El de formación y aprendizaje ha sido el contrato que mayor crecimiento ha experimentado desde la reforma laboral de 2012. Por ello, los responsables del Ministerio de Empleo no han perdido ocasión de utilizarlo para publicitar la mejora de las cifras del paro. Según la anterior secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ese “impulso” del contrato de formación abre “la puerta a los jóvenes a la FP dual”, el exitoso modelo alemán con que España espera acabar con las cifras récord de paro juvenil. Hidalgo aseguró incluso que la reforma laboral reflejaba “una apuesta clara por mejorar la formación” gracias a los cambios que introducía en el contrato.
Desde 2010 hasta 2015, el número de contratos de formación y aprendizaje creció nada menos que un 196%. El último año se registraron en las oficinas de empleo un total de 174.923. Entre 12.000 y 15.000 cada mes. Sin embargo, en enero y febrero de este año la cifra se ha quedado en sólo 6.655, casi cuatro veces menos que la suma de ambos meses en 2015. De hecho, en febrero sólo se han firmado 1.333, un desplome del 88% respecto al ejercicio anterior.
El motivo de este hundimiento relámpago son los cambios normativos que entraron en vigor el pasado 1 de enero. Empleo ha suprimido la formación a distancia y exige que los cursos permitan obtener un certificado de profesionalidad, además de obligar a las empresas a solicitar autorización al servicio público de empleo con un mes de antelación. “Es un cambio absolutamente necesario, porque lo que ha habido hasta ahora no era un contrato de formación: no se enseñaba nada y había que acabar con esa mentira”, explica Pedro Gómez, presidente de la Comisión de Formación y Empleo de APel, la asociación que agrupa a las empresas de teleformación o e-learning españolas.
Como el 99% del casi medio millón de contratos de formación firmados desde 2012 hasta diciembre de 2015 incluían cursos de formación a distancia y sin certificados de profesionalidad, la supresión de la primera y la exigencia de los segundos ha reducido a la mínima expresión el otrora fecundo contrato.
Un contrato fuertemente subvencionado
Las razones de que su número se disparara hay que buscarlas en el hecho de que la reforma laboral flexibilizó el contrato al tiempo que eliminaba sus cuotas a la Seguridad Social. Así, desde 2012 las empresas de menos de 250 trabajadores obtienen una bonificación del 100% en las cotizaciones. Las que superen ese umbral, un descuento del 75%. Además, la Seguridad Social paga a las empresas el importe del curso de formación vinculado al contrato: cinco euros por hora y alumno si es formación a distancia y ocho euros si es formación presencial. Es decir, 2.580 euros al año por alumno/trabajador para un contrato de un año en el caso más barato –son muy pocos los cursos presenciales–.
También sufraga el Estado las tutorías, a razón de 1,5 euros por hora y alumno, hasta un máximo de 40 horas al mes –dos euros si la empresa tiene menos de cinco trabajadores–. Finalmente, si el contrato de formación se convierte en indefinido, el empresario recibe 1.500 euros por trabajador, 1.800 euros si es una mujer.
Este tipo de contrato exige que un 25% del horario del trabajador se destine a su formación el primer año, un 15% en el segundo y en el tercero. El salario será proporcional a la jornada; por tanto, su cuantía será del 75% del sueldo de un trabajador a tiempo completo. Las empresas de formación lo publicitan abiertamente en sus páginas web como una “oportunidad de ahorrar en costes salariales”. En su web, la Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia (Anced) cifra en 564,27 euros el ahorro en costes laborales de un contrato de formación respecto a un contrato temporal.
Además, la reforma laboral extendió la utilización de este contrato a trabajadores de hasta 30 años –antes sólo hasta 25–. También a titulados universitarios, siempre que el puesto de trabajo no esté vinculado a su carrera –es decir, se puede contratar con esta modalidad a un licenciado o ingeniero para un empleo de camarero, dependiente o administrativo–. Desde 2012 tampoco hay límite en el número de contratos de formación que se pueden firmar con el mismo trabajador en la misma empresa, siempre que sea para otro puesto diferente del anterior.
Su duración mínima es un año –seis meses si así lo permite el convenio de la empresa o del sector– y la máxima, tres años. También lo puede firmar un autónomo con sus hijos o con otro familiar que no viva con él. Y ya no es necesario que el empresario mantenga la plantilla para recibir las bonificaciones; es decir, no es incompatible despedir a otros empleados y contratar aprendices al mismo tiempo.
