A modo casi de rugido, desde el PP y algunas organizaciones agrarias han acusado al Gobierno de “criminalizar” a los agricultores en los últimos meses por distintas causas. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, llegó a reprochar en el Congreso de los Diputados a la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, “la persecución” que, a su entender, se estaba “produciendo desde el punto de vista de la inspección laboral a las explotaciones agrarias”, que, dijo, rozaba “el delito”.
Lo que demuestran los hechos es que es incuestionable que, en la esfera del campo, a veces, se cometen delitos y no precisamente por parte de los inspectores. A finales del pasado mes de febrero la Policía Nacional liberó en Sevilla a 21 víctimas de explotación laboral que trabajaban en ese ámbito sin que se les permitiera beber ni comer durante la jornada, “pese a las altas temperaturas" y a las tareas físicas "que debían realizar, llegando una de las víctimas que estaba embarazada, menor de edad, a sufrir un aborto”, según comprobaron los investigadores. En Murcia, en concreto en tres fincas de Lorca, Mazarrón y Águilas, los agentes detuvieron a seis hombres como presuntos responsables de una empresa agrícola por la explotación de al menos 23 ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a lo informado desde el Cuerpo. A principios de este mes de marzo, la Policía arrestó en Aspe, en Alicante, a un grupo de tres personas por presuntamente explotar en régimen de "semiesclavitud" a cuatro víctimas que mantenían retenidas bajo coacciones en zonas agrícolas. Y son sólo tres casos recientes.
Tras el de Sevilla, Díaz defendió que en su ministerio se aplican para “garantizar los derechos a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables”. “La inspección laboral es fundamental para la protección de todas las personas” que operan en la agricultura, aseveró en el perfil con el que cuenta en la red social X, antes Twitter, para concluir que “una vez más” se demostraba que “la inspección salva vidas”.
En ese martilleo constante, según los datos que maneja el ministerio que dirige la también líder de Sumar, en 2023 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), organismo estatal que tiene personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios y que se encarga de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de exigir responsabilidades si se produce algún tipo de infracción –multas económicas o cese de actividad, en esencia, según fuentes del ente–, llevó a cabo 87.042 actuaciones inspectoras en el sector de la agricultura. Gracias a ellas se detectó la comisión de 7.179 infracciones, el 8,2%. El importe de éstas, según han podido saber infoLibre, se elevó hasta los 33,8 millones de euros, la misma cuantía que el Ejecutivo ha destinado del Plan de Recuperación a poner en marcha hasta 12 proyectos de sostenibilidad turística en Euskadi, por ejemplo, o una cantidad similar a la invertida en dotar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) de vehículos medios de intervención el ejercicio pasado. Los trabajadores afectados por las infracciones descubiertas fueron más de 47.000, con detalle 47.180.
Junto a lo expuesto, cabe destacarse que profesionales de la ITSS, que han de controlar normas relativas a materias laborales, de prevención de riesgos, de Seguridad Social, empleo, formación profesional y protección por desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación, entre otras; efectuaron un global de 11.260 requerimientos, esto es, advertencias o avisos; y se armaron expedientes liquidatorios por valor de 16,5 millones de euros en 2023, a la luz de la información a la que ha tenido acceso este periódico.
El responsable del Sector Agroalimentario de UGT FICA, Sebastián Serena, indica que "las inspecciones están haciendo mucho hincapié en el sistema de contratación", aunque alerta de que existe "cierta hipocresía". "Tienen interés en ver qué tipo de fraude se produce en el sector agrícola y es verdad que en algunos casos se han impuesto sanciones y se han convertido trabajadores en fijos o en fijos discontinuos", sostiene. ¿Dónde? "Sobre todo en invernaderos, porque es donde más trabajadores hay en periodos largos de duración, ya que, aparte de la campaña de siembre o recogida, se produce una actividad permanente de mantenimiento. Ahí sabemos que se está actuando y se están consiguiendo esas conversiones y localizando incluso contratación irregular, informal como le llaman en Europa, pero que, en resumen, es gente que trabaja sin contrato", relata.
