Mariano Rajoy deja la presidencia del Gobierno presumiendo de que deja “una España mejor” de la que encontró en diciembre de 2011 cuando el PP accedió al poder. De hecho, ha esgrimido la gestión económica como su gran éxito, la razón que justificaba sus apelaciones a la “estabilidad” por encima de cualquier otra consideración política.
Rajoy se va con un PIB que creció en el primer trimestre de este año un 3%, una tasa que no ha abandonado desde 2014, tras superar tres años consecutivos de recesión. Más que el resto de los países del euro. Así pudo España recuperar el año pasado el PIB de 2008. Pero el ajuste macroeconómico se ha conseguido pagando un precio sociales cuyas consecuencias se han revelado al mismo tiempo que la recuperación económica e incluso amenazan con prolongarse en el futuro.
La víspera de la moción de censura, lejos de atribuir todo el mérito de la reactivación a la gestión del Gobierno, el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, adjudicó la responsabilidad de la salida de la crisis a las políticas del Banco Central Europeo (BCE): su política monetaria expansiva, comprando millones de euros en bonos, relajó la carga de intereses de la deuda española. Según el Banco de España, ese programa de compras aportó 1,7 puntos porcentuales al crecimiento real del PIB de España hasta 2016 y contribuyó a reducir en 1,9 puntos porcentuales el déficit público. Además, manteniendo los tipos de interés en mínimos históricos abarató el dinero y alivió la carga financiera de las familias.
Pero ese viento de cola va camino de amainar este año. El BCE ya ha anunciado su intención de retirar los estímulos monetarios de forma paulatina. Los tipos de interés van a comenzar a subir.
Lo mismo puede decirse del precio del petróleo, otra de las ayudas que ha recibido la economía española estos años. El crudo barato llega a su fin, después de haberse desplomado hasta los 27 dólares el barril en diciembre de 2016. Hoy ha escalado hasta los 74 dólares. El 70% del consumo de energía español procede de importaciones, por lo que un aumento de la factura repercute inmediatamente en la economía. De hecho, este mes de mayo el IPC ha subido hasta el 2% aupado por el alza del precio de los carburantes. En el Programa de Estabilidad recién enviado a Bruselas, el Gobierno del PP calculaba que un precio de 75 dólares el barril restará 0,7 puntos al PIB.
Menos déficit, más deuda
Pedro Sánchez entra en la Moncloa con un déficit del 3,1%. En 2017 España cumplió por primera vez el objetivo marcado por Bruselas. Lo ha rebajado 6,24 puntos porcentuales desde 2011, pero aun así, sigue siendo el país con mayor déficit público de la UE. Para este año, la previsión del Gobierno es recortarlo aún más, hasta el 2,2%, y salir de ese modo del Procedimiento de Déficit Excesivo. España es el único país en ese régimen estricto de adelgazamiento. En 2011 eran 24 las naciones obligadas a acometer medidas extraordinarias para cubrir los agujeros en sus cuentas públicas.
En cualquier caso, ni la Comisión Europea ni la AIReF creen que la economía nacional cumpla ese objetivo del 2,2%. Bruselas reprocha al Gobierno que haya elaborado unos Presupuestos “expansivos” y le advierte del aumento del gasto que supondrán la subida de sueldos a los funcionarios y el alza de las pensiones pactado con el PNV. Tampoco la AIReF confía en que se consiga el recorte del gasto previsto en las cuentas del Estado para este año, por culpa igualmente de las pensiones.
Pese al enorme recorte del déficit de las administraciones durante los gobiernos del PP, la deuda pública no ha dejado de aumentar. Se ha disparado desde el 69,5% del PIB que se encontró Rajoy en 2011 hasta el 99,5% en que se situó el pasado mes de febrero. Según explica la AIReF, la deuda pública apenas se corrigió en siete décimas del PIB en 2017, por lo que España lleva tres años consecutivos incumpliendo la reducción de dos puntos porcentuales establecida en la Ley de Estabilidad para los ejercicios en que la economía crezca por encima del 2% en términos reales. Basándose en ese ritmo de disminución, la AIReF prevé que hasta 2035 no se alcance el objetivo de recortar la deuda hasta el 60% del PIB.
