La plantilla de Tragsa va a pasar las navidades pendientes del despido colectivo que se cierne sobre sus cabezas desde noviembre de 2013. Anulado por la Audiencia Nacional en abril de 2014 pero declarado legal por el Tribunal Supremo (TS) el pasado mes de octubre, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Tragsa afectará a 1.336 trabajadores, lo que le convierte en el mayor presentado por una empresa pública hasta ahora. Los responsables de la empresa reunieron a los representantes sindicales el pasado jueves, pero no les avanzaron cuándo comenzarán los despidos. Se remitieron a un informe de la Abogacía del Estado que analiza la sentencia del TS y que aún no les ha sido facilitado. A la espera de lo que ocurra en el consejo de administración que se reúne el próximo martes, celebradas ya las elecciones, el ERE de Tragsa puede ser el primero de 2016.
El jueves, la dirección del grupo público informó sobre las cuentas del grupo hasta el pasado octubre. También adelantó que espera cerrar el ejercicio con unos beneficios totales de 3,5 millones de euros, dos millones en la matriz y 1,5 millones en la filial, Tragsatec. Tragsa entró en pérdidas por primera vez en su historia en 2013 –27 millones de euros–. Fue entonces cuando presentó el ERE. En 2014 duplicó esos números rojos –45 millones–. Pero este año volverá ya a cifras positivas, tras aumentar su volumen de negocio un 41,2% respecto a 2014.
Pese a ello, la empresa pública no parece dispuesta a reducir el número inicial de despidos, al menos según han manifestado sus responsables a los representantes sindicales. Sólo este año, Tragsa ha incrementado el número de sus trabajadores temporales en 1.155 personas, lo que se ha traducido en un alza del 42,2% en ese capítulo del gasto de personal. Por el contrario, ha recortado en 137 empleados su plantilla fija. Tragsa cuenta con un total de 11.497 trabajadores, de los cuales 4.330 son temporales.
La empresa pública, especializada en trabajos medioambientales, de desarrollo rural, ingeniería y gestión de recursos naturales, ha mejorado notablemente su cartera de pedidos en el último año. Sus únicos clientes son las administraciones públicas, tanto la central como las autonómicas y los ayuntamientos. Así, la peor cartera de pedidos de la matriz correspondió a octubre de 2013, con 406 millones de euros, y a noviembre de ese año, 161,3 millones, en la filial. Fue entonces cuando presentó el ERE. Dos años después, Tragsa tiene una cartera de pedidos de 494,1 millones de euros y Tragsatec, de 207,2 millones. Es decir, la primera ha engordado un 21,6% y la segunda, un 28,4%.
Paga extra, IVA
No obstante, ambas cifras son aún insuficientes para volver a las cifras de negocio anteriores a la crisis. Hasta octubre, el resultado del grupo antes de impuestos arroja unas pérdidas de 12,9 millones de euros. La cifra mejora en un 4,5% los números negativos presupuestados para este año. Restando de esa cifra la provisión de la paga extraordinaria suprimida en 2012 y que debe abonarse entre este año y el próximo, por un lado, y por otro el aumento de las tarifas que Tragsa cobra a las administraciones decretado por el Gobierno para compensarla por el hecho de que no puede cobrarles el IVA, el resultado del ejercicio será positivo en esos 3,5 millones antes citados. Sólo esta última partida suma unos 9,5 millones de euros. Además, las administraciones públicas adeudan a Tragsa un total de 467,33 millones por encargos ejecutados y no cobrados.
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Así, los sindicatos rechazan los 1.336 despidos aduciendo que la situación de la empresa ha mejorado considerablemente mientras el ERE ha estado en suspenso. Tragsa tuvo que readmitir a los 300 trabajadores que había despedido antes de que la Audiencia Nacional anulara el ERE. Por el contrario, los gestores de Tragsa aseguran que no se han recuperado los volúmenes de negocio y los gastos de personal –354,67 millones– no se han adecuado a esa caída.
Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Tragsa tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio con un 9,9%, y el resto del capital repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “medio instrumental” de las administraciones públicas, que son sus únicos clientes. Trabaja con ellas mediante encomiendas de gestión, un instrumento polémico porque no media licitación pública alguna. Tragsa cobra según unas tarifas prefijadas y no puede rechazar ninguno de los encargos que se le hagan.
La Administración central es la responsable del 61% de las encomiendas que recibe Tragsatec y del 46% que recibe la matriz. El principal cliente de ambas es el Ministerio de Agricultura. Las comunidades autónomas le encargan a Tragsa el 40% de sus trabajos y el 35% a Tragsatec. Andalucía, Extremadura, Galicia y las dos Castillas son sus mejores clientes.
La plantilla de Tragsa va a pasar las navidades pendientes del despido colectivo que se cierne sobre sus cabezas desde noviembre de 2013. Anulado por la Audiencia Nacional en abril de 2014 pero declarado legal por el Tribunal Supremo (TS) el pasado mes de octubre, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Tragsa afectará a 1.336 trabajadores, lo que le convierte en el mayor presentado por una empresa pública hasta ahora. Los responsables de la empresa reunieron a los representantes sindicales el pasado jueves, pero no les avanzaron cuándo comenzarán los despidos. Se remitieron a un informe de la Abogacía del Estado que analiza la sentencia del TS y que aún no les ha sido facilitado. A la espera de lo que ocurra en el consejo de administración que se reúne el próximo martes, celebradas ya las elecciones, el ERE de Tragsa puede ser el primero de 2016.