Un negocio de 500 millones anuales es siempre apetecible. Pero en época de crisis, lo es más aún. La revisión de obligatoria de vehículos, la popular ITV, mueve en España 500 millones cada año que se reparten 60 empresas en 450 instalaciones. Es un negocio seguro que ha desatado una guerra entre las empresas del sector, concesionarios de automóviles y grandes grupos de transporte que aspiran a una parte de la tarta y cuyos resultados se resienten por la caída del consumo.
El Ministerio de Industria ha acelarado la reforma del marco legal estatal del sector. La asociación que agrupa a las empresas de ITV (AECA), así como las que representan a otros colectivos afectados (CONEPA, CETRAA y ANCERA) dan por hecho que los cambios, cocinados durante meses, son inminentes. Muy probablemente, afirman, abrirán el negocio a los grupos dedicados a la comercialización de vehículos que cuentan también con servicio de taller.
El terreno está preparado. La nueva Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) aprobó el mes pasado un informe favorable a la reforma que pilota Industria pero de la que, según sostienen fuentes del sector, ha estado muy pendiente del secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, interlocutor natural de los concesionarios del automóvil.
Incompatibilidades
En su informe, la Comisión que dirige José María Marín Quemada, se muestra a favor de que se eliminen las incompatibilidades del Real Decreto 224/2008 que prohíben la participación cruzada entre los socios de las ITV con talleres y concesionarios. Según la CNMC, esas incompatibilidades "constituyen una clara barrera de entrada para el ejercicio de la actividad de ITV".
Como las Comunidades Autómas tienen competencias en las ITV (fueron reconocidas por el Tribunal Constitucional) y en muchos casos han incorporado a sus normas las incompatibilidades de la legislación estatal, la CNMC "recomienda" a las comunidades que también cambien la normativa.
Con Comercio e Industria (infoLibre trató de obtener la versión de ambos, sin éxito) a favor de que los concesionarios entren en el negocio, la polémica está servida. Las empresas de ITV reivindican un servicio "independiente y garante de la seguridad vial". Tras esa reclamación se insnúa la idea de que un concesionario con ITV propia puede ser menos exigente a la hora de revisar el vehículo que quizá vendió en su momento.
La supresión de incompatibilidades propuesta contemplaría también que grandes empresas de transporte escolar, de viajeros y mercancías peligrosas,transporte escolar entre otras, construyeran y gestionasen sus propias estaciones de ITV, en las que podrán inspeccionar sus propios vehículos.
Talleres de reparación
El debate afecta también a los talleres de reparación, buena parte de cuyo negocio se debe a las revisiones pre-ITV que podrían disminuir con la nueva normativa. La Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios (ANCERA) sostiene que en esta actividad trabajan 7.000 puntos de venta que dan trabajo a alrededor de 50.000 trabajadores.
Para defender su postura, las empresas de ITV esgrimen la directiva recién aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea que establece cómo la ITV debe seguir regulada por la Administración y debe quedar fuera de la Directiva de Servicios.
En concreto, la directiva establece que "los inspectores no tendrán ningún conflicto de intereses de tal forma que el Estado miembro o la autoridad competente se aseguren de que se mantiene un elevado nivel de imparcialidad y objetividad".
El sector de las ITV, poco transparente en general, ha dado lugar a escándalos como el que afecta a Oriol Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol en torno al concurso público convocado por el Gobierno tripartito calán en 2010, que rompió, por primera vez, el duopolio que hasta entonces habían disfrutado Applus y RVSA en las estaciones de ITV catalanas.
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Sistema concesional
Actualmente, según datos del sector, hay once Comunidades Autónomas que se rigen bajo el modelo de concesión administrativa (en el que la Comunidad establece el número y ubicación de estaciones de ITV que deben operar en el territorio, sistema de precios, etc.); otras tres (Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja) que promueven el sistema de autorizaciones en el que no se define la ubicación de centros de ITV ni su número; y otras dos que gestionan el sistema a través de una empresa pública (Principado de Asturias y Andalucía).
Por su parte, Cataluña reguló un sistema mixto por el que la Generalitat otorgaba autorizaciones a las empresas para instalar las estaciones, pero planificaba el número de centros que debían instalarse en cada territorio y su ubicación.
Un negocio de 500 millones anuales es siempre apetecible. Pero en época de crisis, lo es más aún. La revisión de obligatoria de vehículos, la popular ITV, mueve en España 500 millones cada año que se reparten 60 empresas en 450 instalaciones. Es un negocio seguro que ha desatado una guerra entre las empresas del sector, concesionarios de automóviles y grandes grupos de transporte que aspiran a una parte de la tarta y cuyos resultados se resienten por la caída del consumo.