El Ingreso Mínimo Vital llega a menos gente que las rentas de inserción y utiliza sólo el 30% del presupuesto anunciado

¿Qué está pasando con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas estrella del Gobierno de coalición? Diez meses después de su implantación, a finales de mayo del año pasado y en plena pandemia, el balance que hacen tanto el Ministerio de Seguridad Social como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales -el colectivo de referencia en el sector- puede calificarse de cualquier manera menos de éxito. 

Primero, porque solo uno de cada cuatro solicitantes termina percibiendo el IMV. Segundo, porque hay menos personas beneficiadas ahora, tras un año de pandemia cuyos efectos han sido devastadores sobre la economía, que los que antes de su creación recibían alguna de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) gestionadas por las Comunidades Autónomas (y además también obtienen menor cuantía). Tercero, porque solo el 30% de los 3.000 millones apalabrados por el ministro José Luis Escrivá han sido utilizados para abonar prestaciones en estos 10 meses. Y cuarto y último, por el mayor aforo que registran las denominadas colas del hambre. 

Esto último lo recoge sin ambages el comunicado de la asociación de directoras de Servicios Sociales: "Las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantescolas del hambre y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, que es el Ingreso Mínimo Vital", destaca la asociación.

Qué dicen las cifras

Es conocida la baja cobertura que tiene el Ingreso Mínimo desde su implantación por culpa de la madeja burocrática que diseñó Seguridad Social: obligación de que todos los miembros de un hogar estén inscritos en el Sepe (requisito ya eliminado), no haber obtenido el año anterior ingresos equivalentes al 50% del IMV (puesto que la renta es distinta por cada hogar, en algunos casos bastaba con haber ingresado 3.000 euros durante los 12 meses de 2019 para no percibir el Ingreso Mínimo) o que no haya cambios en el hogar (mismas personas, algo que en el argot burocrático se denomina "unidades de convivencia"). 

Así pues, los resultados son un poco desoladores, según se puede ver en la propia nota de prensa que presentó la semana pasada el ministerio y que ha desgranado la asociación: se han logrado resuelto 811.859 expedientes, de los que solo 203.000 hogares han sido agraciados con el IMV. Pero es que además hay otros 347.645 expedientes por resolver, lo que da un total de 1.159.504 solicitantes. Menos de uno de cada cuatro tienen suerte.

Esos 200.000 hogares suponen unas 565.195 personas beneficiarias (el Ingreso Mínimo sigue unos requisitos basados en los convivientes del hogar y sus ingresos). Con las antiguas RMI había 697.124 personas que percibían algún tipo de subsidio, esto es, unas 130.000 más. "Es verdad que el IMV lleva 10 meses implantado y las RMI tres décadas", concede José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación de Directoras y Gerentes. "Pero la pandemia es una situación excepcional, y todo este problema de la escasa cobertura podría haberse resuelto en gran parte con la implantación de pasarelas automáticas". 

Las pasarelas automáticas son mecanismos que permiten que los perceptores de las RMI pasasen a cobrar el IMV de manera directa. "Nos habríamos ahorrado listas de espera", dice Ramírez Navarro. En el ministerio responden que "los requisitos de las rentas de inserción y del Ingreso Mínimo no son exactamente los mismos" por lo que hay que pasar una especie de filtro o criba. Portavoces de Escrivá defienden que la pasarela ya existe con Aragón y que se acaba de actualizar con Navarra. Otras fuentes señalan que la pasarela aragonesa "no está funcionando como debería". 

Pero el dato clave que demuestra que España está lejos de cumplir sus objetivos es la ejecución presupuestaria del IMV. Escrivá, aparte de prometer que el IMV supondría "la práctica erradicación de la pobreza extrema" (algo que no se ha producido), también garantizó que "el presupuesto anual ascenderá a 3.000 millones de euros al año". La última nota del ministerio a este respecto augura que no se alcanzará ese compromiso. "El abono de unos 152 millones de euros correspondientes a la nómina de marzo", rezaba la nota, "eleva a más de 920 millones el total desembolsado por la Seguridad Social en estos nueves meses".

Los 920 millones de euros son exactamente el 30,6% del presupuesto. La asociación de Directoras y Gerentes ha sido generosa a la hora de calcular el desembolso: "A pesar de la crisis social, el IMV no ejecuta más que el 40% del presupuesto anual". Puesto que quedan aún los meses de abril y mayo hasta completar un año, es probable que se llegue como máximo a ese 40% de desembolso, algo más de 1.000 millones. Pero muy lejos de los 3.000. 

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Ni la cuarta parte del objetivo

En Seguridad Social rebaten esta versión. "Hacienda nos dio 500 millones para poner en marcha el Ingreso Mínimo, algo que se hizo vía Real Decreto", señalan portavoces. Y aseguran que habrá que ver si se cumpla el gasto comprometido cuando llegue diciembre, vinculándolo a los Presupuestos Generales del Estado. Ramírez Navarro rechaza este argumento y asegura que el compromiso del ministro era destinar esa cuantía cada año y que el IMV se sacó adelante sin PGE.

"El Gobierno no ha cumplido ni siquiera con una cuarta parte del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 800.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país", sentencia la asociación.