El Gobierno ha disparado el gasto público este año hasta un porcentaje inédito en la historia de España, un 51,5% del PIB, para hacer frente a la pandemia y a las consecuencias del parón económico. Cómo sufragarlo va a ser el principal reto al que van a tener que enfrentarse los gestores de la economía española. Porque el desplome del PIB, un 9,2% si se cumple la previsión del Ejecutivo, se traducirá en una caída de los ingresos tributarios que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cifra entre un 7,9% y un 11,5%, y la brecha resultante de ese gasto extraordinario triplicará el déficit público. Por tanto, también aumentará la deuda pública para financiar ese desajuste hasta alcanzar otro dato de récord: el 115,5% del PIB.
Las cifras del hundimiento son pues mareantes. Según el Gobierno, los ingresos tributarios caerán un 5%, unos 25.711 millones de euros respecto a los de 2019. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcula que se recortarán en 50.000 millones si el shock económico se prolonga durante siete meses. Y el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) prevén una contracción de 40.000 millones de euros. Con las empresas bregando por recuperar la actividad tras dos meses de cierre y los trabajadores sufriendo recortes de salarios cuando no directamente en el paro, ¿de dónde pueden salir los miles de millones necesarios para financiar la recuperación?
El profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid Jorge Onrubia cree que es “irreal” pretender cubrir el agujero que se va a crear en las finanzas públicas con impuestos. “Podemos esperar un poquito de ayuda [de la recaudación fiscal], pero no es la solución a todo el problema”, precisa. Más bien, añade, hay que pensar en “una deuda pública monetizada gracias a la ventanilla de liquidez del BCE y con horizontes muy largos de devolución”.
Para el catedrático de Economía de la UNED Juan Antonio Gimeno, en cambio, “sí hay margen”, pese a la depresión de los sectores económicos, para recaudar más y pagar la reconstrucción. Aunque los cambios fiscales no tienen efectos inmediatos y, para el corto plazo, “sólo se puede contar con las ayudas que vengan de Europa”, concede.
“Ha llegado el momento de exigir tributación a quien no declara”, proclama por su parte el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. A su juicio, y pese a todo, “dinero hay, pero ¿de quién hay que sacarlo? ¿De quién contribuye o de quién no lo hace?”.
32.723 millones en beneficios fiscales prescindibles
En lo que coinciden los tres expertos consultados es en citar los 37.237 millones de euros de los llamados beneficios fiscales como una fuente primordial de ingresos. La lista de deducciones y exenciones de muy variado tipo que se aplican a todos los impuestos, desde el IRPF hasta sociedades pasando por el IVA o los hidrocarburos, “necesita clarísimamente una limpieza”, subraya Jorge Onrubia. Mollinedo apunta que hasta ahora “nadie vigila si los beneficios fiscales cumplen el fin para el que fueron establecidos”. Según informó el pasado marzo, la AIReF ya ha completado un 75% del análisis sobre estas deducciones y exenciones que se le encargó y que podría ser la premisa para revisar y suprimir algunas de ellas. Juan Antonio Gimeno menciona como prescindibles, e incluso regresivas, la mayoría de las que disfrutan las empresas en el impuesto sobre sociedades, los planes de pensiones en el IRPF y hasta los uniformes de los colegios privados en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Jorge Onrubia, por el contrario, mantendría los beneficios fiscales de los planes de pensiones, así como las deducciones de los gastos financieros de las empresas, pero eliminaría las que disfrutan las donaciones, el mecenazgo y la inversión en I+D. En realidad, critica, no incentivan ninguna de esas actividades.