De cada 100 euros de deuda, casi cuatro corresponden a comunidades autónomas y ayuntamientos. Una de las tareas pendientes que Rajoy deja a Pedro Sánchez es la reforma del sistema de financiación autonómica. El PP se comprometió a tener un nuevo modelo de financiación antes de que acabara 2017, pero sigue en el aire, entre peticiones de quita y reestructuración de unas comunidades y vetos de otras.
Una reforma laboral para devaluar salarios
Cuando Rajoy se adjudica el mérito de la recuperación, se la atribuye a las “reformas” de su mandato. Básicamente, alude a la reforma laboral, cuyo mayor éxito ha sido propiciar una devaluación salarial pensada para hacer más competitiva a la economía española, a falta de una devaluación monetaria imposible tras la adopción del euro.
El Banco de España certifica que ese aumento de la competitividad se ha conseguido, fundamentalmente a costa de los salarios antes que de los márgenes de las empresas. Entre 2014 y 2017 la remuneración por asalariado creció sólo un 0,4% en promedio, mientras que los beneficios empresariales, medidos como ahorro bruto de explotación, mejoraron un 6,4%. Es decir, durante la recuperación, los beneficios de las empresas han crecido 16 veces más que los salarios.
El sueldo medio bruto anual en 2016, el último año del que ofrece datos el Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanzaba los 23.156,34 euros, apenas dos décimas por encima de 2015. Pero el salario mediano –el situado en la posición central de los salarios ordenados de mayor a menor—se queda en 19.432,62 euros y el salario más frecuente es aún más escaso, 16.497,4 euros. Estos dos últimos, además, se han reducido respecto de 2015. En 2014, el salario medio aún estaba por debajo del que se cobraba en 2011, 22.899,35 euros.
Pero el problema añadido de la devaluación salarial es que no ha sido uniforme. Como reconoce el Banco de España en su último informe anual, los salarios reales del 10% más pobre de la población cayeron un 30% entre 2006 y 2014, mientras que los de los más ricos sólo cedieron un 5% y los situados en la mediana de la escala, el 10%.
Según el supervisor, dos motivos explican el hundimiento salarial de los trabajadores que, además, partían con los ingresos más bajos. Primero, la destrucción de empleo, que se cebó precisamente en los trabajadores con sueldos más exiguos: jóvenes, personas con menor formación y los empleados con menor antigüedad. Segundo, la fuerte reducción en el número de horas trabajadas, que también fue más intenso para quienes cobraban los salarios más escasos. Por una parte, ha crecido el número de trabajadores a tiempo parcial –hasta 20 puntos porcentuales en el caso de los menores de 30 años–. También se ha reducido la cantidad de horas que éstos trabajaban antes de la crisis. Y, finalmente, ha aumentado el número de días que los asalariados permanecen en el desempleo.
La nueva realidad del subempleo
Esos elementos dibujan también el paisaje del empleo que han propiciado la crisis y la reforma laboral de 2012. Rajoy heredó una tasa de paro del 22,56% en diciembre de 2011, que seis años y seis meses después se ha recortado hasta el 16,74%. Se han recuperado la mitad de los 3,8 millones de empleos destruidos durante la crisis, a razón de medio millón cada año. Aun así, como le recuerda Bruselas en cada uno de sus informes, España continúa siendo el segundo país con más desempleo de la Unión Europea, sólo superado por Grecia. De hecho, dobla la media de la zona euro, el 8,7%, y cuatriplica las tasas de Reino Unido y Alemania.