Serena apunta que dentro de la acción inspectora "se está viendo además si se aplica el salario mínimo (SMI) o no", si bien "no se está haciendo en el nivel" que le "gustaría" a su organización sindical. "En el sector agrícola, en el campo, hacen falta muchos más inspectores para que haya la regularidad social y laboral que no hay. Es uno de los sitios donde mayor fraude se comete", confirma. En ese punto ubica la hipocresía a la que aludía antes: "Existe todavía la posibilidad de hacer contratos verbales por un periodo de cuatro semanas. Cuando la inspección encuentra a una cuadrilla y le pregunta cuánto lleva trabajando en una finca, le pueden decir que desde ayer, y en realidad llevar una semana o dos", hace notar. "Eso es difícil de controlar y lleva consigo una bolsa de fraude ligada al pago de impuestos y de la Seguridad Social -apostilla-, si el empresario no da de alta desde el primer día que se trabaja".
Las inspecciones también han aflorado en la actual revuelta del campo, que ha provocado multitud de protestas por todo el país. Es más, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido que es “una queja habitual del sector” el que las inspecciones se produzcan “en momentos distintos del año y sin coordinación” y ha abogado por armonizar la acción de las distintas administraciones. “Creemos que es importante que las comunidades asuman la tarea de forma efectiva”, ha señalado estos días Planas, para añadir que algunas ya han creado “una estructura administrativa” con el fin de impulsar unos controles, que deberían incluir, a juicio del ministro, comprobar que se cumpla la ley que impide vender a pérdidas en el campo.
Otras fuentes sindicales comparten que "sería bueno incrementar los controles", tanto "para los trabajadores" como para "la seguridad alimentaria de todos". Si bien, quieren dejar claro que "aunque las operaciones policiales que acaban en los medios son muy llamativas, no es la regla en el campo español".
Problemas por resolver "con urgencia"
Más allá de las inspecciones, el responsable del Sector Agroalimentario de UGT FICA reclama al Gobierno que se aborden "con urgencia" varios asuntos ligados al panorama agrario. De un lado anota que la no aprobación del Real Decreto-ley 7/2023 que reformaba el subsidio por desempleo en el Congreso conllevó que se quedaran en el aire "dos temas muy importantes: la ampliación de la prestación asistencial, el subsidio, para los trabajadores eventuales agrarios de fuera de Extremadura y Andalucía, una injusticia que lleva así décadas y una discriminación respecto al resto de personas trabajadoras de España; así como la prórroga de la reducción de 30 a 10 jornadas para tener derecho al subsidio agrario y a la renta agraria en Andalucía y Extremadura". Amplía su denuncia: "Por efecto de la sequía, las campañas se han reducido y no todo el mundo puede reunir 30 jornadas. Por ello, están admitiendo a trámite las solicitudes de las ayudas, pero luego se las deniegan, lo que implica una pérdida muy significativa de ingresos", lamenta.
Por último, desde UGT FICA exigen "la renovación de los convenios provinciales del sector agrario vencidos desde hace décadas en algunos sitios" y que "no se pongan más excusas para sacar adelante el convenio estatal del campo que negociamos desde 2016". "Toca pensar en los trabajadores del sector agrícola que son esenciales tanto para la alimentación de todos como para la industria transformadora de alimentos", finaliza, para cerrar con un aviso a navegantes: si no se abordan esos déficits, no descartan "movilizaciones".
A modo casi de rugido, desde el PP y algunas organizaciones agrarias han acusado al Gobierno de “criminalizar” a los agricultores en los últimos meses por distintas causas. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, llegó a reprochar en el Congreso de los Diputados a la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, “la persecución” que, a su entender, se estaba “produciendo desde el punto de vista de la inspección laboral a las explotaciones agrarias”, que, dijo, rozaba “el delito”.