El infierno fiscal que solo ve el PP: mentiras y medias verdades sobre las 97 subidas de impuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso.

El ecosistema de impuestos nacionales está de actualidad a raíz de la tributación del salario mínimo en España, que pasará de estar exento a pagar IRPF en 2025. En la sesión de control al Gobierno de este martes, el Partido Popular atacaba al Ejecutivo por su negativa a dejar exentos los sueldos mínimos del IRPF y, pese a estar en contra de que aumentasen estas retribuciones a los trabajadores, acusaba al Gobierno de pretender “que los mileuristas también paguen”. La oposición habla de “infierno fiscal” y de “97 subidas de impuestos” en la legislatura. La parte socialista del Gobierno respondía señalando que los salarios equivalentes al nuevo salario mínimo (de 1.184 euros mensuales) ya pagaban impuestos, por lo que dejarlos ahora exentos sería hacer una rebaja fiscal. Además, al hilo de la polémica, el PP publicó en sus redes una lista de 31 impuestos que recogían supuestas subidas realizadas por el Gobierno y que Hacienda desmentía, calificándola de “falaz”, en una respuesta en la red social X.

“Algunas cosas son correctas, otras son engañosas y otras directamente no son ciertas”, apunta el portavoz de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. “El IBI, la plusvalía son municipales. Las transmisiones patronales, actos jurídicos documentados, donaciones y patrimonio corresponden a las comunidades autónomas, no al Gobierno”, explica el experto. Por otro lado, apunta, cuando se habla de la actualización de los impuestos patrimoniales, se hace referencia a actualizaciones de los valores catastrales, que no son, como tal, subidas de impuestos y que cada municipio puede graduar.

Otras imprecisiones corresponden al IVA de la luz y los alimentos. Se colocan en la lista como subidas de impuestos, cuando en realidad se habían planteado como una rebaja temporal para aplacar los efectos de la inflación en un periodo de tiempo determinado. Se aprobaron en enero de 2023 y se retiraron una vez se hubo establecido una tendencia a la baja en la inflación y cumpliendo también con las recomendaciones de la Comisión Europea de retirar estímulos a las economías una vez superado el punto álgido de la crisis. Tampoco el cánon digital es nuevo, explica el experto de Gestha, y tampoco se considera un impuesto como tal, ya que su finalidad es equilibrar los derechos de los creadores y el acceso a la copia privada.

Más allá del número de actuaciones fiscales, el cómo se han hecho, a qué rentas y en qué entorno económico, son cuestiones relevantes para poner en contexto esta afirmación. Por ejemplo, en los presupuestos de 2021 se subió el IRPF a las rentas superiores a 300.000 euros, algo que en opinión del experto tampoco ha tenido impacto en las rentas medias y bajas. Por otra parte, los impuestos que se aplican sobre productos específicos suelen tener un componente disuasorio más que recaudatorio. “Lo que se intenta, por ejemplo, con el impuesto a los plásticos es modificar los hábitos de consumo en favor de otros materiales más sostenibles como el papel”, explica Mollinedo. Aquí entrarían también las tasas a los cigarrillos eléctricos o a las bebidas azucaradas.

En la lista de impuestos del PP también aparecen aquellos que se aplican a grandes corporaciones y no afectan directamente a los ciudadanos. La tasa Google, que grava a grandes tecnológicas con un 3% sobre los ingresos derivados de publicidad; la tasa Tobin, que se aplica a la compra de acciones, o impuestos a las grandes fortunas, a la banca o a las energéticas están en este cómputo. “Estos impuestos, aunque han hecho mucho ruido, no han aportado mucho en términos de recaudación”, explica Mollinedo. También, el aumento de tributación de las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliarias), que pagaban un 0% en el impuesto de sociedades y pasan a un 1%. 

Presión fiscal en España

El gravamen que más recauda en España es el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que grava las rentas anuales de una persona y representó el 44,2% del total recaudado hasta noviembre de 2024. Le sigue el impuesto sobre el valor añadido (IVA), con un peso del 31,5% y el impuesto de sociedades, que representó el 12,4% de la recaudación. Luego entran otra serie de tasas especiales que completan la serie. Así, según los últimos datos de Hacienda, hasta noviembre de 2024 los ingresos totales fueron 273.993 millones de euros, con un incremento del 8,3% respecto al mismo periodo de 2023. El crecimiento en la recaudación no viene marcado solo por el número de impuestos, sino que influye el número de cotizaciones sociales y, por tanto, el comportamiento del empleo, la inflación —que actúa como un impuesto silencioso, ya que si suben los precios, los productos son más caros y con el mismo porcentaje gravado se recauda más— y las subidas de los salarios, que si se elevan para compensar la inflación también cotizan más. 

Por otro lado, en la evolución del programa fiscal también se deben considerar los compromisos con Europa. En octubre, el Gobierno mandó a Bruselas un plan fiscal con ajustes destinados a bajar la deuda pública, después de que el Parlamento Europeo reactivase a principios de 2024 los límites de déficit a los Estados, una vez superado el periodo de la pandemia y la crisis de suministros. Además, la brecha fiscal con la eurozona también condiciona la política de impuestos. La presión fiscal hace referencia a la recaudación de un Estado en proporción a su riqueza, y esta, es en España tres puntos más baja que en la Eurozona: a nivel nacional se situó en el 37,3% en 2023, mientras que en la media de la Unión Europea se situó en el 40,6%. 

Finalmente, para hacer un examen del panorama fiscal, Mollinedo señala que se deben considerar tanto las subidas como las exenciones. “No se explican las reducciones que se han hecho en el impuesto de la renta, como las de eficiencia energética de las viviendas, ni las de adquisición de vehículos eléctricos, ni los aumentos de las deducciones de los donativos a favor de las entidades sin ánimo de lucro”, concluye.

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