanto, su reto estriba en cuándo empezar a cotizar para garantizarse una pensión suficiente. “Hacer una estimación a un plazo tan largo es siempre difícil”, concede Luis Ábalos. De ahí que el cálculo se repita cada año. “Eso permite”, añade, “ir corrigiéndolo según se va acercando el trabajador a la edad de jubilación”. “Se trata de proyecciones muy conservadoras”, corrobora el portavoz de Empleo.
Para ajustar la cuantía de la pensión futura se empleará el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE), el 2%, un parámetro que el responsable de Unespa considera “acertado”. Las gestoras privadas también tendrán que hacer sus propios juegos malabares para estimar cuál será la rentabilidad futura de sus productos, apunta Luis Ábalos, una proyección adicional a las que comparten con el gestor público.
Hasta ahora la Seguridad Social calculaba la cuantía de su futura pensión a los trabajadores que se lo pedían, pero sólo a dos años vista. La estimación la realizaban los funcionarios de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Además, la sede electrónica de la Seguridad Social permite hacer un “autocálculo” de la pensión en su página web, sin limitaciones temporales. El problema es que el usuario debe conocer al dedillo todos los detalles de su vida laboral para introducirlos en el programa, lo que dificulta notablemente su uso, reconoce el propio ministerio.
La Seguridad Social anunció el pasado enero que antes de acabar este año los trabajadores mayores de 50 años recibirán en sus casas una carta con el cálculo de la pensión que van a cobrar cuando se jubilen. En abril el organismo redactó el real decreto que debe regular la elaboración de ese dato y su envío por correo. Cuatro meses después, sin embargo, aún no lo ha aprobado el Consejo de Ministros.