“Se ha vendido que los desahucios se han suspendido hasta final del año, pero lo cierto es que siguen ocurriendo”. Hablan con pesadumbre desde el ámbito vecinal quienes se han colocado en ese circuito del desalojo para tratar de frenarlos por la falta de horizonte para los que los sufren. Las estadísticas les dan la razón. Según las del Poder Judicial, se practicaron 7.424 lanzamientos en el primer trimestre de este año, lo que supone un 12,8% más que los que se contabilizaron en el mismo periodo del año anterior. Si se atiende al desglose de datos por territorios, destacan los 1.870 asociados a Cataluña, los 1.076 anotadas en Andalucía, o los 1.037 de la Comunitat Valenciana.
Esas cifras existen pese a que gracias al Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre se prorrogó el freno a los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2024 en algunos supuestos como para quienes habiten sin título una vivienda y sean víctimas de violencia de género, tengan dependencia o cuenten con dependientes o menores a su cargo, o se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que el inmueble pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas. Es decir, sean lo que se denominan grandes tenedores.
Pero Víctor Palomo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), traslada a infoLibre que esa norma, “que parte de otro Real Decreto de marzo de 2020 que se ha ido parcheando”, a día de hoy está “descontextualizada” y “conduce a trampillas de las que se están aprovechando algunos jueces”. ¿En qué sentido? “El solicitante de la petición de suspensión del desahucio tiene que pasar a un escenario de desempleo o de ERTE, haber vivido una situación que afecte a sus ingresos, lo que viene claramente de la lógica de la pandemia. Pero mucha gente es vulnerable de por sí y no entra ahí, sino que sus ingresos son muy pocos siempre. Con la literalidad de la ley, el juez puede denegar la solicitud”, ejemplifica.
Hay que manejar además "documentación administrativamente compleja de conseguir", en especial para quienes se encuentran en un entorno de vulnerabilidad. Esta se detalla en el artículo 6 del mencionado real decreto e incluye desde un certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones por desempleo en el que figure la cuantía mensual percibida, al libro de familia, certificados de empadronamiento o declaraciones de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral. Palomo asevera que se han topado con casos en los que los juzgados “se agarran a que faltan las notas del Registro de la Propiedad de todos los miembros que componen la unidad familiar o declaraciones juradas de que cumples con las condiciones de vulnerabilidad que se recogen en el Real Decreto, para no detener el desahucio, pese a contar con un informe de servicios sociales que confirma que son vulnerables". "No dejan subsanarlo –enlaza– y aportarlo después, como sí permiten en otros trámites del procedimiento judicial. Claramente, esas excusas no respetan el espíritu de la norma, que pasa por no desahuciar a la gente con menos recursos. Hay jueces que no están aplicando la norma deliberadamente”, mantiene.
A juicio del letrado del CAES, “debía prevalecer el informe realizado desde los servicios sociales, por quienes conocen a los que van a desahuciar y están acreditando la vulnerabilidad”, incide. “La norma no está actualizada y hay jueces que están aprovechándolo y no se están teniendo en cuenta esos dictámenes”, lamenta. Junto a ello han documentado procesos en los que el órgano judicial no acepta la petición de frenar el desahucio porque “la persona ha perdido su trabajo, pero no por culpa del covid”. Y esto, a pesar de que ya en la prórroga del real decreto de diciembre de 2020 se eliminaron párrafos ligados a la pandemia. "Es que", avisa Palomo, "en el texto de la norma, las alusiones son constantes” a las consecuencias de la crisis sanitaria, “por lo que abre posibilidades de interpretación a los jueces muy variopintas".
Sucede, asimismo, que hay quien tiene que irse de su casa porque no puede acreditar que el propietario que lo echa es un gran tenedor. Fue lo que le ocurrió a Zohra, su marido y su hijo de ocho años, que fueron expulsados del piso que habitaban desde hacía más de una década al considerar un juez que no lo habían demostrado, aunque se había “presentado documentación que acreditaba que posee un bloque de viviendas en Lavapiés, así como varias otras propiedades”, según denunció el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. “La crisis de vivienda se ha recrudecido mucho desde la pandemia y es fácil saltarse una norma que no está adaptada al contexto de 2024”, cierra el abogado del CAES.
