El Gobierno se centra ahora en bonificar la factura de la luz tras la estabilización del precio del gas natural
El precio del gas natural ha regresado a su ser tras los vaivenes de 2022 y 2023, y el Gobierno ha decidido este martes acabar con las medidas para contener las subidas en la factura de este combustible. Desde el próximo lunes 1 de julio, dejará de funcionar el tope al precio de la bombona de butano, así como la limitación al incremento del coste del gas en la tarifa regulada —la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR)—. Sin embargo, el Ejecutivo considera que el coste de la luz todavía sufre el impacto de la guerra en Ucrania y ha pospuesto un año más la mejora del bono social eléctrico para familias vulnerables, así como la prohibición de cortar la luz a familias vulnerables en caso de impago.
La decisión tomada en el Consejo de Ministros responde a una petición de la Comisión Europea, que reclamó en mayo a los Estados miembros que retirasen poco a poco las medidas para suavizar el coste de la energía. Estas ayudas de Estado fueron promovidas por Bruselas en los siguientes meses tras el inicio de la invasión rusa, cuando la luz y el gas alcanzaron precios nunca vistos en el continente, pero en la capital europea creen que ya los precios han vuelto a su ser y estas subvenciones alteran el mercado energético. Sin embargo, el bono social eléctrico no recibe dinero público, sino que se financia entre todos los consumidores, por eso el Gobierno español puede extender la mejora de la protección hasta julio de 2025.
De esta manera, el bono social eléctrico seguirá cubriendo el 65% del coste de la factura en consumidores vulnerables y el 80% para vulnerables severos, aunque hay una cantidad tope de consumo bonificado. Estos porcentajes irán reduciéndose a partir de enero de 2025 de manera trimestral hasta quedarse en el 35% de cobertura para los vulnerables y el 50% para los severos de manera permanente a partir de julio de 2025. De esta manera, el descuento final una vez que acabe este periodo extraordinario será superior al que había antes de la crisis, cuando el bono social eléctrico cubría el 25% y el 40%, respectivamente. También se prorroga hasta julio del año que viene la prohibición de cortar por impago los suministros básicos de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables.
La mejora del bono social eléctrico, unida al encarecimiento de la luz, han tenido un efecto llamada y se ha pasado de 1,1 millones de hogares suscritos a esta ayuda en 2020 a 1,58 millones a cierre de 2023. José Luis Sancha, experto en el mercado eléctrico de la Universidad Pontificia Comillas, cree que se ha tomado la decisión correcta. "Todo lo que sea ayudar al consumidor vulnerable me parece bien. Una cosa es dar un apoyo temporal a las familias durante la crisis energética, pero cuando se habla de hogares en riesgo me parece bien que se mejore de manera permanente", afirma.
Entre las medidas que se acaban el próximo lunes destaca el tope a la subida de la Tarifa de Último Recurso de gas, que tienen contratada tres millones de clientes en España, el 38% de los potenciales beneficiarios. La TUR ha sido durante los últimos dos años la tarifa más barata del mercado de gas, ya que en septiembre de 2021 se decretó que cada vez que se actualiza su precio (de manera trimestral) su precio no puede subir más de un 15%, lo que supuso un ahorro de entre 33 y 254 euros al año por hogar, según el Ministerio de Transición Ecológica. El tope llega ahora a su fin, aunque al menos hasta invierno no debería afectar a los consumidores porque el precio del gas en los mercados internacionales está contenido. Esta medida sí se considera ayuda de Estado, y la CNMC ha pagado hasta ahora 670 millones de euros a las comercializadoras de la TUR por las pérdidas derivadas de la limitación del precio al que venden el gas.
También llega a su fin el próximo lunes el tope a la subida de la bombona de butano, que hasta ahora no podía venderse a más de 19,55 euros antes de impuestos. Así como el bono social de justicia energética, un parche similar al bono social eléctrico que el Gobierno creó en octubre de 2022 para que nuevas familias pudiesen acceder a esta ayuda con unos criterios más laxos y con una bonificación del 40% de la factura.
Por otra parte, el Consejo de Ministros decretó además este martes hacer permanente la Tarifa de Último Recurso de gas para comunidades de vecinos, una tarifa que también se creó en octubre de 2022 y que permite contratar la tarifa regulada de gas en edificios que tengan una caldera compartida con una factura común para toda la comunidad. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido una gran acogida y a cierre de 2023 solo había suscritas 6.000 comunidades de vecinos, pese a ser más barata que el resto de ofertas del mercado.
Rebaja del IVA de la luz
Coincidiendo con los cambios aprobados este martes, el 1 de julio también regresará el IVA de la luz al 10% tras cuatro meses con el impuesto en el 21%. La normativa actual dicta que si la media del precio de la luz durante un mes supera los 45 euros por megavatio hora en el mercado mayorista, el mes siguiente los españoles disfrutarán de un IVA reducido, y en lo que va de junio la media supera los 51 euros, así que muy probablemente se producirá esta rebaja. José Luis Sancha pronostica además que el IVA eléctrico se mantendrá en el 10% en agosto y probablemente también en septiembre, ya que el consumo energético sube en verano por el calor y la generación de energía renovable barata se reduce, debido al peor desempeño de los molinos de viento, lo que produce un encarecimiento de la energía en el mercado. La bajada de este tributo se compensará con la subida de la luz, y el experto estima que la factura media de un hogar será en junio y julio de unos 43 o 44 euros, frente a los 36 euros de abril y los 40 euros de mayo. En julio también subirá el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) del 3,8% al 5,11%.
