Jamal Satli Iglesias, dueño de la cadena hotelera Bluebay y del 49% del Málaga CF, fue detenido en julio de 2023 porque Emiratos Árabes Unidos había emitido una orden internacional de búsqueda y captura contra él. Un empresario iraquí, Nadhim Auchi, presidente de General Mediterranean Holding (GMH) le acusaba de estafa. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo dejó en libertad, pero le obliga a personarse una vez al mes en el juzgado. No le retiró el pasaporte, así que nada le impide viajar fuera de España. Tampoco a Dubái, donde posee un apartamento de 360 metros cuadrados, situado en Kempinski Residences, en pleno Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera que es el paradigma del lujo en el emirato. La vivienda, de dos habitaciones, está valorada en 1,3 millones de euros.
Se trata de uno de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.
Jamal Satli tiene o ha tenido cinco sociedades en Dubái: BlueBay International DMCC –la denominación social de su marca comercial, Bluebay Hotels–, Hubooking DMCC–una plataforma on line de reservas para Arabia Saudí–, Andalusian DMCC –ya liquidada–, Amerwind DMCC y Armada Bluebay DMCC –también cerrada–, todas ellas registradas en el Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), una de las Zonas Libres de Dubái, donde no se pagan impuestos sobre la renta o los beneficios, no hay restricciones de ningún tipo para repatriar capitales y donde se permite a los extranjeros poseer el 100% de las sociedades. En las múltiples entrevistas concedidas a lo largo de los últimos años el dueño de Bluebay contaba que vivía a caballo entre Dubái, Londres y México.
El pasado marzo, la Comisión Europea borró a Emiratos Árabes Unidos de la lista de terceros países de alto riesgo para el sistema financiero de la UE, imitando la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la institución contra el blanqueo creada por el G8, los ocho países más ricos del mundo. Con ellos salieron Gibraltar, Barbados Panamá y Uganda.
Satli Iglesias también ha tenido registradas varias sociedades en Luxemburgo que, aun siendo miembro de la UE, es la sexta jurisdicción financiera más secreta del mundo, además del sexto paraíso fiscal corporativo del planeta, de acuerdo con la clasificación de Tax Justice Network, una organización de investigadores y activistas contra la evasión de impuestos. Estas son Hospitality Investment Fund SARL, Luxembourg Investment Company 20 SARL, Mirandoline SARL –hasta noviembre de 2023– y Sonagra SA –donde figura como administradora su mujer–, según consta en el Registro Comercial del Gran Ducado. En los documentos enviados a ese registro por estas sociedades, Jamal Satli facilita como dirección otro inmueble en Dubái, situado en las Jumeirah Lake Towers, una de las zonas más exclusivas de la ciudad.
OCCRP han preguntado a Jamal Satli por sus propiedades en Dubái, también si es residente fiscal en España y si, por tanto, las ha declarado a Hacienda. Pero no ha obtenido respuesta alguna.
Para el negocio en el que se asoció con el iraquí Nadhim Auchi, Jamal Satli creó en 2016 una sociedad en Luxemburgo, Luxembourg Investment Company 20 SARL. Según consta en los documentos del Registro Mercantil del Gran Ducado, Auchi compró su participación en el capital de ésta con acciones de sociedades domiciliadas en otros paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Líbano, Túnez y Jordania. El vehículo de Jamal Satli fue Castle Management Services Ltd, registrada en otro emirato, Ras Al Khaimah. Una de sus sociedades luxemburguesas, Mirandoline SA, tiene como único accionista otra de sus compañías dubaitíes, Bluebay International.
OCCRP ha preguntado igualmente al empresario hotelero por la denuncia que le interpuso Nadhim Auchi, pero tampoco ha obtenido respuesta alguna, pero en un comunicado remitido a los medios de comunicación en julio de 2023, Jamal Satli aseguraba que ambos tenían demandas cruzadas en diferentes países tras romperse el negocio que habían planeado, en las que se reclaman mutuamente decenas de millones de euros. Nadhim Auchi respondió con otro comunicado en el que aseguraba que el hotelero español había sido condenado en los Emiratos Árabes Unidos a un año de cárcel por estafar a General Mediterranean Holding y se había ordenado su expulsión del país.
Corrupción en Estepona
Sólo tres meses antes de su paso por la Audiencia Nacional, Satli Iglesias tuvo que comparecer ante otro tribunal, la Audiencia Provincial de Málaga, donde declaró como imputado en el caso Astapa, una de las mayores tramas de corrupción urbanística de España, descubierta en Estepona (Málaga). Se le acusa de un delito de cohecho activo, por el que la Fiscalía le pide un año de prisión y una multa de 6.000 euros. En declaraciones a la prensa, el empresario ha reducido el supuesto delito a un reloj, que niega haber “comprado ni regalado a un cargo de confianza de Estepona”.
La causa se remonta a 2007 y tiene 50 imputados, entre ellos el exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos y otros responsables municipales, así como concejales del Partido de Estepona (PES) –herederos del partido de Jesús Gil–, empresarios y funcionarios. También ha declarado como testigo el excomisario José Manuel Villarejo, que posee una veintena de fincas en Estepona.
En el sumario, que tiene más de 350.000 folios tras una instrucción que ha durado 17 años, se investiga no sólo el pago de contraprestaciones a cambio de licencias urbanísticas y el cobro de comisiones vinculadas al pago de deudas municipales, sino también la supuesta infravaloración de convenios urbanísticos para el enriquecimiento personal de los responsables políticos y la “financiación subrepticia” de campañas electorales por parte de “empresarios favorecidos por resoluciones municipales”, según describe el fiscal. En total, el ministerio público pide 205 años de prisión para los imputados por los delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
A día de hoy, continúa celebrándose la vista oral del juicio en Málaga, según han confirmado fuentes judiciales.
Batalla con un jeque catarí
Pero el mayor protagonismo, mediático y judicial, se lo ha brindado a Satli Iglesias su batalla con un jeque catarí, Abdulá Ben Nasser Al Thani, que compró el Málaga CF en junio de 2010. El pasado mes de enero, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de Al Thani en el litigio que sobre la propiedad del club mantiene desde 2015 con el dueño de la cadena hotelera BlueBay. El Alto Tribunal obliga así al jeque a compartir las acciones del Málaga CF con Jamal Satli, que se hace con el 49% del capital a través de una sociedad llamada Management Empresarial Málaga. Cuando entró en el capital del club, Satli Iglesias pagó un euro por las acciones.
Díaz Ferrán acepta cinco años y medio de cárcel por el vaciamiento de Marsans
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Los años de Al Thani han sido especialmente turbulentos para el club malagueño, que pasó de disputar los cuartos de la Liga de Campeones en 2013 a descender a Primera RFEF, lo que antes se conocía como Segunda División B, 10 años después. Desde 2020 está bajo administración judicial.
De padre sirio y madre asturiana, Jamal Satili adquirió en 2010 BlueBay a Posibilitum, la empresa del liquidador Ángel de Cabo que a su vez la había comprado a Marsans, el grupo quebrado del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.
También en la creación de su principal proyecto empresarial tuvo Jatli Iglesias que librar una larga batalla judicial. Meliá Hotels International, Pullmantur y AC Hoteles le demandaron por alzamiento de bienes, pues sostenían que la compra de los hoteles formaba parte de un plan para vaciar el grupo en perjuicio de sus acreedores. Tanto la Audiencia Nacional en 2016 como el Tribunal Supremo un año después rechazaron esa acusación.