Los gobiernos de Alemania, Italia, Francia y Corea del Sur ya han anunciado que inspeccionarán los vehículos de la marca Volkswagen para averiguar si el programa informático descubierto en EEUU que falsea las pruebas de gases de escape también se ha instalado en los coches que circulan por sus carreteras. El Ejecutivo español, en cambio, se limita a quedar a la espera de que el fabricante alemán “dé una explicación”. Ha sido la única declaración del ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre el escándalo que sacude a la industria del automóvil en tres continentes. A Soria sólo le preocupa que el caso “afecte a los anuncios de inversión del grupo en España”, a menos a tenor de las manifestaciones que hizo este martes en Cartagena. El gigante alemán anunció en mayo inversiones por importe de 4.200 millones de euros hasta 2019 en las factorías de Landaben (Navarra) y Martorell (Barcelona).
Las preocupaciones de los gobiernos europeos se dirigen a los intereses de los consumidores, a los niveles de contaminación que soportan los ciudadanos e incluso a la necesidad de “controlar a otros fabricantes europeos”, como ha explicado el Ejecutivo francés. El Ministerio italiano de Transportes ya ha pedido a Volkswagen que le entregue los certificados de control de los vehículos. Alemania, la gran damnificada por el escándalo, ha creado una comisión para investigar el fraude, además de anunciar pruebas “independientes” a todos los diésel de la marca de Wolfsburg. El secretario de Estado de Transportes, Michael Odenwald, se presentará esta misma semana en la sede central de Volkswagen en esa ciudad de Baja Sajonia.
En Corea del Sur han sido más expeditivos: el Gobierno ha convocado a los responsables del fabricante alemán y el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado controles sobre las emisiones de los vehículos en octubre. Los resultados, asegura el departamento, se conocerán en noviembre.
En Estados Unidos, finalmente, Volkswagen se enfrenta a una investigación criminal del Departamento de Justicia y a una vista en la Cámara de Representantes del Congreso. La multa que le espera a la marca alemana puede superar los 16.000 millones de euros.
Sospechas de fraude en otras marcas
Es más, las sospechas amenazan con salpicar al resto de los fabricantes de automóviles. Y puede que a los gobiernos nacionales y a Bruselas. El periódico alemán Süddeutsche Zeitung no duda en advertir de que el “interruptor”, como ha bautizado la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU el programa que falsea las emisiones de escape, ni es un producto exclusivo de Volkswagen ni su uso se limita al país norteamericano. Para explicarlo acude el diario a las inspecciones realizadas por el Consejo Internacional para el Transporte Limpio (ICCT), una organización independiente que elabora análisis científicos y técnicos para reguladores medioambientales. ICCT sometió a 32 vehículos a las pruebas WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures), que está a punto de aprobar la UE para su entrada en vigor en 2017. Suspendieron 22 modelos.
Por su parte, el portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, asegura que un informe de la ONG europea de Transporte y Medio Ambiente reveló en 2013 la existencia de “sistemas de fraude para mitigar las emisiones contaminantes en las pruebas de laboratorio”. “Los tests adicionales a aquellos efectuados en el laboratorio demostraron en 2015 que las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) eran 10 veces más altos que en una situación real”, explica.
Otros dos fabricantes alemanes se han apresurado a aclarar que el falseamiento de los datos de emisiones es exclusivo de Volkswagen. Mercedes asegura que no ha sido investigada por las autoridades de EEUU. Los de BMW sí han sido inspeccionados, ha revelado la marca bávara, pero los controles sólo han hallado “desviaciones mínimas entre los valores registrados en los bancos de pruebas y en carretera”. La patronal francesa afirma que tanto Peugeot Citröen como Renault cumplen las normas europeas de emisiones.
Pero ADAC, el mayor automóvil club de Europa y la asociación automovilística más poderosa de Alemania, también dice haber detectado en las pruebas habituales a las que somete a las distintas marcas valores notablemente más altos de los aplicados en los exámenes de la UE. Y los encontró en todos los fabricantes, según publica el semanario Der Spiegel.
