La Comisión Europea ha exigido la devolución de las ayudas a la actividad de los astilleros que España autorizó entre los años 2007 y 2011. Son más de 2.000 mllones de euros que beneficiaron, en forma de desgravaciones fiscales a grandes empresas, constructoras y bancos, que invirtieron en la construcción de buques porque las entidades financieras "vendieron" el sistema (tax lease, inversiones que generaban desgravaciones fiscales) como un producto financiero más,tax lease con rentabilidades de hasta el 30%.
Inditex, Ikea, FCC o Banco Santander estarían entre las entidades que invirtieron en la construcción de buques para pagar menos impuestos en una época de elevados beneficios. Otras entidades como Bankinter participaron en el diseño de Asociaciones de Interés Económico (AIE) a través de las que los inversores invertían su dinero. El Corte Inglés negó en la tarde de ayer que hubiera invertido en el sector naval. La Comisión Europea exige que quienes se beneficiaron de las deducciones, que no cuantifica, las devuelvan.
El comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, que ha librado un pulso con el Gobierno español y las comunidades más afectadas por el caso (Galicia, Asturias y el País Vasco) explicó que la devolución no afecta ni a los astilleros que construyeron los buques, ni a los armadores que los encargaron. Bruselas, sin mencionarlos, apunta a las carteras de las empresas y bancos que se beneficiaron del sistema.
Cada inversor mencionado ha sido contratado en el sector de la construcción naval. infoLibre, además, se ha puesto en contacto con todos y cada uno de los mencionados en varias ocasiones, vía telefónica y por correo electrónico. Ni confirmaron la información, ni la negaron.
Por su parte, la patronal de los astilleros españoles, Pymar, anticipó que la medida de Bruselas tendrá un efecto «devastador», hasta el punto de provocar un hundimiento en cadena de todo el sector naval. Son 87.000 empleos y dos decenas de empresas privadas en riesgo, aseguran.
Grupos empresariales
Pero en este punto, conviene explicar cómo ha funcionado el sistema que ahora cuestiona Bruselas y que ha llevado a invertir en la construcción naval a grupos empresariales muy alejados de esta actividad y sólo por un interés "fiscal".
Primero, el nombre: tax lease, literalmente, "arrendamiento tributario". En Bruselas se conoce como Sistema Español de Arrendamiento Fiscal (SEAF).tax lease, Consiste en lo siguiente: el armador, que se enfrenta a una inversión muy elevada (de entorno a 200 millones por barco), logra un descuento del astillero. ¿Por qué? Porque acepta no comprar el buque directamente al astillero, sino a inversores constituidos en Asociación del Interés Econímico (AIE).
En la práctica, esa AIE, montada generalmente por un banco que puede participar o no en ella, arrienda el barco desde el mismo momento en que comienza su construcción. Pero ¿en qué beneficia eso a los inversores? En mucho. En primer lugar, en una primera fase se produce una amortización acelerada del barco arrendado (de tres a cinco años en lugar de los 10 habituales), lo que provoca "pérdidas" fiscales que se pueden deducir de sus ingresos en el porcentaje en el que participen en la AIE.
En una segunda fase, los inversores de la AIE se benefician porque, acabada la amortización anticipada (que debería conllevar una elevación de impuestos) se benefician por una tributación de ingresos en función del tonelaje del barco y por la exención total del impuesto de plusvalías por las obtenidas en la venta definitiva del buque al armador.
Amortización anticipada
La Comisión Europea cuestiona que tanto la amortización anticipada como los beneficios y exenciones posteriores se hayan autorizado sólo en el sector naval. Por ello, reclama la devolución de lo que considera ayudas ilegales al Estado español. Las deben devolver, los inversores, es decir, bancos y empresas que se beneficiaron de lo que se comercializó como un producto financiero más.
La patronal de los astilleros españoles, Pymar anticipó un efecto «devastador» en el sector, hasta el punto de provocar un hundimiento en cadena de todo el sector naval. La patronal considera que, finalmente, los contratos suscritos entre astillero, armadores e inversores, provocarán pleitos que secarán los pedidos a las empresas. Los afectados serán 87.000 empleos y dos decenas de astilleros privados. Pymar ha afirmado que se reserva el derecho de tomar "todas las acciones legales pertinentes".
Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que la decisión de Bruselas "no es la que le gusta al Gobierno, pero es mejor que la que corroboró el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia".
La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria de la Comisión Europea, Antonio Tajani, levantara su reserva, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
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Propuesta inicial
La presión ha suavizado la propuesta inicial de Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005. El vicepresidente ha atribuido los sucesivos cambios en las últimas semanas a los "argumentos jurídicos" aportados hasta los "últimos momentos" tanto por los servicios de la Comisión como por España.
En todo caso, la decisión final queda lejos de las aspiraciones del Gobierno de Mariano Rajoy. El ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió la semana pasada limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema español. Los astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.
La Comisión Europea ha exigido la devolución de las ayudas a la actividad de los astilleros que España autorizó entre los años 2007 y 2011. Son más de 2.000 mllones de euros que beneficiaron, en forma de desgravaciones fiscales a grandes empresas, constructoras y bancos, que invirtieron en la construcción de buques porque las entidades financieras "vendieron" el sistema (tax lease, inversiones que generaban desgravaciones fiscales) como un producto financiero más,tax lease con rentabilidades de hasta el 30%.