Además, la reducción del paro se ha hecho a base de crear empleo precario. Lo dicen los sindicatos y lo corroboran los economistas. España es el campeón del empleo temporal en Europa, un 26,1% en el primer trimestre del año, sólo batida por Polonia. También han aumentado estos años los trabajadores a tiempo parcial, que ya representan casi el 15% de los ocupados, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Otro parámetro laboral en que España se sitúa a la cabeza de Europa es el empleo a tiempo parcial involuntario: el 55,3% trabaja por horas porque no ha podido encontrar un puesto a jornada completa. Son 1,5 millones de personas.
Finalmente, los contratos temporales cada vez son más breves: 5,57 millones, el 26%, dura menos de una semana; en 2011 eran sólo 2,9 millones, según las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El conjunto de estos factores ha conformado un nuevo fenómeno, el del subempleo, que ya empieza a aparecer en las estadísticas oficiales como una nueva categoría que sumar a los oficialmente parados. Está integrada por personas que salen y entran del paro o trabajan con jornadas, y salarios, insuficientes. Una tarea que también ha dejado pendiente el Gobierno de Rajoy es la toma de medidas para aumentar la insatisfactoria calidad del empleo que está creando la recuperación. La mesa de diálogo abierta en el Ministerio de Empleo con la patronal y los sindicatos para tratar este asunto lleva casi paralizada desde su creación, al igual que las tres restantes –parados de larga duración, pensiones y formación para el empleo–.
Déficit histórico de la Seguridad Social
Rajoy deja en herencia a Pedro Sánchez un déficit histórico de la Seguridad Social, que en 2017 alcanzó los 18.756 millones de euros, el 1,61% del PIB. En 2011 los números rojos del sistema eran de sólo 995 millones de euros, el 0,09% del PIB. El desempleo rampante primero, y la anémica recuperación del empleo y los salarios después, han dañado los ingresos por cotizaciones, que no son capaces de cubrir el gasto siempre creciente en prestaciones. De forma que la AIReF, una vez más, tampoco se cree la previsión del Gobierno del PP de recortar el déficit de la Seguridad Social hasta el 1,4% como figura en los Presupuestos que Pedro Sánchez se ha comprometido a mantener.
Ese agujero llevó a Mariano Rajoy a echar mano del Fondo de Reserva de las pensiones de manera continuada desde 2012 hasta casi vaciarlo. Cuando llegó al poder la hucha de las pensiones tenía 66.815 millones de euros; hoy sólo quedan 8.095 millones. Para evitar dejarla a cero, el Ejecutivo concedió a la Seguridad Social un préstamo de 10.192 millones el año pasado y éste, otro de 15.000 millones, con los que pagar las extras de las pensiones de verano y navidad.
La reforma de las pensiones de 2013 tiene por objeto contener el gasto en pensiones. Para ello creó un Índice de Revalorización (IRP) que sustituyó al IPC para actualizar las pensiones cada año. El IRP vincula la subida de estas prestaciones al equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. Si éstas cierran en déficit, las pensiones sólo pueden subir un 0,25%. Es lo que lleva ocurriendo desde 2012. Según prevé la AIReF, el sistema continuará en déficit hasta 2022, por lo menos.
La consiguiente pérdida de poder adquisitivo que supone ese 0,25% anual respecto al aumento de los precios hizo salir a la calle a los pensionistas de toda España a partir de enero. Y fruto de esa presión el Gobierno accedió a subirlas –un 3% las mínimas y un 1,6% el resto– tanto este año como el próximo. También se comprometió a retrasar el Factor de Sostenibilidad –un coeficiente reductor de la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación– de 2019 a 2023.
Ambas medidas suponen un ataque a la misma línea de flotación de la reforma de 2013 que, sin embargo, el PP insistía en que no iba a derogar, sólo a suspender de forma temporal. El PSOE, por el contrario, ha rechazado siempre la reforma y pedido el regreso al IPC. La pelota está en el tejado del Pacto de Toledo, que lleva año y medio intentando llegar a un acuerdo.