'Die Welt' dice que Berlín y Bruselas lo sabían
Por el contrario, Anfac, la patronal española de fabricantes de automóviles, subraya que las trampas para ocultar los gases contaminantes es un problema “localizado en Estados Unidos y sólo para determinados modelos de Volkswagen”. Tras reclamar “prudencia”, un portavoz indicó que Anfac está en contacto con la patronal europea del sector, la ACEA, para recabar toda la información posible sobre el asunto. Además, colabora con las autoridades de Bruselas para actualizar unas normas sobre emisiones elaboradas en los años 80.
En efecto, la Comisión de Medio Ambiente de la UE vota este miércoles un nuevo reglamento sobre gases contaminantes. La intención del Gobierno de Bruselas es que antes de acabar el año se apruebe ese nuevo protocolo de pruebas que debería estar en vigor en 2017. La norma establecerá que, además de las pruebas en laboratorio que se practican ahora, se lleven a cabo exámenes de emisiones en carretera, en conducción real.
Pero puede ocurrir que ni el Gobierno alemán ni el europeo escapen al escándalo. Según publica Die Welt, ambos ejecutivos saben, y desde hace mucho tiempo, que los fabricantes utilizan dispositivos para falsear las emisiones de sus coches. El diario conservador alemán cita la respuesta que el Gobierno de Angela Merkel dio a una pregunta parlamentaria de Los Verdes el pasado 28 de julio. El grupo ecologista preguntaba directamente por esos “interruptores” que ayudan a los vehículos a ocultar que sus gases contaminantes superan los límites legales. El Ministerio de Transportes no desmiente que exista ese software –denominado detector de ciclos de conducción–, sino que, por el contrario, admite que no conseguido hasta ahora probar la manipulación de los datos y que trabaja con la UE para reducir las emisiones “reales” de los coches. Según Los Verdes, no es creíble que, después de esa explicación, el ministro de Transportes, Alexander Dobrindt, se erija ahora en “salvador de los conductores”.
“No hemos tenido ninguna noticia de problemas”
Mientras, el Ministerio de Industria español sólo se ha ocupado en detallar las diferencias entre los controles europeos y estadounidenses sobre emisiones. En EEUU la ley fija los límites y los fabricantes “se responsabilizan” de que sus vehículos los cumplen. Lo llaman “autocertificación”. En Europa, un “instituto independiente” comprueba que el coche cumple las normas de emisiones tras verificarlo en sus laboratorios o bancos de pruebas. Con esa homologación previa, la autoridad estatal correspondiente emite un certificado. Posteriormente, se realizan controles de producción periódicos para comprobar que los vehículos fabricados son idénticos a los prototipos.
En España, el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) y el Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (IDIADA) los encargados de practicar estas pruebas. “Los vehículos de la marca Volkswagen son homologados en su mayoría por Alemania, y no hemos tenido ninguna noticia de problemas en esta homologación”, ha sido la única explicación de Industria sobre el caso.
EEUU ha denunciado que casi medio millón de vehículos Volkswagen y Audi, fabricados entre 2009 y 2015, llevan instalado un programa informático que detecta los controles de emisiones y, a continuación, falsea los resultados. La marca alemana reconoce que no sólo los modelos descubiertos en EEUU, Jetta, Beetle, Audi A3, Golf y Passat, cuentan con ese software tramposo, sino también que hasta 11 millones de sus vehículos en todo el mundo lo incorporan.
Los gobiernos de Alemania, Italia, Francia y Corea del Sur ya han anunciado que inspeccionarán los vehículos de la marca Volkswagen para averiguar si el programa informático descubierto en EEUU que falsea las pruebas de gases de escape también se ha instalado en los coches que circulan por sus carreteras. El Ejecutivo español, en cambio, se limita a quedar a la espera de que el fabricante alemán “dé una explicación”. Ha sido la única declaración del ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre el escándalo que sacude a la industria del automóvil en tres continentes. A Soria sólo le preocupa que el caso “afecte a los anuncios de inversión del grupo en España”, a menos a tenor de las manifestaciones que hizo este martes en Cartagena. El gigante alemán anunció en mayo inversiones por importe de 4.200 millones de euros hasta 2019 en las factorías de Landaben (Navarra) y Martorell (Barcelona).