También creen que deben tributar las grandes empresas de servicios digitales. Más aún cuando en estos últimos meses –y más aún lo harán en el futuro–su facturación se está multiplicando gracias al confinamiento y la distancia física impuestos por la pandemia, destaca Jorge Onrubia. “Por tanto, se está agrandando una enorme pérdida de ingresos para todos los países”, asegura. Las multinacionales tecnológicas entran en la etiqueta de quienes no contribuyen y deberían hacerlo referida antes por José María Mollinedo. Y son los destinatarios de la conocida como tasa Google, que se negocia en el seno de la OCDE y tiene previsto poner en marcha el Gobierno este mismo año: gravará a empresas que facturen más de 750 millones de euros, de los cuales más de tres millones deben proceder de España. Con ese nuevo impuesto el Ejecutivo espera recaudar unos 900 millones de euros al año.
En cambio, Onrubia, Gimeno y Mollinedo desaconsejan subir el IVA. Es un impuesto indirecto que grava el consumo y no discrimina entre compradores ricos y pobres, además de que una subida penalizaría la demanda interna, precisamente la que necesita ser resucitada cuanto antes.
A juicio del secretario general de Gestha, hay una “línea fundamental de recaudación” en el acuerdo que prepara la OCDE para que las multinacionales tributen donde generan sus beneficios.las multinacionales tributen donde generan sus beneficios En concreto, en España son 134 grandes compañías que tributan a un tipo efectivo del 5,7%, mientras que las pymes lo hacen al 15%, recuerda Mollinedo. También deberían pagar a Hacienda las multinacionales extranjeras que operan en España, cuyos beneficios quedarán revelados en los informes “país por país” que se están intercambiando los gobiernos europeos, explica el técnico de Hacienda. El problema es que ese acuerdo puede tardar aún uno o dos años en ver la luz.
En esa misma línea se sitúa el mínimo de tributación del 15% para las grandes empresas que incluyeron en su acuerdo de gobierno el PSOE y Unidas Podemos. Pero el dirigente de Gestha va más allá y pide que ese tipo se aplique no a la base imponible como recogen los partidos del Gobierno, sino al resultado contable. De forma que los 1.776 millones de euros que el Ejecutivo prevé recaudar con esta medida se elevarían hasta 15.000 millones. “Aun así, no se recuperarían los 44.800 millones de euros que ingresó el impuesto por sociedades en 2007”, admite. Juan Antonio Gimeno también apoya la aplicación de este mínimo tributario para las grandes empresas, aunque precisa que si se suprimen los beneficios fiscales de que disfrutan éstas en el impuesto por sociedades, el aumento de recaudación es casi el mismo. Por ahí apunta igualmente Jorge Onrubia, a quien no le gusta ese tope inferior tributario. “El impuesto por sociedades es un estabilizador automático muy bueno”, destaca, por lo que considera más eficiente y justo eliminar los beneficios fiscales y los regímenes transitorios que se han ido consolidando. “Lo que no me parece bien es que se hable de que estas empresas hacen trampas intentando evitar la doble imposición”, detalla, “muchas de ellas salvaron sus resultados durante la pasada crisis internacionalizándose”.
“Demagogia y cuento de la lechera”
Tampoco le resulta adecuado al profesor de la Universidad Complutense el impuesto a las grandes fortunas que acaba de presentar Unidas Podemos y el Gobierno no parece dispuesto a apoyar. Sustituiría al actual impuesto de patrimonio y gravaría las fortunas superiores a un millón de euros, tras quedar exenta la vivienda habitual hasta los 400.000 euros: un 2% para patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50 millones y un 3,5% desde 100 millones de euros. Permitiría una recaudación de 11.000 millones de euros. “Es populismo fiscal, una mezcla de demagogia y de cuento de la lechera”, desdeña. Según explica, un impuesto de ese tipo no sólo penalizaría a “empresas familiares con un par de locales, por ejemplo, sino que además impulsaría a los afectados a “reestructurar y deslocalizar” sus patrimonios.
Por el contrario, Juan Antonio Gimeno cree que es precisamente “en estos momentos” cuando tiene sentido “un impuesto temporal de solidaridad”, incluso en forma de pago único en el impuesto por sociedades. “[Los ricos] ya hacen donaciones, así que mejor si las hacen a la Hacienda pública y son los gobiernos los que marcan las prioridades”, invita. José María Mollinedo cifra en 114.000 los contribuyentes que superan el millón de euros de patrimonio, apenas un 0,5% de los declarantes de renta. El dirigente de Gestha cree que ese impuesto debería copiarse del que ya tienen en Guipúzcoa, que carece de exenciones.