Un texto interpretable, como el de la amnistía
Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), confirma que, “por una parte, hay un déficit en la redacción de la norma y, por otra, no se pueden seguir vinculando estas medidas al covid por parte del Gobierno. Tienen que dejar de ser coyunturales y convertirse en estructurales mientras dure la emergencia habitacional”. Echa la vista atrás para defender que “ya el primer decreto del escudo social, el de 2020, era mejorable porque sólo se refería a la gente que había caído en situación de vulnerabilidad" como consecuencia del coronavirus, con lo que "dejaba fuera de la protección a todos los que ya venían vulnerables de antes”. Con todo, matiza que “eso se intentó corregir luego” con una modificación en el texto porque “hubo un plante” de algunos socios del Gobierno de la legislatura anterior, pero “las prórrogas que se han ido dando siguen haciendo referencia a la pandemia y nos enfrentamos a jueces que, como está pasando con la amnistía en el Tribunal Supremo, más allá del tenor literal de lo que dice la ley, hacen sus interpretaciones”, condensa.
Narra que en la PAH se han topado “con ancianos enfermos que, como viven solos, no se les ha considerado unidad familiar y se les ha desahuciado”. “Después incluso –añade– de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es el que vela, entre otros, por el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en los países que han firmado ese tratado como es el caso de España, le haya pedido al juzgado correspondiente como medida cautelar la suspensión del desahucio”. Algunos jueces han “ignorado” a ese ente internacional, “a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que se dice que ni tribunales ni el Gobierno pueden hacer oídos sordos a los comités verificadores del cumplimiento de estos acuerdos”, redondea.
Morote es consciente de que es un tema con intereses cruzados, por eso, dice, le han reclamado de forma reiterada al Ejecutivo central que “limitara en los reales decretos la arbitrariedad de los jueces”. “Pero no lo han hecho, y algunos siguen haciendo ese tipo de interpretaciones y se siguen produciendo muchos desahucios que no tendrían que realizarse”, se queja.
Inasequibles al desaliento, adelanta que seguirán exigiendo al Gobierno que mueva ficha, como están "planteando a sus socios que condicionen el voto a los Presupuestos”, cuyo borrador está "muy avanzado", según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que “las medidas antidesahucios dejen de ser provisionales o coyunturales mientras dura la emergencia habitacional, y se conviertan en estructurales; así como a que mejoren la redacción para impedir interpretaciones creativas de algunos jueces”, concluye.
Un objetivo común
Tanto desde la PAH, como desde los sindicatos ligados a la vivienda o el CAES, instan a cumplir con los compromisos internacionales ratificados por España en materia de derechos humanos, en lo que se refiere a evitar que personas vulnerables sin alternativa habitacional acaben en la calle, "o, lo que es peor, suicidándose", deslizan. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana indican que "el Gobierno de España está trabajando para proteger a las familias vulnerables", como demuestra "la aprobación de los diferentes reales decretos que incluyen la suspensión de desahucios" que, "junto a otras medidas, ha llevado a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez".
“Se ha vendido que los desahucios se han suspendido hasta final del año, pero lo cierto es que siguen ocurriendo”. Hablan con pesadumbre desde el ámbito vecinal quienes se han colocado en ese circuito del desalojo para tratar de frenarlos por la falta de horizonte para los que los sufren. Las estadísticas les dan la razón. Según las del Poder Judicial, se practicaron 7.424 lanzamientos en el primer trimestre de este año, lo que supone un 12,8% más que los que se contabilizaron en el mismo periodo del año anterior. Si se atiende al desglose de datos por territorios, destacan los 1.870 asociados a Cataluña, los 1.076 anotadas en Andalucía, o los 1.037 de la Comunitat Valenciana.