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Las heridas de la crisis y las reformas laborales: de Domino's Pizza y los transportistas a Supersol y Holiday Inn

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Los líderes de CCOO y UGT enumeraron desde el escenario montado este miércoles en la Puerta del Sol para dar sus discursos del Primero de Mayo los efectos de las reformas laborales y de pensiones cuya derogación reclaman al Gobierno. “Sirvieron para devaluar los salarios, poner en duda el sistema público de pensiones y reducir peligrosamente la recaudación fiscal”, describió Unai Sordo. Pese a que la participación en la convocatoria de este año redujo la de años anteriores, las pancartas desplegadas continúan revelando las heridas que han dejado la crisis y la relajación de las normas laborales. También los cambios en el perfil de la clase trabajadora. La precariedad se ceba en el sector servicios: reparto de comida a domicilio, restauración, supermercados, hostelería, subcontratas…

Los trabajadores de Domino’s Pizza, Telepizza o Papa John’s, entre otras empresas dedicadas a la preparación y reparto de comida a domicilio, pelean con la patronal del sector, Prodelivery, para que su convenio les mejore sus condiciones laborales. “Nos cambian el horario sin previo aviso y nuestro salario no llega a los 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”, explica Adrián, que es subgerente de una tienda y pertenece al comité de empresa por el sindicato CCOO. Ya el año pasado los trabajadores tuvieron que acudir al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para conseguir que Prodelivery se aviniera a pagar a repartidores, auxiliares administrativos, auxiliares de tienda, ayudantes de cocinero y obrador, conductores y mozos de almacén, el salario mínimo, entonces situado en 735,9 euros al mes. En 2017 había ocurrido otro tanto.

En el Grupo VIPS el convenio es mejor. El 86% de la plantilla tiene contrato fijo, según el informe de responsabilidad social corporativa de 2017, el último que publica la empresa en su página web. Pero el porcentaje de empleo a tiempo parcial es muy elevado, se queja Francisco Cáceres, del comité intercentros del grupo. A VIPS lo compró el pasado octubre el grupo mexicano Zena-Alsea, que también posee las cadenas Foster’s Hollywood, Burger King, Domino’s Pizza o Cañas y Tapas, entre otras. El convenio caducó el pasado 31 de diciembre y desde entonces la plantilla, que supera los 9.600 empleados, se ha quedado sin revisiones salariales o sin reparto de incentivos, por ejemplo, a la espera de que los nuevos dueños se sienten a negociar.

También se encuentran sin convenio, pero nada menos que desde 2010, los trabajadores del transporte de mercancías por carretera de Madrid. “La patronal [Confederación Madrileña del Transporte (Comat)] se aprovecha de la atomización del sector y se niega al acuerdo”, lamenta Manuel, delegado de CCOO. Así que los conductores llevan desde 2007 sin revisiones de sueldo y con las tablas salariales congeladas desde hace nueve años. “Quieren convertirnos en el sector del taxi”, acusa el sindicalista.

En Supersol la situación ya es crítica. La cadena de supermercados quiere despedir a 400 empleados, el 10% de su plantilla, en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuya negociación concluirá el próximo día 8. También cerrarán 21 tiendas. Su propietario, el grupo lituano Máxima Grupé, dice que sólo ha tenido pérdidas desde que aterrizó en España en 2012. En 2017 sus números rojos ascendieron a 1,3 millones de euros. La empresa, cuenta Antonio Martínez, miembro del comité, ofrece a los despedidos 27 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 18 meses. Los sindicatos luchan por aumentar la compensación a 30 días y 22 meses, además de por reducir el número de cierres y de despedidos.

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Con el ERE a las puertas se encuentran igualmente los trabajadores del Hotel Holiday Inn Bernabeu de Madrid. El próximo lunes se sentarán con la empresa para negociar las condiciones de despido de todos sus trabajadores, unos 70, indica el presidente del comité, Javier del Pozo. El fondo buitre Blackstone lanzó una OPA sobre el grupo Hispania en julio de 2018. Pagó casi 2.000 millones de euros por la socimi hotelera, entonces propiedad del multimillonario George Soros. Los nuevos dueños están reformando 20 de los 46 hoteles que han adquirido, lo que se ha traducido en el cierre del Holiday Inn madrileño y en el despido de sus 70 trabajadores.

Una vez remodelado, pasará a ser un Hilton y tendrá una nueva plantilla. “No quieren ni oír hablar de un ERTE [un ERE temporal] mientras dure la reforma”, protesta Del Pozo. Así que los empleados se concentran todos los viernes delante de las oficinas de Blackstone, en la céntrica calle de Serrano. Una protesta que no ha gustado al fondo de inversión. “Nos han dicho que no es un acto de buena fe”, se sonríe el presidente del comité.

También acudieron a la manifestación del Primero de Mayo los trabajadores del servicio de desratización y desinsectación del alcantarillado de Madrid. En enero, el Ayuntamiento de la capital adjudicó el contrato a la empresa Lokímica. La ley obliga al nuevo concesionario –si así lo indica el convenio colectivo o el pliego de condiciones del concurso público– a subrogarse en la plantilla, a la que hasta entonces pagaba Rentokil, otro especialista en control de plagas. “Pero Lokímica echó a una parte de los trabajadores y al resto nos quiere quitar la antigüedad, como si nos contratara desde cero, y aplicarnos una cláusula de movilidad geográfica”, critica Antonio Reguera, delegado de UGT. Unos 30 trabajadores se han visto afectados.

Los líderes de CCOO y UGT enumeraron desde el escenario montado este miércoles en la Puerta del Sol para dar sus discursos del Primero de Mayo los efectos de las reformas laborales y de pensiones cuya derogación reclaman al Gobierno. “Sirvieron para devaluar los salarios, poner en duda el sistema público de pensiones y reducir peligrosamente la recaudación fiscal”, describió Unai Sordo. Pese a que la participación en la convocatoria de este año redujo la de años anteriores, las pancartas desplegadas continúan revelando las heridas que han dejado la crisis y la relajación de las normas laborales. También los cambios en el perfil de la clase trabajadora. La precariedad se ceba en el sector servicios: reparto de comida a domicilio, restauración, supermercados, hostelería, subcontratas…

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