Como contrapartida a este conjunto de ventajas, se supone que ese 25% de formación debería permitir a trabajadores no cualificados obtener un certificado de profesionalidad. Desde el primer momento, el Gobierno quiso “modernizar” el sistema eliminando la formación a distancia en favor de la teleformación y exigiendo formación acreditada. Pero enseguida estableció una moratoria de un año para que se fuera creando la cobertura suficiente, tanto de certificados de profesionalidad como de empresas de e-learning. Esa moratoria la ha ido prorrogando en sucesivas órdenes ministeriales hasta el pasado diciembre. Así que el contrato ha estado durante los últimos cuatro años combinando la máxima flexibilidad y las mayores bonificaciones con cursos casi exclusivamente a distancia que no permitían obtener un certificado de profesionalidad.
“Hasta ahora era un contrato barato para la empresa, pero el trabajador no estaba obteniendo una formación que le capacitara”, resume el responsable de APel, quien se declara “encantado” con los nuevos requisitos del sistema. La formación a distancia se limita al envío de un manual cada seis meses y una carta con un teléfono del profesor, para terminar con un examen o test, asegura Pedro Gómez. “Pero no hay ningún control ni ninguna garantía de que el alumno abra siquiera el libro”, advierte.
Cuatro años de “todo vale”
Es la misma conclusión a la que llegó CCOO en un informe elaborado en 2015. El sindicato aseguraba que la moratoria prorrogada año tras año convirtió un “mecanismo temporal y excepcional” en otro “permanente” que ha actuado como una “puerta trasera” para “saltarse la normativa”. En consecuencia, estos contratos “ni proporcionan una formación acreditable ni insertan laboralmente a los jóvenes”. Por el contrario, se utilizan en “fraude”, para “sustituir a otras modalidades contractuales con menos bonificaciones en los sectores con mayor creación de empleo”.
El esquema recuerda así al utilizado por las empresas y centros de formación para emplear becarios: aprovechan cursos que nada tienen que ver ni con el empleo ni con la formación de los titulados universitarios para prorrogar ilegalmente contratos de prácticas, de salarios muy bajos y con cotizaciones mínimas a la Seguridad Social.
Fuentes del sector de los centros que imparten formación a distancia reconocen que se han producido “muchos abusos” en esta modalidad, pero precisan que por los pecados de algunos se les está “criminalizando” a todos. También admiten que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no hace control alguno sobre la formación impartida. Lo mismo dice APel, la asociación de centros de e-learning: “Se ha pasado del 'todo vale' a que se regule el sistema”, apunta Pedro Gómez, “ahora el SEPE comprobará, a través de una clave informática, que la formación impartida es acorde con el puesto de trabajo, y que la empresa está debidamente acreditada: antes eso no pasaba”.
El Ministerio de Empleo, por su parte, niega la inexistencia de controles, aunque asegura que los cambios en la norma se hicieron necesarios no sólo para “modernizar” el sistema, sino precisamente para dar “garantías” en la formación.
Grupo2000, uno de los centros de e-learning que se ofrece en internet a las empresas para hacer los cursos y gestionar ante los servicios públicos de empleo todos los trámites necesarios, advierte en su web que, a partir de este año, “el SEPE vigila el cumplimiento de todos los aspectos relacionados con la formación, así como la participación activa por parte del alumno”. “Por tanto”, añade sin pudor, “se recomienda sólo considerar a los candidatos para el puesto que se comprometan a realizar la formación, así como formalizar el contrato sólo cuando la empresa se comprometa a respetar el tiempo de formación y de trabajo efectivo del trabajador”.
60.000 contratos menos este año
El número de certificados de profesionalidad alcanza los 450, que cubren entre el 70% y el 85% de las profesiones. Pero en teleformación sólo hay una treintena acreditados ante el SEPE. Éstos cubren las ramas con mayor número de contratos de formación: comercio, hostelería y administración. Aún no existen, sin embargo, en electricidad, carpintería o el sector del automóvil, por ejemplo.
Y no los hay porque diseñar uno de estos certificados cuesta a las empresas de formación entre 50.000 y 80.000 euros. “Una inversión que no vamos a poder hacer si no hay subvenciones de por medio”, aseguran fuentes del sector de la formación a distancia, abocado a pasarse al e-learning tras los últimos cambios normativos. Según sus cálculos, por culpa de la desaparición de los cursos a distancia bonificados el número de contratos de formación y aprendizaje va a caer en unos 60.000 este año. APel también admite que este tipo de contrato se va a resentir en 2016, hasta en un 20%, precisa, tras el “shock” que ha experimentado el sector con el cambio de sistema.