En el IRPF también encuentran los expertos espacio para encontrar ingresos. Gimeno pide que se equipare el gravamen de las rentas financieras con el del trabajo, donde Onrubia ve igualmente margen para recaudar más. Además, propone recuperar los gravámenes complementarios que se introdujeron en el IRPF entre 2012 y 2014 para pagar el déficit público. “Son más fáciles de vender políticamente”, resalta, y en su día recaudaron 6.000 millones de euros. Una idea que respalda José María Mollinedo, a favor igualmente de subir los tipos a las rentas más altas, por encima de los 130.000 euros, que “multiplicará la recaudación aunque no afecte a muchos contribuyentes. Jorge Onrubia discrepa. “Donde se recauda el grueso del IRPF es en la parte central de la distribución: un 70% corresponde a quienes ganan menos de 60.000 euros, por encima de 100.000 euros queda sólo un 10%”, precisa. Y no cree aconsejable penalizar esas rentas cuando ya de por sí el IRPF también es “un buen estabilizador automático “que recoge las caídas y aumentos de ingresos de los contribuyentes.
Sobre el segundo impuesto en la cartera del Gobierno, el que gravará las transacciones financieras, el profesor de la Complutense vuelve a tener reparos. “Me da mucho miedo, tendríamos muchos problemas si llega a contaminar al sector financiero, yo no haría experimentos”, previene. Pero Juan Antonio Gimeno opone que esa tasa Tobin sólo desincentivará “a los especuladores, no al 90% de los inversores”, por lo que insta a generalizarlo a cualquier tipo de activo financiero. Porque en el proyecto del Gobierno sólo se gravarán, con un 0,2%, las compras de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, pero no las de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Tampoco tributarán las salidas a Bolsa de una compañía, las operaciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. Con esta nueva tasa el Ejecutivo quiere ingresar 850 millones de euros.
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Otro nicho fiscal puede estar en los llamados impuestos verdes, donde España mantiene una brecha de 6.200 millones de euros con la media de recaudación de la Unión Europea, señala José María Mollinedo. Equiparación de los impuestos de gasóleo y gasolina –670 millones de euros– o un impuesto sobre plásticos de un solo uso –1.100 millones– son algunos ejemplos. Lo mismo ocurre con los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol, añade Jorge Onrubia, cuya tributación está “muy lejos”, dice, de la europea.
Un campo más por explorar y que entra también en las actuaciones para hacer pagar a quien no lo hace es el de la economía sumergida. Según el secretario general de Gestha, aflorando el trabajo en negro no sólo se aumenta la recaudación, sino que además se impacta en el comportamiento de los contribuyentes. Por eso repite una de las reivindicaciones clásicas de los técnicos de Hacienda: que se priorice la investigación de las empresas que facturan más de 12 millones de euros ampliando las competencias de estos funcionarios de la Agencia Tributaria. “Sería una forma de aumentar los ingresos en el corto plazo”, resalta.
En general, Jorge Onrubia descarta las subidas de impuestos porque “no son viables y sí contraproducentes para la recuperación”. Aunque “más adelante sí que habría que “redefinir” el sistema tributario, continúa. “Algo habrá que hacer para cubrir la brecha de presión fiscal de España con la Unión Europea, que es de seis puntos del PIBque es de seis puntos del PIB y eso es un problema”, avisa. Juan Antonio Gimeno cree que si hay “una buena respuesta europea” a las peticiones de ayuda españolas, será “suficiente” para sufragar el gasto extra del coronavirus con “suprimir la mitad de los beneficios fiscales, equiparar las rentas financieras con las del trabajo, aprobar la tasa Tobin y aplicar un mínimo razonable en el impuesto por sociedades”.