Rescate financiero a fondo perdido
También se ha trasladado a la agenda del nuevo Gobierno la privatización de Bankia. El PSOE ha resucitado en su programa electoral la idea de una banca pública, más allá del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que garantice tanto el crédito para inversiones a largo plazo como el crédito social. El PP ha vendido sólo dos paquetes de acciones del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri, el primero en febrero de 2014, un 7,5% del capital, por importe de 1.300 millones de euros, y el segundo, el 12 de diciembre pasado, un 7%, por menos dinero, 818,3 millones de euros. El 18 de abril, el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, admitió en el Congreso que no tenía “ninguna ansiedad” por vender Bankia. El motivo no es otro que la pérdida de valor de la acción del banco nacionalizado y la poco entusiasta cotización de la banca en general, lastrada por los bajos índices de rentabilidad del negocio.
Bankia fue rescatada con dinero público, un mínimo de 22.424 millones según las cifras oficiales del Banco de España. En total, el rescate financiero español costó 56.865 millones de euros de dinero público. De esa cantidad, sólo se recuperará el 6,8%, de acuerdo con las previsiones del Banco de España. En su memoria de 2017, el FROB precisa que, hasta el momento, sólo se han recobrado 5.911 millones de euros, aunque no incluye los 2.122 millones obtenidos por la venta de Bankia ni los 535 millones abonados por ésta en dividendos.
En realidad, la factura de la operación de rescate es aún mayor. Se eleva hasta 79.054 millones si se incluyen las cantidades aportadas por el Fondo de Garantía de Depósitos –que se nutre de las contribuciones de las entidades financieras privadas— y los 16.300 millones en créditos extraordinarios otorgados como “provisión urgente y transitoria de liquidez” por el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Como resultado de la brutal remodelación que ha sufrido el sector, seis años después ya no existen las cajas de ahorro y el grado de concentración bancaria es desconocido: las cuatro principales entidades suman el 81,5% de la cuota de mercado. En 2008 no pasaba del 49%. Sólo en el último año han desaparecido el Banco Popular y BMN, absorbidos por el Santander y Bankia, respectivamente.
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Impuestos pendientes
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha tenido tiempo de diseñar el impuesto a las compañías tecnológicas, o tasa Google, que prometió para sufragar una parte al menos de la subida de las pensiones. El PSOE ya anunció en su día que está a favor de crear nuevos impuestos para pagar las prestaciones públicas. En general, también respalda aumentar la recaudación fiscal para revertir los recortes del gasto público aplicados durante los últimos años.
Ha sido una constante de los mandatos del PP la desviación entre los ingresos previstos y los efectivamente recaudados, que siempre quedaban por debajo: 28.013 millones de euros entre 2012 y 2017, según datos de la Agencia Tributaria. El impuesto de sociedades, en concreto, ha resultado muy dañado por la crisis, que dinamitó los beneficios de las empresas, pero tampoco se ha reactivado con la recuperación. Las ganancias de las empresas sí han recobrado el tono, pero no lo que éstas pagan al fisco. La culpa, dicen los expertos, los técnicos de Hacienda y la AIReF, la tienen los créditos fiscales acumulados por las pérdidas de las empresas durante la crisis, así como las numerosas deducciones y exenciones que se les permiten y la rebaja de los tipos decidida por el Gobierno: del 30% al 28% en 2015 y hasta el 25% en 2016. Así, el año pasado, cuando las empresas declararon unos beneficios de 217.563 millones de euros, Hacienda recaudó 24.258 millones de euros. En 2007, con unas ganancias parecidas, 218.019 millones, los ingresos por el impuesto de sociedades se elevaron hasta los 44.823 millones de euros, casi el doble.
Mariano Rajoy deja la presidencia del Gobierno presumiendo de que deja “una España mejor” de la que encontró en diciembre de 2011 cuando el PP accedió al poder. De hecho, ha esgrimido la gestión económica como su gran éxito, la razón que justificaba sus apelaciones a la “estabilidad” por encima de cualquier otra consideración política.