El Ministerio de Empleo, por el contrario, recalca en que el desplome de los contratos de aprendizaje no va a tener “efecto alguno sobre el empleo”, porque “la contratación total sigue subiendo”. También atribuye a la inexistencia de certificados de profesionalidad acreditados la prórroga de la moratoria año tras año. Pero cree que tanto las empresas como las comunidades autónomas han tenido tiempo “de sobra” –cuatro años– para adaptarse y ahora ya hay “centros y medios suficientes” para impartir la formación por internet.
Por su parte, las fuentes del sector de los cursos a distancia reprochan a Empleo las “prisas”. Y destacan que la aplicación informática del SEPE para tramitar las autorizaciones ha funcionado con errores durante el mes de enero. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, todavía no hay teleformación con certificado de profesionalidad y en Andalucía, continúan, hay que enviar toda la documentación en papel. “Ni las empresas ni las comunidades autónomas están preparadas”, lamentan.
621 millones a cambio de formación sin garantías
El informe de CCOO denuncia que el contrato de formación y aprendizaje se ha convertido en una “lucrativa línea de negocio” para las empresas que ofrecen los cursos. La Seguridad Social paga 215 euros al mes por trabajador –a cinco euros la hora–, pero el precio de los cursos a distancia que se pueden encontrar en internet, recuerda el sindicato, no supera los 55 euros, cuatro veces menos.
En todo caso, la empresa contratante se ahorra 969,12 euros al año en cuotas a la Seguridad Social –la cotización fija sin bonificación es de 80,76 euros al mes–. Esa cantidad, sumada a los 2.580 euros que abona el Estado a la empresa para que ésta, a su vez, pague al centro de formación, supone un desembolso de dinero público de 3.549,12 euros al año por contrato –sin contar tutorías ni formación complementaria–. Multiplicado por los 481.472 contratos de este tipo firmados en los últimos cuatro años, la Seguridad Social ha desembolsado unos 621 millones de euros, dejando fuera los incentivos para la conversión en indefinidos. Con la excusa de una formación de la que no hay garantías de que se haya impartido.
Más mayores, más universitarios
Además, al ampliar el espectro de beneficiarios, se ha disparado el número de aprendices de más edad, de entre 25 y 30 años, que han pasado a ser el grupo mayoritario: en 2010 representaban sólo el 5,7% de los trabajadores con este contrato; cinco años después se elevaban al 34%. También se ha quintuplicado el número de licenciados universitarios con contratos de aprendizaje, hasta equivaler al 4,4% de los trabajadores/alumnos.
Empleo cede ante sindicatos y patronal y les devuelve parte del control sobre la formación
Por profesiones, el 44,6% de estos contratos son ahora para empleos en la restauración y el comercio; en 2010 aún eran para puestos en el sector de la construcción. Y los firman en su mayor parte empresas muy pequeñas: el 78,6% tienen menos de 25 trabajadores. De hecho, las de más de 10.000, las grandes compañías, no han firmado ni uno solo en los últimos cuatro años. Las que tienen más de 1.000 empleados sólo registraron 22 contratos en 2015.
A la luz de estos datos, CCOO entiende que el contrato de formación “no se está empleando para la franja de edad correcta”, entre 16 y 19 años, mientras cada vez es mayor el número de titulados superiores a quienes, al menos en teoría, “se forma para ocupaciones elementales”. Y casi la mitad de estos aprendices se forma para puestos de camarero o dependiente.
Finalmente, el informe cifra la conversión en indefinidos en el 2% en 2014. En diciembre de 2015, según las cifras del SEPE, de los 15.014 contratos de aprendizaje firmados se transformaron en fijos 603, el 4%. En Alemania, detalla CCOO, el 57% de los aprendices termina integrándose en las empresas que les forman. Para el sindicato, el de formación es un “contrato precario altamente bonificado”, y se encuentra muy lejos de la FP dual a la que, según el ministerio, debía servir de “puerta”.
El de formación y aprendizaje ha sido el contrato que mayor crecimiento ha experimentado desde la reforma laboral de 2012. Por ello, los responsables del Ministerio de Empleo no han perdido ocasión de utilizarlo para publicitar la mejora de las cifras del paro. Según la anterior secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ese “impulso” del contrato de formación abre “la puerta a los jóvenes a la FP dual”, el exitoso modelo alemán con que España espera acabar con las cifras récord de paro juvenil. Hidalgo aseguró incluso que la reforma laboral reflejaba “una apuesta clara por mejorar la formación” gracias a los cambios que introducía en el contrato.