Bruselas nunca pidió a España ampliar el periodo de cálculo de la pensión

La ampliación del periodo de cómputo para calcular la cuantía de las pensiones públicas ha terminado negro sobre blanco en el acuerdo por el que se regirá la puesta en marcha del plan de recuperación español y el desembolso de los fondos europeos para sufragarlo, publicado la semana pasada. Pero ya figuraba, mencionado de forma difusa, en los documentos que el Gobierno había enviado a Bruselas en enero y en abril de este año. También forma parte del Componente 30 del mencionado plan de reformas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, desmintió entonces que se fuera a aumentar de 25 a 35 años el periodo utilizado para calcular la cuantía de la pensión de jubilación, pese a que el propio ministerio hacía ya sus números sobre el recorte en la prestación inicial que supondría aplicar la medida: un 6,3%.

En el acuerdo operacional recién publicado se repite la redacción de mayo, cuando se promete llevar a cabo una “adaptación del periodo de cómputo a las nuevas carreras [profesionales]”. Pero esta vez añade expresamente que ese “ajuste” se hará “extendiendo el periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación”. Lo que no precisa es en cuántos años. Pero sí una fecha de entrada en vigor: el cuarto trimestre de 2022. Para entonces también se habrá cumplido la reforma de pensiones de 2011, que establecía el aumento gradual de 15 a 25 años del periodo de cómputo. En 2021 está aún en 24 años.

Bruselas lleva tiempo pidiendo reformas de los sistemas públicos de pensiones no sólo de España, sino en general de toda la UE. Todos afrontan los mismos desafíos, asegura la Comisión Europea: “Seguir siendo sostenibles desde el punto de vista financiero y ser capaces de proporcionar a los europeos unos ingresos adecuados durante la jubilación”. El envejecimiento demográfico, el aumento de la esperanza de vida, la brecha entre hombres y mujeres, las bajas tasas de empleo a partir de los 55 años y el aumento del gasto público en pensiones previsto por la jubilación de los baby boomers son tendencias que afectan a toda Europa, explica la Comisión en sus análisis del llamado Semestre Europeo, que coordina las políticas económicas de los Estados miembros.

Reformas para garantizar la sostenibilidad

Así, las recomendaciones de Bruselas instan a reformar sus sistemas de pensiones no sólo a España, sino también a Italia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, República Checa, Polonia, Rumanía y Malta. Todas en la misma dirección: garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estas prestaciones.

En el caso concreto de España, Bruselas centra sus recomendaciones al Gobierno una y otra vez en ese objetivo. Así, ha criticado que se volvieran a actualizar las prestaciones de acuerdo con la inflación y que se aplazara la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. O censuró las subidas del 3% de las mínimas en 2018 y de las pensiones de viudedad en 208 y 2019. En otras palabras, la Comisión siempre ha defendido la eficacia de las reformas acometidas en 2011 y 2013 reformas acometidas en 2011 y 2013. Y, para contrarrestar la ausencia del Índice de Revaloración de las Pensiones (IRP) de la reforma de 2013, que las aumentaba sólo un 0,25%, si la Seguridad Social cerraba con déficit el ejercicio, y del factor de sostenibilidad, que infligía un recorte a la pensión inicial en función de la esperanza de vida de cada generación, Bruselas pedía “medidas compensatorias” de forma que se asegure la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo. Sin precisar más.

También reclamaba iniciativas para “adecuar los ingresos de los futuros jubilados”, así como “la duración y la integridad de sus carreras laborales, en un contexto de alto desempleo y de uso generalizado de contratos temporales y empleo a tiempo parcial”. Es lo más cerca que ha estado la Comisión de aludir a los años de cotización de los futuros pensionistas.

Pero no existe una mención específica al periodo para calcular la cuantía de la pensión. Pese a que España es uno de los pocos países de la UE en los que no se utiliza toda la vida laboral del trabajador para determinar cuánto dinero recibirá tras jubilarse. Sólo en Francia se seleccionan los 25 mejores años de cotización para hacer la cuenta y en Malta los 10 mejores años de los últimos 41. En Portugal, los últimos 40 años. Eslovenia escoge los 24 mejores años consecutivos.

Pero Alemania, Bélgica, República Checa, Estonia, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Noruega toman las cotizaciones de la vida laboral completa del trabajador para calcular la cuantía de la pensión. Dinamarca y Países cuentan los años de residencia en el país. En Irlanda y Reino Unido, donde una parte importante de la cuantía final es un tanto alzado, los años de cotización son irrelevantes en el cómputo. Finalmente, en Suecia, el cálculo se hace sobre la base de un tanto por ciento del salario cobrado y sobre el que se ha cotizado cada uno de los años. Son datos que recoge el Informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea.

Escrivá lo defendía cuando presidía la AIReF

En España, el ministro Escrivá también ha sugerido que el plan es elegir los mejores años de cotización, además de rellenar las lagunas de cotización de los trabajadores. La “integridad de las carreras laborales” de la que habla Bruselas. De hecho, en enero de 2019, cuando aún era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), calculaba en un informe que aumentar de 25 a 35 años el periodo de cómputo en 2027 se traduciría en un ahorro de 0,5 puntos de PIB en 2050 en el gasto público en pensiones “sin apenas afectar a la suficiencia” de estas prestaciones.  Unos 6.200 millones de euros. Y aumentaría la contributividad –tanto cotizas, tanto cobras– del sistema.

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También sostenía entonces la AIReF que combinar esa ampliación del periodo de cómputo con un acercamiento de la edad de jubilación efectiva a la legal podía contener el gasto en pensiones entre 0,8 y 1,6 puntos de PIB en 2048. Precisamente retrasar la edad efectiva de retiro, penalizando la jubilación anticipada, es una de las medidas que el ministro Escrivá ha incluido en el proyecto de ley que se tramita en estos momentos en el Congreso.

La otra propuesta defendida por la AIReF, aumentar la carrera de cotización para calcular la cuantía de la pensión, “no está planteada en la mesa de negociación”, aseguró este mismo martes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No voy a entrar en ningún futurible”, zanjó. Los sindicatos ya han expresado su rechazo. También Unidas PodemosLos sindicatos ya han expresado su rechazo, que ha advertido de que ni es una petición de Bruselas ni está en el Pacto de Toledo ni en el acuerdo de gobierno de la coalición. “Lleva a recortes”, criticó la coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra.

José Luis Escrivá ha aclarado que su objetivo es estudiar “fórmulas” para introducir “mayor equidad en el sistema de cómputo ante las nuevas realidades del mercado laboral, donde las carreras profesionales ya no son tan lineales, y que es además lo que ha pedido el Pacto de Toledo en sus recomendaciones”. Entre esas fórmulas, que se analizarán el próximo año, citó la extensión del periodo de cálculo “a más años” y “descartar los peores años cotizados y escoger sólo los mejores”. Pero niega que se persiga recortar las pensiones.