El inmenso caudal de dinero negro que generan las actividades ilegales como la prostitución y el tráfico de drogas ha atraído siempre la atención de los Estados. Pero ya no es sólo una cuestión policial o de orden público. Gobiernos e inversores privados debaten fórmulas para medir el volumen de esos negocios ilegales y, lo que es también importante, debaten la posibilidad de cobrar impuestos a cambio de su legalización. Uruguay, Estados Unidos e inversores como George Soros están a la cabeza de ese debate.
Como parte de este movimiento, la agencia estadística europea Eurostat obligará este año a los Estados miembros de la UE a estimar a cuánto asciende el negocio de las actividades ilegales en sus economías. No es una moda. En España, la asociación de inspectores de Hacienda ha pedido que se abra el debate sobre la legalización del tráfico de drogas blandas y la prostitución para que paguen impuestos. El presidente de la organización de inspectores, Ransés Pérez Boga, sostiene que sólo la prostitución mueve 18.000 millones de euros al año que podrían reportar 6.000 millones en impuestos al Estado y engrosar las arcas de la Seguridad Social.
Los cambios que impone Eurostat en la forma de calcular la riqueza que produce el país en un año van beneficiar a España. Reducirán el déficit público y aligerarán el peso de la deuda pública respecto al conjunto de la economía. Los cambios que Eurostat quiere que estén listos antes de 2016 afectan al censo, a las normas contables y a la estimación económica de las actividades ilegales (prostitución, drogas y contrabando).
El efecto principal de la revisión va a ser una rebaja en las ratios de déficit y deuda pública. El efecto de aumentar el PIB un 4,5% (sobre la base del PIB de 2010), incluidos los negocios ilegales, supone rebajar unas tres décimas de punto el déficit del año pasado (7,1% incluido el crédito del rescate bancario) y hasta cuatro puntos el nivel de deuda pública con respecto al PIB.
Los números del negocio
Nadie se atreve, al menos hasta ahora, a poner números a los negocios de la prostitución y de las drogas en España. En Reino Unido, los cálculos de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) ya están hechos: prostitución, drogas y contrabando suponen 12.300 millones de euros anuales, según publicó El País.
En Portugal, el cálculo ha salido más modesto: aumento del 0,4% en el PIB y apenas 700 millones de euros, aunque el INE portugués ya incluía en las cuentas negocios no declarados, algunos ilegales y otros alegales, que representan el 13% del PIB.
La gran pregunta que se hacen los Gobiernos, y no sólo los Gobiernos, es qué hacer además de calcular cuánto dinero se escurrecuánto dinero se escurre entre las redes de las Haciendas Públicas. El primer país que ha respondido a la pregunta de forma contundente ha sido Uruguay.
En diciembre, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en regular la producción, venta y consumo de la marihuana o cannabis. Como en Holanda, fumar marihuana en Uruguay era legal desde los años 70, incluso en lugares públicos. Pero el cultivo y la venta de la droga no lo era.
Con la nueva norma, el Estado uruguayo regulará todo el proceso de producción, distribución y venta de la marihuana. La ley permitirá que aquellos ciudadanos uruguayos (no es posible para extranjeros) que se inscriban en un registro especial puedan comprar hasta 40 gramos de la hierba mensualmente en las farmacias autorizadas.
25 toneladas al año
El negocio no es muy grande. Serán 25 toneladas anuales cultivadas para vender a través de farmacias autorizadas, al precio aproximado de un dólar por gramo y con un público objetivo del 8% de la población de entre 15 y 64 años (Uruguay tiene menos de cuatro millones de habitantes).
El dinero no es mucho, pero el impacto internacional sí ha sido importante. Más aún cuando se ha conocido quién o quiénes han apadrinado el proceso que ha culminado en legalización en Uruguay: fundaciones vinculadas al financiero George Soros, conocido por la batalla especulativa que libró (y ganó) contra la libra a principios de los años 90.
Soros, según informaciones recogidas por la BBC, se reunió en septiembre de 2013 con el presidente uruguayo José Mujica en Nueva York para hablar de la legalización del cannabis. "Como él tiene influencia en algunas ONG importantes, estuvo colaborando y va a seguir colaborando en eso", declaró Mujica al finalizar ese encuentro en Nueva York.
Soros no sólo habló con Mujica, sino que su fundación Open Society Foundations financió parte de la campaña de apoyo a la legalización en Uruguay. Inmediatamente, los críticos vincularon el apoyo de Open Society a los intereses de Soros en empresas que comercializan semillas.
Soros financia el plan
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La fundación de Sorosfinancia también grupos que impulsan cambios en la estrategia sobre cannabis en la región y Estados Unidos, incluida la Comisión Global sobre Política de Drogas que integran los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia), entre otras personalidades.
En EE UU, la legalización del negocio del cannabis sigue otro patrón. El consumo terapéutico está permitido en 20 Estados. Pero hay un Estado que ha dado el paso para la legalización más allá del uso medicinal, Colorado. En noviembre pasado, Colorado aprobó la Proposición AA, con la que se imponen impuestos especiales a la venta de marihuana para uso lúdico, de los cuales un 15% se destinará a la construcción de escuelas públicas y un 10% a financiar la burocracia que controla este nuevo mercado regulado.
Tampoco en este caso se trata de un negocio multimillonario. La Administración pública espera recaudar casi 70 millones de dólares en impuestos. A cambio, se permite a los mayores de 21 años que sean residentes comprar hasta 28 gramos al día, mientras que los visitantes pueden adquirir hasta siete gramos. Durante los dos primeros años sólo se podrá conseguir la droga en los dispensarios de marihuana medicinal.
El inmenso caudal de dinero negro que generan las actividades ilegales como la prostitución y el tráfico de drogas ha atraído siempre la atención de los Estados. Pero ya no es sólo una cuestión policial o de orden público. Gobiernos e inversores privados debaten fórmulas para medir el volumen de esos negocios ilegales y, lo que es también importante, debaten la posibilidad de cobrar impuestos a cambio de su legalización. Uruguay, Estados Unidos e inversores como George Soros están a la cabeza de ese debate.