Gobierno y sindicatos han pactado cómo será el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que sustituirá al factor de sostenibilidad creado en la reforma de 2013 y sentenciado a muerte con el acuerdo sellado en junio que resucitaba el IPC como mecanismo para revalorizar cada año las pensiones públicas. Sólo que, a diferencia de entonces, el MEI no cuenta con el respaldo de la CEOE.
La patronal se ha desmarcado de la propuesta presentada por el Ministerio de Seguridad Social, que sí ha valido casi en su integridad para UGT y CCOO. La cotización adicional del 0,6% durante 10 años –entre 2023 y 2032–, que servirá para volver a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ha suscitado el rechazo de los empresarios.
“Aumentar las cotizaciones sociales y hacer quela mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones”, argumenta la CEOE. A su juicio, además, el nuevo mecanismo es “insuficiente”. Como no garantiza el equilibrio del sistema, argumenta, necesitará “medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad”.
“Desde junio no hemos recibido ninguna propuesta de la CEOE sobre los elementos en los que ellos querían operar para sustituir el factor de sostenibilidad”, ha explicado por su parte el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al anunciar el acuerdo con los sindicatos. “Me pregunto por qué [los empresarios] no han entrado en el acuerdo”, ha mostrado su sorpresa Escrivá, quien negó que España tenga “un problema de costes laborales”. “Los nuestros respecto al PIB están por debajo del 14%, cuando en Francia llegan al 17% y en Alemania, al 19%”, ha destacado. El ministro también facilitó a los periodistas datos sobre el coste de la hora trabajada en España, 21 euros, mientras que la media europea supera los 25. “Llevamos una década sin aumentar los costes laborales”, abundó, por lo que la “pequeña” subida de cotizaciones, según dijo, no tendrá las repercusiones negativas en el empleo que esgrime la CEOE. Ese aumento equivaldrá a 12 euros mensuales –10 euros para la empresa y dos euros para el trabajador– en una nómina de 1.000 euros, precisó Escrivá.
Por el contrario, el factor de sostenibilidad que ahora quedará derogado habría supuesto un recorte de 300 euros en la pensión de 1.500 euros de un joven actual, advirtió: “Sí que es un mecanismo de equidad intergeneracional”.
Una vez descolgada la patronal, el acuerdo con los sindicatos ha sido rápido. Este lunes era la fecha límite que se había impuesto del Gobierno para sellar el pacto sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones. La primera se firmó antes del verano y se está tramitando en forma de proyecto de ley en el Congreso.
“Válvula de seguridad”
El MEI, que se incluirá en ese mismo texto legal, será una medida “contingente y temporal”, como ha repetido el ministro, a diferencia del factor de sostenibilidad. Y funcionará, asegura la Seguridad Social, como “válvula de seguridad” del sistema en el caso de que el gasto en pensiones se desvíe a partir de 2033 y hasta 2050.
Los sindicatos han apoyado la propuesta de Escrivá después de que éste haya aceptado modificar el reparto entre empresario y trabajador de ese 0,6% adicional en las cuotas. El empleado pagará el 0,1% y la empresa, el 0,5%, la misma proporción que rige la cuota por contingencias comunes: el 23,6% para el segundo y el 4,7% para el primero, una proporción de cinco a uno. La propuesta inicial de José Luis Escrivá era de cuatro a dos.
Con esa concesión, UGT y CCOO han aceptado el diseño del MEI. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha saludado el acuerdo como un “éxito sindical indiscutible”, porque deja atrás la “lógica del recorte”, que marcaba la reforma de 2013, para centrarse en la mejora de los ingresos. El líder de UGT, Pepe Álvarez, también se ha felicitado por haber “mandado al baúl de los recuerdos” la reforma del PP y por mantener el poder adquisitivo de las pensiones, que no se aumente la edad de jubilación “y, sobre todo, por asegurar el futuro”.
Por el contrario, la CEOE cree que el nuevo mecanismo “tiene poco de intergeneracional”, porque “carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes”. También advierte de que el aumento de cotizaciones “erosionará la productividad y la competitividad de las empresas”, por lo que pondrá en riesgo la recuperación.
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Llenar de nuevo la hucha de las pensiones
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional volverá a llenar el Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, que en estos momentos sólo cuenta con 2.138 millones de euros. Llegó a tener 63.000 millones antes de que el déficit de la Seguridad Social lo fuera vaciando paulatinamente. Con las aportaciones de la cuota adicional del 0,6%, que servirá exclusivamente para este fin, José Luis Escrivá asegura que en 2032 la hucha contará con 50.000 millones de euros, incluidos los rendimientos procedentes de las inversiones en deuda pública española que se hacen con sus fondos.
Si, a partir de ese año, se detectara que el gasto en pensiones se desvía de las previsiones establecidas en el informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea de 2024, se sacará dinero de la hucha, con un límite del 0,2% del PIB anual. Y si esa cantidad no fuera suficiente para cubrir el aumento del gasto en pensiones, se negociará con sindicatos y patronal una nueva propuesta que llegará después al Pacto de Toledo. Esa iniciativa recortará el gasto en pensiones “en términos de PIB”, o bien aumentará el tipo de cotización o buscará otras “fórmulas alternativas”.
Gobierno y sindicatos han pactado cómo será el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que sustituirá al factor de sostenibilidad creado en la reforma de 2013 y sentenciado a muerte con el acuerdo sellado en junio que resucitaba el IPC como mecanismo para revalorizar cada año las pensiones públicas. Sólo que, a diferencia de entonces, el MEI no cuenta con el respaldo de la CEOE.