El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue sin llegar a los más vulnerables. La ayuda, aprobada por el Gobierno para cumplir su objetivo de "no dejar a nadie atrás" una vez se ve la luz al final de la crisis sanitaria, tan solo es percibida por el 8,04% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España. Dicho de otro modo: el 92% de los más vulnerables no pueden todavía beneficiarse de la ayuda. Así lo ponen de relieve los datos de octubre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos en un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicado este jueves.
La organización ya avisó en mayo del año pasado —cuando se aprobó la ayuda— de que esto podría ocurrir. En ese momento, los directores y gerentes de Servicios Sociales denunciaron la "opacidad" con la que se había llevado a cabo la tramitación del IMV. Su temor era que el ingreso mínimo no paliara la pobreza derivada de la pandemia porque el procedimiento para convertirse en beneficiario de la ayuda, dijeron, fuera demasiado complejo. Y así ha ocurrido. "Han puesto un procedimiento tan complejo y unos requisitos tan inmisericordes que tres de cada cuatro solicitudes se están denegando", denuncia José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Concretamente, hasta septiembre de 2021 se habían recibido 1,45 millones de solicitudes para recibir la ayuda. De ellas, según la asociación, el 91% eran expedientes válidos. Sin embargo, y en 15 meses, tan solo se han tramitado 1,24 millones, por lo que quedan 97.513 guardadas en un cajón a la espera de resolverse. Pero hay otro dato peor: de las que sí se han resuelto, solo se han aprobado 337.000. Otras 888.000 han sido denegadas. Casi todas por criterios económicos. "El propio Ministerio, en respuesta a través del Portal de Transparencia, reconoce que el 60% de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio)", recoge la organización en su informe.
Pero el dato tiene trampa. Tal y como recuerda Ramírez, para la percepción del ingreso mínimo se observa la declaración de la renta correspondiente al año 2019 de los solicitantes, algo que impide que se refleje la situación de pobreza sobrevenida derivada de la pandemia de covid. "Esto ha sido una canallada del Ministerio, al que además le advertimos del error", critica. Otro 10%, dice, se debe a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo, que no suele reflejar la realidad porque los más vulnerables son, recuerda, "seres movibles". "En muchas ocasiones, al quedarse sin trabajo o no poder pagar la vivienda, este tipo de personas tienen que vivir con algún familiar", explica.
Un anuncio "perverso" de reformas
El pasado mes de octubre, el Ministerio de Derechos Sociales (Unidas Podemos) y el de Inclusión (PSOE) anunciaron pequeños retoques en el ingreso mínimo. Por un lado, el complemento de 100 euros para los perceptores de la ayuda por cada menor a cargo. Por otro, la subida de los umbrales de renta exigidos para poder acceder a la ayuda. El Gobierno, con esas medidas, aspira a duplicar los beneficiarios. Pero para Ramírez es "perverso" anunciarlas. "El anuncio es un ensañamiento. Primero hay que cumplir con lo prometido y, sobre todo, gastar el dinero disponible", critica.
Según el informe elaborado por su asociación, la Seguridad Social tan solo ha desembolsado en nueve meses 1.400 millones de euros de los 3.000 anuales previstos. Es, apenas, un 51% de lo previsto. "Ante esta gran crisis social, no puedes devolver más de un tercio del presupuesto por no ejecutarlo", denuncia Ramírez.
Las consecuencias de estos datos dibujan un horizonte demasiado pesimista. "La primera son las colas del hambre, que deberían avergonzar al Gobierno porque son el reflejo de su fracaso. La segunda es que caemos en el riesgo de que se quiebre la cohesión social", vaticina Ramírez. "Si estas personas vulnerables no perciben esta ayuda, pueden pasar de situación de pobreza a situación de exclusión social, y eso es un precipicio del que ya es muy difícil salir", lamenta.
El gasto en el Ingreso Mínimo Vital en lo que va de 2021 asciende a 695 millones, el 23% de lo presupuestado
Diferencias por comunidades
Por otro lado, la organización denuncia que la cobertura del ingreso mínimo "continúa siendo desigual en el territorio nacional". Por un lado, hay algunas comunidades que ni siquiera cubren al 6% de su población más vulnerable con el ingreso mínimo, como Cataluña (4,9%), Canarias (5,5%), Extremadura (5,6%), Baleares (5,8%) o Castilla y León (5,95%); por otro, destaca que Navarra tenga a más del 20% de su población por debajo del umbral de la pobreza como beneficiaria de esta ayuda. Se la da, concretamente, al 22,16%.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue sin llegar a los más vulnerables. La ayuda, aprobada por el Gobierno para cumplir su objetivo de "no dejar a nadie atrás" una vez se ve la luz al final de la crisis sanitaria, tan solo es percibida por el 8,04% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España. Dicho de otro modo: el 92% de los más vulnerables no pueden todavía beneficiarse de la ayuda. Así lo ponen de relieve los datos de octubre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos en un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicado este jueves.