El Observatorio de la Justicia del Colegio de Abogados de Madrid tramita la queja de un letrado por la actuación de una jueza de lo Social de Madrid, que llamó a la Policía para que fuera a detener a una trabajadora extranjera sin papeles que había interpuesto una demanda por despido improcedente. La mujer, una marroquí de 36 años, sufrió la amputación de un dedo con una máquina cortadora en el asador de Galapagar (Madrid) donde trabajaba sin contrato, y fue despedida tras el accidente laboral.
El pasado día 2, la titular del Juzgado de lo Social número 36 de Madrid, Patricia Valle Lorenzo, instó a la trabajadora, Aisha D., a conciliar con la empresaria que la despidió y, de esta forma, evitar la celebración del juicio. Aisha ya había rechazado previamente, ante la letrada judicial, la oferta de su empleadora, una indemnización que consideró insuficiente, y volvió a hacerlo ante la jueza. Según explica su abogado, Víctor Alonso, ésta se lo recriminó y le dijo que, si no aceptaba la conciliación, llamaba a la Policía para que la detuvieran y la expulsaran del país por no tener permiso de residencia.
Fue lo que ocurrió, la Policía Nacional la condujo a la comisaría de Moncloa-Aravaca. Aisha enseñó su pasaporte marroquí como única documentación y, al carecer de permiso de residencia, se le abrió un procedimiento sancionador por una infracción de la Ley de Extranjería que le puede costar una multa de 500 a 10.000 euros. En la notificación que recibió de la Policía Nacional se indica que dos agentes acudieron al juzgado “a requerimiento de la jueza titular del número 36 de Madrid”.
Los abogados consultados por infoLibre consideran “insólito” el proceder de la jueza. Carecer de permiso de residencia es “una cuestión administrativa”, explican, por lo que ni un juez ni un ciudadano pueden presentar una denuncia por una infracción de este tipo, “sólo un policía puede hacerlo”. Además, la ley deja claro que un trabajador extranjero, aun en situación irregular, posee los mismos derechos que uno español. Negándole la igualdad a efectos laborales, la jueza está impidiendo la “tutela judicial efectiva” a la trabajadora marroquí, destacan. “El bien jurídico prioritario que debería haber defendido la jueza es la integridad física de la trabajadora”, recalcan, “por encima de cualquier otra condición”.
infoLibre ha intentado ponerse en contacto con la jueza Patricia Valle, sin éxito.
380 euros al mes
Aisha D. empezó a trabajar en el asador de Galapagar el 18 de julio de 2016. Sin contrato, ni nómina ni alta en la Seguridad Social, tal y como consta en la demanda judicial que presentó tras ser despedida. Trabajaba como ayudante de cocina cuatro horas diarias de miércoles a sábado y tres horas los domingos. Cobraba 20 euros los días laborables y 15 los domingos: 380 euros al mes.
Aisha, la inmigrante detenida tras sufrir un accidente laboral, celebra su juicio acompañada por la Policía
El 7 de octubre se cortó el dedo anular de la mano derecha con una máquina de fiambres. Acudió al centro de salud de Galapagar, que la envió al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Allí fue operada para repararle “el tendón por amputación del pulpejo del dedo”. Según la demanda, la empresaria pidió a la trabajadora que no revelara que el accidente se había producido en el asador. Tres días después, cuando Aisha D. volvió al hospital para que le revisaran la cirugía, la dueña del asador le comunicó que no podía seguir con ella por temor a la Inspección de Trabajo y le pagó 70 euros por los días trabajados ese mes. También le pidió que no denunciara lo ocurrido.
La mujer no le hizo caso y demandó a la empresaria en el juzgado por un despido que considera improcedente o nulo, por lo que pedía que la indemnizara o la readmitiera en su puesto de trabajo. También debería sufragar la baja y la incapacidad temporal de la trabajadora, que sigue necesitando atención médica, explica su abogado.
Si un trabajador sin permiso de residencia puede demostrar que posee arraigo laboral, es decir, que ha trabajado seis meses en un periodo de dos años, consigue una autorización temporal para quedarse en el país. La jueza, además de llamar a la Policía, señaló una nueva fecha para el juicio que quedó suspendido el pasado jueves: el 25 de abril. Una sentencia que le reconociera la improcedencia del despido o declarase su nulidad –recuperaría su puesto de trabajo, pero con contrato y alta en la Seguridad Social– le concedería ese arraigo laboral. Aunque son escasos los que se conceden, aseguran los abogados preguntados por este periódico. “Muy pocos trabajadores sin papeles se atreven a denunciar…”, explican, “y con estos comportamientos judiciales, aún denunciarán menos”. Aisha D. es viuda, tiene un hijo en Marruecos y reside en Galapagar con un tío suyo.
El Observatorio de la Justicia del Colegio de Abogados de Madrid tramita la queja de un letrado por la actuación de una jueza de lo Social de Madrid, que llamó a la Policía para que fuera a detener a una trabajadora extranjera sin papeles que había interpuesto una demanda por despido improcedente. La mujer, una marroquí de 36 años, sufrió la amputación de un dedo con una máquina cortadora en el asador de Galapagar (Madrid) donde trabajaba sin contrato, y fue despedida tras el accidente laboral.